Gobiernos locales y estatales presionan a la Cámara de Diputados para estirar la cobija de los recursos presupuestales.
Y no solo buscan obtener más dinero para el próximo año, sino cambiar las reglas de su distribución para que el aumento en los recursos sea progresivo y no haya un manejo político del erario.
Del otro lado, el Gobierno federal trata de hacer que las autoridades locales recauden más dinero por sí mismos, para que puedan sufragar sus propios gastos.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del 2020, algunos rubros para los estados y municipios han sido castigados y tendrán disminuciones importantes, lo que dejará a los gobiernos locales con menos dinero para el próximo año.
Aunque se calcula que la bolsa de recaudación federal participable será apenas 0.5 por ciento menor en 2020 que en 2019 —en términos reales—, esto representa la cantidad de 100 mil 493 millones de pesos.
Es por eso que, cada año, cientos de alcaldes y decenas de gobernadores acuden al Palacio Legislativo de San Lázaro a presentar proyectos y peticiones de presupuesto para sus localidades y estados.
Sin embargo, este año, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ha determinado que las peticiones se recibirán solamente vía electrónica.
Esto marca un cambio en la forma en que se negociaba el reparto del dinero público con los gobiernos locales.
Lo que la Comisión de Presupuesto busca es evitar que haya un mal manejo de las peticiones y se dé nuevamente el cobro de moches y otras prácticas de corrupción
Menos dinero para Gobiernos locales
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del 2020 se establecen los montos que se tienen planeados entregar a estados y municipios el próximo año.
Un análisis sobre el gasto identificado para estados y municipios en el PPEF, realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, revela que el gasto federalizado es 0.5 por ciento menor, comparado con este año. Este gasto se ubicará en 1 billón 972 mil 54 millones de pesos.
Aunque se trata de una asignación superior a 58 mil 136 millones de pesos respecto a este año, esto representa una caída de medio punto porcentual, en términos reales —tomando en cuenta la inflación—.
El gasto federalizado son las transferencias que realiza la Federación a los gobiernos locales y se compone de varios ramos a través de los cuales se envía dinero a los estados.
“De las 32 entidades federativas, para el próximo año, 28 presentan decrecimientos anuales en su gasto federalizado respecto del presupuesto aprobado en 2019, entre las que destacan: Campeche (3.4 por ciento), Tabasco (2.2 por ciento), Durango (1.9 por ciento) y Zacatecas (1.5 por ciento).
“Sólo presentan crecimiento en sus recursos presupuestarios: Quintana Roo (0.8 por ciento), Guanajuato (0.3 por ciento), Hidalgo (0.2 por ciento) y Nuevo León (0.1 por ciento)”, expone el análisis.
En cuanto al Ramo 33, de Aportaciones Federales, en el PPEF los recursos no se encuentran distribuidos por estado, por lo que no se puede hacer un comparativo con los de este año.
Para los programas federales que el Gobierno federal ejerce en los estados hay una contracción del 9.8 por ciento, por lo que 28 de 32 estados tienen reducciones en sus recursos
Los proyectos y programas de inversión también tienen una disminución del 4.4 por ciento respecto al 2019.
La gravedad en la caída de los proyectos de inversión es que la reducción de recursos ha sido constante desde el 2015, pues se acumula una disminución del 43.4 por ciento.
En los proyectos de Asociación Público Privada —en los que participan los sectores público y privado— también hubo una disminución. Para el 2020 se consideran 23 proyectos de APP, con una inversión total de 9 mil 72 millones de pesos; esto representa un decrecimiento del 56.8 por ciento.
“En general las APP se utilizan en proyectos de infraestructura económica y social, destacan la construcción y operación de hospitales, escuelas, carreteras, plantas de tratamiento de agua y saneamiento”, explica el reporte.
En otra vertiente, los Proyectos de Prestación de Servicios tienen un aumento del 16.3 por ciento en términos reales. En total, se tienen identificados 5 mil 400 millones de pesos.
Se trata de proyectos que “se desarrollan con base en un contrato de servicios de largo plazo mediante el cual, el inversionista se hace cargo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los activos y servicios relacionados con la provisión que ofrece.
Como contraprestación, una vez iniciada la provisión de servicios, el gobierno efectúa los pagos correspondientes con base en criterios de calidad y desempeño, mismos que deben mantenerse durante la vida del contrato”, señala el Instituto Belisario Domínguez.
Este esquema se usa principalmente en obras carreteras o en otras de gran envergadura.
En 2020 se presentan siete concesiones para carreteras; un contrato para el proyecto del nuevo campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y tres proyectos de servicios en hospitales.
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Municipios piden ayuda
Gobernantes de diferentes municipios han acudido incluso a Palacio Nacional para pedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destine más recursos a sus localidades.
La semana pasada, más de 100 presidentes municipales protestaron frente a Palacio Nacional y entregaron una carta para el primer mandatario.
Encabezados por Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, el municipio más densamente poblado del país, los alcaldes señalaron que sus municipios se encuentran en una crisis más profunda desde el año pasado, cuando se cancelaron los fondos del Ramo 23.
A raíz de la cancelación, y que no se repuso el recurso bajo ningún esquema, hay una situación muy grave, que cada día va a ser más difícil
Para el próximo año, el Ramo 23 tiene programado un aumento de 10.9 por ciento. Sin embargo, solo el 11.4 por ciento de sus recursos será ejercido por gobiernos locales; el 88.6 por ciento lo ejercerá directamente el Gobierno federal.
