Respecto a las denuncias de desaparición forzada de personas en Tamaulipas, integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y y de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, sostuvieron una reunión este jueves para dar seguimiento al tema.
A la reunión también asistieron representantes del comisionado Nacional de Búsqueda y de la Secretaría de la Marina.
El encuentro de da luego que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas reportó que en menos de tres meses, 23 personas han sido desaparecidas por miembros de las Fuerzas Armadas Nuevo León y Tamaulipas.
En principio, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada concentrará todas las carpetas de investigación del fuero federal relacionadas con estos casos para dar un tratamiento integral y uniforme a las investigaciones.
Esto permitirá –señala el comunicado—, fortalecer el compromiso con las víctimas directas e indirectas del caso. También se acordó invitar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a una reunión de trabajo en la que comparta con las autoridades la información y las constancias de que disponga y haya documentado con motivo de sus acciones en campo.
Esto último debido a que, hasta el miércoles por la noche, el gobierno mexicano afirmaba no tener información oficial de esa instancia, respecto a la información que se publicó en medios de comunicación internacionales, sobre la desaparición de personas en Nuevo Laredo.
Las dependencias acordaron que una vez realizado el intercambio de información con la Oficina del Alto Comisionado, funcionarios de Gobernación y la PGR se trasladarán a Nuevo Laredo.
Se trata de personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y de la Subprocuraduría Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, quienes dialogarán con familiares de los desaparecidos, testigos y otras personas que tengan información.
El objetivo es conocer mejor el contexto, versiones, necesidades de protección y brindar el apoyo y asistencia necesarios en torno a los hechos.
El gobierno federal reiteró su compromiso de esclarecer los hechos e identificar a los responsables para que “sin tolerancia ni distingo alguno, enfrenten las sanciones que en derecho correspondan”.