La intervención del Gobierno de Nuevo León es un nuevo elemento que se añade a la disputa legal entre particulares por el proyecto inmobiliario y club de golf Terralta, que se complica cada vez más.
Las autoridades agrarias de la entidad pretenden entregar los derechos sobre los terrenos ejidales Mesa de los Nogales y Pájaro Seco, propiedades que constituyen el epicentro de la disputa legal de Terralta y que actualmente están en litigio.
Las 436 hectáreas de ambos predios se transmitieron de Inmobiliaria Terralta a Terralta Dos para pagar un adeudo de 8.4 millones dólares que la primera había adquirido con D’Capital Consultores.
El pasado 12 de septiembre fue publicada en el Periódico Oficial del Estado una convocatoria del director de Asuntos Agrarios de Nuevo León, Emilio Carlos Treviño Lecea, en la que citaba a copropietarios y a personas que se crean con derechos sobre los inmuebles para celebrar una asamblea.
Ésta se llevará a cabo el próximo lunes 1 de octubre a las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Presidencia Municipal de García, pero en caso de no reunir el quórum legal se realizará una segunda en el mismo lugar el 8 de octubre.
La convocatoria de la asamblea y la operación con la que se transmitieron los terrenos ejidales fueron impugnadas, tanto por el síndico de Inmobiliaria Terralta como por uno de los acreedores.
El síndico Roberto Barquera Ugarte solicitó al juez Tercero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo, Julio César Franco Ávalos, que girara un oficio al director de Asuntos Agrarios para abstenerse de realizar cualquier acto jurídico sobre los bienes.
“Toda vez que los predios a los cuales se refieren la convocatoria antes mencionada, en su momento fueron propiedad de Inmobiliaria Terralta”, mencionó Barquera Ugarte en su escrito, fechado el 12 de septiembre de este año.
El síndico insistió en sus argumentos que existe una fecha de retroacción de la sentencia del concurso mercantil que declara la quiebra –modificada del 18 de octubre de 2010 al 21 de abril del mismo año- para declarar ineficaz esta dación de pago.
“Lo anterior a efecto de que se abstengan de realizar cualquier acto jurídico que pueda causar perjuicios a los acreedores reconocidos en autos, pues como se dijo, estos (terrenos) se encuentran en litigio”.
Por otro lado, el acreedor Martín Gerardo Gallardo Hernández promovió un “incidente sobre declaración de inoponibilidad por ineficacia y nulidad de dación de pago”, para cancelar la operación en la que se transmitieron los predios.
El recurso fue promovido por el acreedor contra diferentes personas e instituciones involucradas en la disputa.
Entre ellos están el conciliador Ernesto Canales Santos, Alberto Jaime Martínez Fernández, Alberto Santos de Hoyos, Fernando Canales Clariond, Federico Garza Santos, Terralta Dos, D’Capital Consultores, Afirme y Constructora Maiz Mier.
“De todos los demandados se reclama además el pago de los daños y perjuicios a favor de la masa de acreedores concursales”, pidió Gallardo Hernández.
Sin embargo, tanto los argumentos del síndico como del acreedor no convencieron al juez de Distrito Julio César Franco Ávalos, quien desechó ambos recursos el pasado 24 de septiembre.
Su principal argumento fue que los terrenos ya no formaban parte del patrimonio de la quebrada Inmobiliaria Terralta y que el incidente para nulificar la dación de pago no estaba previsto en la Ley de Concursos Mercantiles.
“Del acta de visita realizada por el visitador Víctor Manuel Aguilera Gómez, se advierte que dichos bienes salieron del patrimonio de la comerciante, al haberlos otorgado en dación de pago a Inmobiliaria Terralta Dos”, concluyó el juzgador en su dictamen.