La aprobación de las cuentas públicas, tanto del Gobierno del Estado como de los Municipios será la negociación que podría calentar en diciembre al Congreso de Nuevo León.
El PAN y el PRI pretenden aprobar las cuentas de sus alcaldes, pero no hay acuerdo sobre las del Ejecutivo local que suman 8 mil millones de pesos en observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado.
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De los 42 legisladores con que cuenta el Congreso estatal, 31 son de estos dos partidos (16 el PAN y 15 el PRI), lo que les otorga una amplia mayoría en caso de hacer un frente común y suficiente fuerza para presionar a Jaime Rodríguez.
Entre ambos partidos encabezan la mayoría de los Ayuntamientos en la entidad, el PRI y sus aliados gobiernan en 22 Municipios y el PAN en 18, por lo que en principio hay un acuerdo para aprobar sus cuentas.
El periodo ordinario de sesiones concluye el próximo 20 de diciembre, lo que deja un margen de apenas 2 semanas para que los legisladores locales liberen el trámite de las cuentas públicas y las negociaciones entre las dos fuerzas políticas predominantes están en apogeo.
El Congreso tendrá que atender otros pendientes como la aprobación del presupuesto y la licencia que solicitará el gobernador de la entidad en los próximos días para buscar la Presidencia de la República.
Darán visto bueno por tiempos electorales
De cara a los comicios de 2018, la toma de decisiones en el Congreso y el sentido de las negociaciones adquieren tintes político electorales, por lo que se prevé que las finanzas municipales reciban el visto bueno para no afectar los procesos internos locales de los partidos.
Sin embargo, en lo que se refiere a la aprobación de la cuenta pública del Gobierno de Nuevo León la situación no luce tan favorable, no solo por las diversas irregularidades encontradas por la Auditoría Superior local y las observaciones por 8 mil millones de pesos.
Con el informe de la ASE en mano, los diputados locales tienen la justificación para retrasar o en su caso negar la aprobación, lo que no dejaría de ser un golpe directo a Jaime Rodríguez Calderón en sus aspiraciones presidenciales.
A punto de pedir licencia y enfocarse de lleno a la carrera presidencial, “El Bronco” busca dejar el cargo con el menor número de asuntos sin resolver y que le puedan generar cuestionamientos durante la campaña.
En cuanto a la aprobación del presupuesto, el hecho de que los legisladores hayan sido partícipes de su elaboración facilitaría su aprobación antes de que concluya el periodo, aunque, al igual que con la aprobación de la licencia, no le allanarán el camino.
El enfrentamiento
El gobierno de Jaime Rodríguez solicitó al Congreso local un análisis público y transparente a las 159 observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y cuestionó la imparcialidad del órgano fiscalizador.
Tras el informe dado a conocer por la ASE, el secretario General de Gobierno, Manuel González, señaló que la administración estatal entregó en tiempo y forma las respuestas a las observaciones emitidas.
“Todo aquel que tiene una relación partidista no fue tocado por la Auditoría Superior del Estado y nosotros, que somos el Gobierno independiente, sí. Debería de darles pena en la Auditoría Superior del Estado hacer eso”
En la revisión de la cuenta pública de los Municipios, la ASE encontró observaciones por la cantidad de 22.7 millones de pesos en el conjunto de todos los Ayuntamientos.
22.7
152.3
A destiempo
La ASE solicitó en noviembre una prórroga de 15 días hábiles para la entrega de los informes de la cuenta pública, situación que no estaba contemplada en la Ley.
A pesar de que los vencimientos estaban estipulados para el 6 y 7 de noviembre, la ASE entregó los estudios apenas el pasado jueves 30 de noviembre.
El coordinador de la fracción independiente en el Congreso, Eugenio Montiel, también señaló una actuación tendenciosa de la ASE e incluso pidió la comparecencia de su titular Jorge Galván.
Arturo Salinas, coordinador del grupo parlamentario del PAN, desestimó estos señalamientos y atribuyó la falta de observaciones a los Municipios al hecho de que al estar castigados en sus presupuestos, no tienen recursos para obras de infraestructura, que es donde se suelen registrar las anomalías.
