En marzo pasado, la calificadora Moody’s cambió la perspectiva de la deuda soberana mexicana desde estable a negativa
En 2015, la Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto público para consolidar las finanzas públicas. El gobierno no cumplió esta promesa
La característica fundamental del Paquete Económico 2017 es la austeridad. El presupuesto contempla un ajuste al gasto de 239.7 mil millones de pesos y un superávit fiscal primario de 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), el primer balance positivo en ocho años.
En total, sumando el gasto programable y no programable, el presupuesto será de 4.8 billones de pesos, una reducción de 1.7 por ciento en términos reales en relación al presupuesto del año pasado.
Tras la Gran Recesión de 2009, las autoridades fiscales mexicanas abandonaron la política de cero déficit, lo cual, al conjugarse con un bajo crecimiento económico y tasas de interés cerca de mínimos históricos, derivó en un incremento consistente de la deuda pública.
En el 2009, los requerimientos financieros del sector público, una medida amplia de deuda pública, representaron el 36 por ciento del PIB. Los criterios generales de política económica proyectan que esta cifra será de 50.5 por ciento este año y de 49.9 por ciento al finalizar la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La aplicación de medidas fiscales restrictivas ocurre en un momento en el que la fragilidad del crecimiento económico contrasta con las expectativas de inicio de sexenio.
Expectativas en deterioro
La aprobación de las reformas estructurales generó una narrativa positiva, dentro y fuera de México, que favoreció la generación de expectativas de expansión poco fundamentadas. El ex secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, llegó a declarar que el país crecería a tasas de 5 por ciento en los últimos años de esta administración.
El pronóstico conservador del crecimiento del PIB para 2017 de entre 2 por ciento y 3 por ciento que se publicó en el Paquete Económico difiere con las expectativas del otrora Mexican Moment.
En ese sentido, el sentimiento optimista generado a partir de la aprobación de las reformas estructurales soslayó la tendencia de rompimiento gradual del equilibrio fiscal entre recaudación y gasto. Las mejoras en las condiciones de financiamiento del gobierno mexicano, patente en la asignación del grado de inversión A3 por parte de la calificadora Moody’s en febrero del 2014, abonaron a esta coyuntura.
La sostenibilidad de esta apuesta de la política económica dependía de un repunte en la tasa de crecimiento. Conforme se fue asentando la idea de que las expectativas de las reformas no se alcanzarían en el corto plazo, los pronósticos de crecimiento volvieron a situarse alrededor de la tasa de expansión anual promedio de largo plazo de 2.3 por ciento.
Aunado a esto, la caída de más de 50 por ciento de los precios del petróleo en relación a su precio máximo de mediados de 2014, transformó un escenario complicado en una situación crítica. El desplome de los ingresos petroleros, que en el 2012 financiaron cerca del 40 por ciento de los ingresos totales del sector público, orillaron al gobierno a asumir una postura reactiva.
En el 2015, la Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto público de 124 mil millones de pesos para consolidar las finanzas públicas. El gobierno fue incapaz de cumplir esta promesa. El gasto de ese año fue 4.2 por ciento mayor a lo proyectado originalmente.
El golpe a la credibilidad de la política económica de México se volvió evidente en marzo de 2016, cuando la calificadora Moody’s cambió la perspectiva de la deuda soberana mexicana desde estable a negativa.
En la misma línea, en agosto, S&P, que le asigna la calificación BBB+ (inferior a la de Moody’s en un
escalón) a la deuda soberana de México, también redujo la perspectiva de deuda de estable a negativa.
A pesar de que los ingresos tributarios del Gobierno federal se han incrementado significativamente debido a la entrada en vigor de la Reforma Fiscal en 2014, la coyuntura crítica actual de las finanzas públicas data de la pérdida de disciplina fiscal que inició en el 2009.
Proyecciones conservadoras
Esta trayectoria de política económica explica el por qué de la magnitud del ajuste al gasto público que se llevará a cabo en el 2017, así como la naturaleza conservadora de las proyecciones del Paquete Económico, las cuales también son una representación del complicado entorno de la economía global.
La propuesta de Hacienda prevé un tipo de cambio nominal promedio de 18.20 pesos por dólar para el siguiente año. De igual forma, se pronostica que continúe la tendencia descendente de la producción petrolera en México, que pasará de los 2.1 millones de barriles diarios actuales a 1.9 millones de barriles diarios en 2017.
Asimismo, los Criterios Generales de Política Económica proyectan un precio promedio de 42 dólares por barril de petróleo, asegurado mediante la contratación de un programa de coberturas petroleras que costó alrededor de mil millones de dólares. La Secretaría de Hacienda espera que el valor del crudo permanezca debajo del umbral de los 50 dólares al menos hasta 2022.
Por otra parte, se pronostica que la tasa de crecimiento anual de Estados Unidos, destino del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas, se encuentre alrededor del 2.1 por ciento de aquí a 2022.
La recuperación de la confianza de la perspectiva de las calificadoras de deuda, y por ende del mercado, es vital para un país en el que el 35 por ciento de los valores de deuda del gobierno se encuentran en manos de residentes que se encuentran fuera de México, de acuerdo a cifras oficiales.