Grandes planes, pocos acuerdos

Las bancadas en el Congreso de la Unión presentaron ayer su agenda para el periodo de sesiones que inicia este jueves y en el que figuran temas de gran calado para los que difícilmente podrán alcanzar un consenso en las próximas semanas.

Entre otros, la agenda legislativa de diputados y senadores contempla temas como reformas anticorrupción, gobiernos de coalición, desaparición del fuero y revisión del modelo policial; así como los nombramientos pendientes en ambas Cámaras.

A estos se suma un tema que promete ser polémico: la ley que reglamente la publicidad gubernamental, que fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y deberá estar lista a más tardar el 30 de abril.

Este último periodo de sesiones será complicado en materia de acuerdos, sobre todo porque se desarrollará en plena contienda electoral y porque muchos de los legisladores en funciones dejarán su cargo para irse a las campañas electorales.

 A esto se suma la disminución de bloques legislativos, pues las coaliciones electorales también podrán influir en la forma como voten los partidos en el Congreso; serán tres grandes bloques que, aunque cada uno de sus partidos impulsan sus propios temas, a la hora de las grandes votaciones podrán ir juntos en uno u otro sentido.

Los tres grandes bloques son el PRI con sus aliados, el PVEM y Nueva Alianza; el PAN junto al PRD y Movimiento Ciudadano; y Morena con el PT y el PES.

Como conclusión de sus reuniones plenarias, cada una de las bancadas en el Congreso presentó los puntos que guiarán su actuación entre hoy y el 30 de abril, fecha en que se termina el último periodo ordinario de sesiones.

Senado: anticorrupción es prioridad

En la Cámara de Senadores, la prioridad de los legisladores será sacar adelante la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sabedores de que el asunto puede explotarse electoralmente, tanto la Oposición como los legisladores tricolores han anunciado su compromiso de aprobar reformas que mejoren el combate a la corrupción.

Este es el tema principal que han tratado las precampañas presidenciales. Cada uno de los tres precandidatos han izado como bandera su intención de castigar la corrupción.

Esto lo saben en el Congreso de la Unión y, a raíz del asunto electoral como de la exigencia de la sociedad civil, tanto diputados como senadores han fijado en su agenda el tema como uno prioritario.

En el caso del PRI, esta urgencia viene de la encomienda de su precandidato presidencial, José Antonio Meade, quien entregó a los legisladores priistas un paquete de reformas en materia anticorrupción.

Dentro de estas reformas que impulsarán estarán las de modificar la figura de extinción de dominio “para establecer la obligación de demostrar el origen lícito del patrimonio”; aumentar las penas y los periodos de sanciones administrativas para quien cometa actos de corrupción; y la obligación de que los servidores públicos certifiquen su evolución patrimonial de cinco años.

Los priistas van también por la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República; aprobar las reformas en materia de justicia cotidiana; la Ley para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; una ley para sancionar el robo de identidad.

Los senadores también van por la aprobación de la consulta popular para preguntarle a los ciudadanos sobre el modelo de seguridad y policía, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

También anunciaron que van por la legislación en materia de propaganda gubernamental; y por modificaciones a la Ley del Derecho de Réplica. Desde la Oposición, el PAN también ha comprometido parte de su agenda al tema de combate a la corrupción.

Para ello, el blanquiazul impulsará la Ley de Obra Pública; la revisión de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y la Ley Federal de Procedimiento Legislativo.

Los senadores del blanquiazul acordaron pedir a los diputados que impulsen la expe dición de normas para que se gestionen de forma transparente los recursos del Ramo 23.

“Para eliminar la discrecionalidad, opacidad, centralismo y manejo faccioso de dichos recursos”, señala la agenda blanquiazul.

Además, en ese marco, se plantean la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República y nombrar a los fiscales general y anticorrupción, así como a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sin embargo, el tema prioritario de esta bancada será trabajar la legislación reglamentaria de los gobiernos de coalición, en previsión de que, de ganar las elecciones junto al PRD y a MC, puedan tener reglas claras en el mandato.

En el caso de la bancada del PT-Morena en la Cámara alta definieron como prioridades la promoción de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior; la reglamentación del gasto en propaganda oficial; y la revisión de los mecanismos de selección de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

También impulsarán una Ley de Capitalidad y Coordinación entre poderes federales; una Ley de Coordinación y Gobernanza Metropolitana del Valle de México; y, entre otros, la revisión del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluiría el estado de las instituciones que lo integran y los nombramientos pendientes.

La bancada del PRD ubicó varios pendientes, entre los que destacan reformas a la Ley de Seguridad Nacional para definir dentro de ella a la seguridad interior; y presentar una iniciativa al artículo 73 constitucional para facultar a las Cámaras del Congreso para llamar a comparecer a personas físicas o morales “en cualquier asunto que resulte relevante para el poder legislativo federal”.

Los perredistas propondrán también que se modifique el artículo 4 constitucional para que los servicios de salud que provea el estado sean gratuitos y universales.

Diputados: propaganda oficial

El común denominador a las agendas de todas las bancadas ubican el tema de la regulación de la propaganda oficial como uno de los asuntos a tratar antes del 30 de abril.

Al igual que en el Senado, el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro también tendrá como prioridad llevar a buen puerto las iniciativas en materia anticorrupción entregadas por José Antonio Meade.

Serán los diputados quienes presentarán estas propuestas para darles trámite.

Los tricolores buscarán también concretar a la brevedad el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación y ver cuáles otras normas faltan para el Sistema Nacional Anticorrupción.

Los priistas tomaron en cuenta para su agenda el mandato de la SCJN sobre la ley para regular el gasto en propaganda gubernamental.

 Por su parte, los diputados del PAN, colocan dentro de su agenda el combate a la corrupción y la conformación de toda la reglamentación de los gobiernos de coalición.

Esta propuesta será presentada junto con las bancadas del PRD y MC, sus aliados electorales.

La bancada del PRD ubicó como su prioridad número uno legislar en materia de propaganda gubernamental, tal como lo ha ordenado la SCJN. En segundo lugar, el sol azteca estará enfocado en el seguimiento a la acción de inconstitucionalidad que presentaron contra la Ley de Seguridad Interior.

En tercer lugar, los diputados perredistas estarán atentos a la discusión de la Ley General de Aguas; y a todas las reformas y “asuntos inconclusos” en materia anticorrupción.

Se plantearon también un paquete de reformas que “impulsen la transformación política del país”, que incluya la revocación de mandato, la eliminación del fuero, la regulación del ingreso de los servidores públicos y la cancelación de la pensión de los expresidentes; además de la reglamentación de los gobiernos de coalición.

El grupo parlamentario de Morena puso como prioridad número uno la Ley para Atender la Reconstrucción y la Emergencia Nacional ocasionada por los Sismos de Septiembre del 2017.

Después, todas las medidas relacionadas con el combate a la corrupción, dentro de las que están que los presidentes de la República puedan ser sujetos de delitos y hechos de corrupción; que los delitos de corrupción sean imprescriptibles; que proceda la extinción de dominio por delitos de corrupción; dar mayor fuerza al Comité de Participación Ciudadana del SNA; y concretar los nombramientos faltantes.

Después colocaron el tema de la regulación de la publicidad del estado; las iniciativas sobre el control y la fiscalización del gasto; impedir que se apruebe la nueva reforma laboral en el Senado; impulsar una ley para prevenir el desperdicio de alimentos; incorporar en la Constitución el derecho a un ingreso ciudadano universal; y que los tratados internacionales en materia energética sean sometidos a consulta popular.