Un análisis de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a presidentes municipales emanados del Partido Acción Nacional y preside Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, señala que la distribución de subsidios federales está politizada y el PAN ha sido afectado.
“Los estados gobernados por el PAN ocupan los últimos lugares en cuanto a distribución de recursos dentro del PPEF. Quintana Roo está en el lugar 31.
“Los nueve estados gobernados por el PAN recibieron 15 mil 560.3 millones de pesos; seguidos de los estados gobernados por Morena que, aunque son solo cinco, recibieron 14 mil 975.8 millones de pesos”, expone el análisis.
El PRI es el partido que recibe la mayor cantidad de recursos, indica la ANAC, con 35 mil 763 millones de pesos.
Alcaldes de todo el país han demostrado su inconformidad por la diminución en los recursos que recibirán en 2020 de parte del Gobierno federal; además acusan que la distribución se encuentra politizada
Riesgos latentes
Los gobiernos municipales se encuentran en el dilema de cómo solventar sus gastos con la disminución de recursos de la que han sido objeto.
Enrique Vargas del Villar, presidente de la ANAC, consideró que estos recortes son delicados para el país, pues solo cuatro de cada 100 pesos del presupuesto nacional se va a los municipios, que es donde vive la población y requiere de servicios que van desde seguridad hasta agua potable.
“El recorte a los municipios, sobre todo en materia de seguridad, es muy delicado para el país. Entre más recorten recursos a los municipios, más le afecta a todo el país. Somos el orden de gobierno más importante.
“En seguridad nos preocupa mucho porque es la exigencia número uno de la ciudadanía. Y el Fortaseg (Programa de Fortalecimiento de la Seguridad) está proponiendo 3 mil millones de pesos, cuando nosotros estamos pidiendo 6 mil millones. El año pasado mandaron 4 mil millones y en 2018 teníamos 5 mil millones. Por eso es que necesitamos 6 mil millones”, expuso Vargas en entrevista.
La disminución real de los fondos de este programa de seguridad, que son enviados directamente a los municipios, es del 28.1 por ciento
Vargas del Villar acusó que ha habido oídos sordos en el Gobierno federal para hacer mesas de trabajo y elaborar un presupuesto adecuado a las necesidades de los municipios.
Incluso, el cambio para que los alcaldes ahora ni siquiera vayan a la Cámara de Diputados a presentar sus proyectos y sean todos vía electrónica, consideró, no ayudará a disminuir la corrupción, como plantean los legisladores.
“No va a servir. Se va a mandar de manera electrónica, no va a haber un diálogo con nadie. Para 2019 lo mismo pasó, no hubo diálogo, porque no le movieron ni una coma, y ahora también va a ser lo mismo. No van a modificar nada porque son mayoría los diputados de Morena”, comentó.
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¿Cambiar la fórmula de asignar recursos a Gobiernos locales?
Gobernadores y alcaldes de todos los partidos han solicitado a la Comisión de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se trabaja en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se modifique la fórmula general para asignar las participaciones.
Lo que se busca es que se modifique el porcentaje de distribución de ingresos generados por impuestos, de 80/20 como está actualmente, y al cambiar ese porcentaje se les otorguen más recursos públicos.
El Gobierno federal ha cambiado la forma de distribuir los recursos, ahora se enfoca más en zonas con menor desarrollo
Para Kristóbal Meléndez, experto en finanzas públicas locales y coordinador de Investigación de la organización Mejoramiento de la Calidad Democrática Internacional (Mecademi), es fundamental que se revisen las fórmulas de distribución, pero es muy difícil que esto pueda concretarse.
“Hay estados que están pidiendo el ajuste a estas fórmulas. Esto es difícil que se llegue a dar, aun con los cambios (en el gobierno), porque es algo que se ha pedido antes, en 2007 y en 2013, y esto no se vio reflejado con cambios sustanciales.
Lo cierto es que sí debería haber un cambio de fórmulas radical, que la distribución de recursos trate de disminuir la desigualdad económica, que es un elemento que causa muchos problemas, incluso de inseguridad, de violencia, de desempleo o insatisfacción con el gobierno
La politización de recursos podría no ser tal, consideró Meléndez, pues solo ha cambiado la forma en que el Gobierno federal ha distribuido los recursos y ahora se enfoca más a zonas con menor desarrollo, como el sur del país, lo que coincide con que dichos estados estén en manos de Morena.
La disposición de que los proyectos sean presentados por los gobiernos locales vía electrónica y no físicamente fue aplaudida por el especialista, pues consideró que es una medida efectiva que disminuirá la corrupción.
“Es un gran avance, porque al hacer digitales todos los pasos de la transferencia de recursos, va a haber una fiscalización digital, lo que llevará a menor corrupción. A través de la digitalización es que se puede comprobar todo en tiempo real, lo que disminuiría la corrupción”, comenta Meléndez.
El Paquete Económico del 2020 representa continuidad en el ejercicio de este año, por lo que se trata de un intento gubernamental por consolidar su proyecto de gobierno.
En un intento por evitar que se les sigan restando recursos, gobernadores y alcaldes de todo el país piden que se modifique la formula que se utiliza para la repartición del dinero, sin embargo, especialistas consideran que es algo que difícilmente sucederá
