Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existió tortura ni violación sexual en contra de José Eduardo Ravelo Echavarría, a lo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo un extrañamiento.
Y es que de acuerdo con la FGR, el joven veracruzano de 23 años que falleció el pasado 3 de agosto no murió como consecuencia de alguna tortura ni tampoco fue violado sexualmente.
?Boletín. La @CEAVmex hace un extrañamiento ante las declaraciones hechas por la Fiscalía General de la República sobre el caso José Eduardo Ravelo. pic.twitter.com/tcJ0WlCJDw
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 28, 2021
Sin embargo, la CEAV se pronunció al respecto e indicó que hizo este extrañamiento debido a que las declaraciones de la Fiscalía son conclusivas pese a que la investigación todavía es preliminar.
“Reclamamos la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin previo aviso a la familia, la Fiscalía General de la República da a conocer las conclusiones de su investigación”, detalló la Comisión en un comunicado.
De la misma manera, pidió un trato digno y prioritario a la información sobre el caso para la familia de José Eduardo quien, al igual que cualquier persona, se acercó a la Fiscalía en busca de justicia.
“Exhortamos a la Fiscalía a enunciar qué acciones penales van a realizar en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales», detalló.
Para la CEAV, tanto la tortura como la alteración de evidencias, constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas que deben ser erradicadas de manera definitiva.
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Por su parte, la Fiscalía indicó que tras exhumar el cadáver y practicarle una necropsia, se concluyó que José Eduardo falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención.
“En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, puntualizó.
Lo que sí existió, de acuerdo con la FGR, fue la falsedad en dictámenes ministeriales, pues la Fiscalía General del Estado de Yucatán falseó dictámenes periciales y presionó a testigos, con el propósito de ejercitar acción penal contra los policías municipales.