Los órganos autónomos en Nuevo León son un barril sin fondo. Se resisten a enfrentar este año con el presupuesto asignado en la Ley de Egresos del Estado, aprobada por los diputados en el Congreso local, al insistir en los tribunales para conseguir más recursos públicos.
Se trata de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Comisión Estatal Electoral (CEE), instancias que han interpuesto recursos legales en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Comisión pidió recursos públicos por un monto de 536 millones 374 mil pesos, pero el Gobierno sólo le asignó 378 millones 741 mil 300 pesos en el presupuesto, que fue avalado por el Poder Legislativo. Existe una diferencia de 29 por ciento o 157 millones 633 pesos, los cuales espera obtener.
“El Tribunal ya resolvió. El proyecto venía por uno de los magistrados en el sentido de que el Congreso evaluará el presupuesto original que se había mandado al Ejecutivo y resolvió por mayoría por otros dos magistrados que se confirmaba el presupuesto que autorizó el Congreso. Entonces nosotros estamos en la fase de la cadena impugnativa hacia la Sala Regional Monterrey, aún no terminamos el proceso de impugnación, pero vamos a impugnar”, confirmó Mario Alberto Garza Castillo, presidente de la CEE, en rueda de prensa, este 28 de enero.
En una primera instancia, la Comisión Estatal Electoral pidió al Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Nuevo León que hiciera un llamado a los diputados del Congreso local para que reconsideraran el presupuesto y que lo evaluaran, pero no tuvo éxito
La Comisión continúa con la serie de impugnaciones ante la Sala Regional del TEPJF y, en caso de no tener un resultado favorable, irá hasta la última instancia, la Sala Superior.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia había solicitado 6 mil millones 51 mil 678 pesos para este año, pero los diputados del Congreso local sólo aprobaron 2 mil millones 953 mil pesos, mientras que Jaime Rodríguez había propuesto sólo 2 mil millones 785 mil pesos.
La Fiscalía se inclinó hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que al menos pueda ejercer el presupuesto que tenía anteriormente de la extinta Procuraduría General de Justicia en 2018.
“Estamos trabajando en la elaboración de este expediente, este mecanismo de defensa que garantiza su autonomía e independencia contra cualquier otro órgano o poder del estado, eso para garantizar la procuración de justicia”, dijo el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero a Reporte Índigo el 7 de enero.
Ajustes y desajustes
La Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal Electoral están convencidas que el recorte en el presupuesto dará lugar a deficiencias en su operación, de esta manera justifican su lucha en los tribunales.
Mientras la primera no ha hecho ajustes a los megasueldos que reciben los fiscales, la segunda busca realizar acciones necesarias.
El presidente de la Comisión, Mario Alberto Garza Castillo, está buscando optimizar los recursos presupuestales asignados, incluso en los sueldos de los funcionarios.
“Paralelamente estamos haciendo las gestiones necesarias ahorita para optimizar los recursos en el sentido de los servicios, evidentemente, pero también en los sueldos y bienes”, dijo el presidente.
Garza Castillo advierte que de los 378 millones 741 mil 300 pesos asignados a la Comisión en el presupuesto de 2019, al menos la mitad es para las prerrogativas de los partidos políticos.
“Estamos haciendo las gestiones necesarias en el sentido de los servicios, 57 por ciento de ese presupuesto que se autorizó es de los partidos políticos, 57 por ciento es de las prerrogativas de los partidos políticos y no los podemos tocar”, explica Garza Castillo.
Reporte Índigo publicó en la edición del 29 de enero que los partidos políticos ya se habían visto beneficiados con un aumento de más de 25 millones de pesos conforme al presupuesto que les fue asignado para este 2019 por los legisladores del Congreso local. Se trata de 227 millones 689 mil 292 pesos que serán repartidos a cada una de las siete fuerzas políticas en la entidad.
Por otra parte, en caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no considere un incremento en el presupuesto para la Fiscalía General, ésta ha dicho que no podrá darse abasto con la carga de trabajo en las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y Combate a la Corrupción.
El presidente de la Comisión reclama que más de la mitad del presupuesto no se puede utilizar porque está asignado a las prerrogativas de los partidos políticos
“Vamos a dar un servicio deficiente, inclusive no vamos a poder soportar lo que ahorita podemos hacer. Esperamos que nos aprueben para dar una mejor respuesta; hicimos una radiografía. Lo reconozco, no damos un servicio adecuado”, dijo el fiscal en el mes de diciembre frente a los diputados de la Comisión de Presupuesto.
Pese a que los diputados del Congreso local aprobaron un recorte en el presupuesto de los organismos autónomos, los funcionarios de primer nivel conservarán los megasueldos que se autorizaron y que superan la percepción mensual de “El Bronco” y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de más de 140 mil pesos sin considerar prestaciones.
