Guarderías sin ley

Las más de 781 guarderías públicas, privadas y mixtas que hay en el Distrito Federal no tienen certidumbre jurídica. Y es que están a un paso de convertirse en simples establecimientos mercantiles y rehenes de la corrupción. 

Y es que el pasado 25 de abril los diputados locales aprobaron una nueva ley que pone en riesgo los centros de atención y cuidado de menores, por lo que las autoridades capitalinas consideran necesario aplicar un “veto de bolsillo”.

Se trata de la Ley para la Prestación de Servicios, Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Distrito Federal, creada, en teoría, para atender un mando de la Federación a fin de evitar un nuevo caso como el de la Guardería ABC.

La iniciativa fue presentada por el diputado local del PRD, Jorge Zepeda, el 31 de octubre del 2012 y pasó todos los filtros antes de su aprobación en el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

El asunto de fondo es que a casi cuatro meses de que fue aprobada, el Gobierno de la Ciudad se acaba de dar cuenta de que a través de este ordenamiento le dieron facultades administrativas y financieras a las delegaciones en esta materia.

Hasta ahora, tanto la supervisión de las guarderías como las partidas presupuestales de dichas estancias están en manos del GDF, pero con la nueva ley, los jefes delegacionales y el Instituto de Verificación Administrativa del DF (Invea DF) podrán revisarlos.

De acuerdo con los dueños o responsables de los centros de atención infantil, si se publica en la Gaceta Oficial del DF esta nueva normatividad, solo los sumarán a la lista de establecimientos mercantiles extorsionados. 

Por su parte, en la administración  capitalina temen que la ley abra la puerta para que los delegados puedan accesar a partidas presupuestales extraordinarias y generar un mayor conflicto en este sector empresarial.

Y como si estas complicaciones no fueran suficientes, una representación de maestras acudió a la Secretaría de Gobierno para exigir que la Ley no se publique pues la redacción las baja de categoría. 

Por eso en el GDF han comenzado las reuniones para vetar la ley y para que se elabore una nueva a través de la diputada Polimnia Román, en coordinación con todos los involucrados.

La nueva ley

En la víspera de que concluyera el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la VI Legislatura local, los diputados aprobaron por unanimidad la Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil en el Distrito Federal.

El objetivo, de acuerdo con su promovente, Jorge Zepeda, es que las instancias infantiles de la capital del país sean lugares seguros, confortables, higiénicos y atendidos por personal capacitado en la materia.

El documento afirmaba que a través de diversos artículos se establecerían medidas de vigilancia continua y de protección a los menores conforme a lo que dicta el interés superior de la niñez.

“Se requiere que estos espacios sean atendidos por personal capacitado para evitar poner en riesgo la vida y seguridad de los infantes”, dijo en aquella ocasión.

Y para ello se promueve en dicha ley, la supervisión, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de cada guardería.

Según las justificaciones del proyecto legislativo, el ordenamiento surgió de la necesidad de atender un mandato del gobierno calderonista, tras el trágico accidente registrado en la Guardería ABC. Y nadie se opuso. 

El revire

El martes pasado se llevó a cabo una reunión entre los representantes del DIF capitalino, de la Secretaría de Gobierno, de la Consejería Jurídica y maestras de diversas instancias infantiles.

El tema, atender las demandas del personal docente. Ahí se descubrió que el dictamen aprobado por la ALDF contenía diversas irregularidades que contravenían, incluso, el interés del GDF. 

Principalmente la facultad de las delegaciones y del Invea DF, instancias que en los últimos meses han presentado un cúmulo de cuestionamientos por presuntos actos de corrupción. 

En el análisis de las autoridades capitalinas, el grupo bejaranista, vía el diputado Jorge Zepeda, “les metió un gol”. Y es que de acuerdo con sus estimaciones, la corriente Izquierda Democrática Nacional en la ALDF legisla para dotar de facultades a los delegados y mermar el margen de trabajo del gobierno central.

Por eso, los diputados afines al jefe de Gobierno recibieron una reprimenda. Y se les pidió que elaboraran una nueva ley. 

Al respecto, la diputada Polimnia Román dijo que la Ley para prestación de servicios y  atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el DF será modificada en los próximos meses.

“La administración de Marcelo Ebrard creó la educación comunitaria para mujeres de escasos recursos y por eso hoy dependen estos centros de atención solo del Gobierno del Distrito Federal.

“Y ahora, con la nueva ley, vamos a ver a las delegaciones y al Invea DF monitorear estos centros como si fueran simples establecimientos mercantiles; eso no lo podemos permitir.

“Además, si hay un presupuesto para las instancias infantiles, el GDF estará obligado a compartirlo con las delegaciones. Eso no es viable y para muestra está el presupuesto participativo”, dijo la diputada.

Los afectados

Una representación de padres de familia y educadoras fueron las que pusieron el dedo en la llaga luego de que sus quejas no fueron escuchadas por la titular de la Secretaría de Educación, Mara Robles.

En la reunión del martes, los afectados aseguraron que la funcionara no los escuchó bajo el argumento de que la Ley no ha sido publicada y que por eso no puede darle un cause legal a sus demandas.

Ya en el GDF, expusieron sus preocupaciones, como el hecho de que ya no tengan el cargo legal de educadoras, sino de “cuidadoras de niños”, y la falta de atención real a las guarderías.

Por eso, la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica acordaron revisar la Ley y vetarla. 

Desde finales de la legislatura pasada, el tema de las guarderías ya era una exigencia, principalmente de la diputada Lía Limón.

En un punto de acuerdo, exhortó a los 16 jefes delegacionales y al Gobierno del Distrito Federal a enviar a la ALDF un informe de las guarderías, estancias y centros de cuidado infantil que operan bajo la responsabilidad de la administración local.

El documento pedía el número de menores por centro de desarrollo infantil, asistencia, medidas de seguridad que aplican, reglas de operación, dirección y teléfono, copias de cédulas de supervisión 2009 y 2010.

Así como la cantidad y tipo de accidentes reportados, nombre de los responsables, directorio y marco legal de actuación de los funcionarios a cargo de las estancias, guarderías y centros de cuidado infantil.

En ese entonces ya se tenía claro que en el Distrito Federal se operan 781 guarderías que dependen del GDF, 150 son responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y 656 operan bajo el programa de Estancias Infantiles de la Secretaria de Desarrollo Social.

Pero esa información de poco o nada sirvió. El tema quedó en el olvido y hoy cuenta con una Ley que no será aprobada.