Las organizaciones defensoras de las víctimas de la Guerra Sucia reclaman que el Estado no ha incluido a todos en un registro
A Miguel Iturio Lesma unos agentes de la Policía Judicial del Estado de Guerrero lo tuvieron retenido ilegalmente por dos meses. Durante ese tiempo lo torturaron y lo amenazaron ¿cuánto vale eso?
“(...) le cubrieron los ojos, le amarraron las manos y lo interrogaron acerca de los actos en contra del gobierno y secuestros en que había participado”
Casi 50 años han transcurrido desde el inicio de aquella oscura época que fue para México la Guerra Sucia, y no han bastado para que el Estado cumpla cabalmente con su obligación por reparar el daño, a las cientos de víctimas por desaparición forzada que dejó entonces el régimen.
Más de 15 años han pasado también desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió el 27 de noviembre de 2001 su recomendación 26/2001 sobre la Guerra Sucia, donde acreditó la desaparición forzada de 275 víctimas por agentes estatales entre 1971 y 1984.
Y sin embargo, hasta ahora la reparación del daño por parte del Gobierno federal no ha llegado ni siquiera a la mitad de esas víctimas, según un informe elaborado en enero por la Secretaría de Gobernación (Segob), por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
De esas 275 víctimas de la Guerra Sucia que acreditó la CNDH, la Segob ha efectuado la reparación económica de únicamente 114, apenas el 41 por ciento, según su oficio de cumplimiento al recurso de revisión RDA 2891/16, emitido el 5 de enero de 2017.
El peso de la Guerra Sucia y de todas sus víctimas para la historia del país, empero, no ha hallado su equivalencia en el presupuesto del Gobierno federal, que ha destinado para sus indemnizaciones no más que 103 millones 497 mil 507 pesos en todos estos años.
De acuerdo al reporte de pagos, las compensaciones que ha entregado la Segob han sido en promedio de solo 907 mil 872 pesos. Dichas reparaciones, además, no incluyeron una disculpa del Estado por el daño que causó, según lo reconoció esa Secretaría en el oficio citado:
“No se ha realizado disculpa por parte del Estado Mexicano en los casos que ya han sido reparados económicamente. De igual forma, tal y como se señaló en la respuesta inicial, en cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 17 de noviembre de 2011, se realizó el reconocimiento público por el Estado Mexicano”.
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa entregó las indemnizaciones para 48 de estas víctimas, entre el 9 de noviembre de 2011, la más temprana, y el 23 de noviembre de 2012, las últimas, poco antes de dejar el cargo.
Su gobierno destinó en todo el sexenio para estas reparaciones solo 42 millones 815 mil 155 pesos, contrastante con lo que dirigió a otros rubros, como el gasto en medios, por ejemplo, con más de 20 mil millones de pesos (MDP) en cifras de Fundar. Sus reparaciones fueron en promedio de 891 mil 982 pesos.
El actual gobierno de Enrique Peña Nieto ha entregado otras 66 de estas compensaciones, entre el 20 de diciembre de 2012 y el 8 de diciembre de 2015, con una erogación de solo 60 millones 682 mil 352 pesos, o un promedio de 919 mil 429 pesos.
La Segob no reporta ni uno solo de estos pagos en 2016, pero hay una peculiaridad más con los tiempos: Las primeras ocho reparaciones de este gobierno son del 20 de diciembre de 2012, 19 días después de que rindiera protesta Peña Nieto, lo que sugiere que los expedientes habían quedado armados por la gestión saliente.
Sin embargo, el siguiente paquete de compensaciones no se dio sino hasta el 15 de octubre de 2014, unos días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, cuando el encono y una de las mayores crisis de este gobierno tomaba de epicentro a Guerrero: ese octubre se liberaron 37 reparaciones, y 31 fueron para víctimas guerrerenses por 25 millones 507 mil 126 pesos.
El rezago en el cumplimiento de las reparaciones de la Guerra Sucia no lo ha pasado por alto el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que el 11 de febrero de 2015 le externó a México en su informe:
“Asimismo, y mientras toma nota de las dificultades que enfrenta el Estado parte para localizar a los familiares de todas las personas cuyas desapariciones forzadas fueron corroboradas por la CNDH en el marco de su recomendación 26/2001, al Comité le preocupa el lento progreso en materia de reparación”.
Demora sin fin
La tardanza de la Segob en la reparación del daño a las víctimas de la Guerra Sucia, se agrava cuando reconoce que ni siquiera se tiene determinado para cuándo terminará de efectuar los pagos a las 161 víctimas que siguen pendientes.
Lo señaló primero el 11 de abril de 2016: “Respecto a la fecha de pago es importante señalar que (…) se deben realizar las acciones correspondientes para identificar a la totalidad personas que acrediten un mejor derecho de recibir la compensación económica (…) por lo que no se cuenta con un calendario de pagos, ya que no hay un tiempo determinado para acreditar la totalidad de los beneficiarios por caso”.
Y lo ratificó el 5 de enero de 2017, tras el recurso RDA 2891/16: “Esta Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos se encuentra en la integración de los expedientes de las personas acreditadas por la CNDH”, por lo que declaró “la inexistencia de los datos relativos a los casos pendientes de realizar el pago”.
Los pagos se efectúan con el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, empero, es paradójico que mientras los afectados tienen que seguir esperando, en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se acumula un saldo de mil 437.1 MDP sin usar, según su reporte del 30 de noviembre de 2016.
Los pagos de Segob se calculan con las Reglas de Operación de aquel Fideicomiso, que fija en su artículo 60 un tope máximo de 17 mil 800 veces el salario mínimo, y uno mínimo de 3 mil 500, para violaciones graves como estas desapariciones.
Esto significa que las indemnizaciones para las víctimas de la Guerra Sucia no pueden rebasar el millón 424 mil 712 pesos, y por otra parte, que es posible que a una de ellas se le entregue apenas 280 mil 140 pesos.
Disculpe usted, Miguel
El 6 octubre de 1977, con la Guerra Sucia en pleno en el país, Miguel Iturio Lesma había acudido al mercado de Atoyac, Guerrero, un municipio que pasaría a la posteridad como la cuna del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas -hay estimaciones que ubican solo ahí 400 desapariciones-.
Aquel día a Miguel se le acercaron unos agentes de la Policía Judicial del Estado, quienes lo detuvieron con el solo argumento de “que el comandante quería hablar con él”. Y eso bastó. Lo subieron entonces a un auto, ahí “lo tumbaron y amarraron”, y lo llevaron al cuartel.
Al llegar “le cubrieron los ojos, le amarraron las manos y lo interrogaron acerca de los actos en contra del gobierno y secuestros en que había participado”, pero Miguel lo negaba y lo seguía negando, se rehusaba a aceptar esas acusaciones, por lo que lo encerraron y lo “maltrataron”. Así caería la noche.
A la mañana siguiente, entre las 10 y 11, fueron por Miguel, lo sacaron de donde lo tuvieron preso, y le pusieron palabras a su temor: “le dijeron que se iba a morir”. Aún vendado, podía escuchar ya “que escarbaban”, el final estaba cerca, “le daba el olor a tierra y pensaba ‘me van a matar’”. Un nombre más entre las sombras del régimen.
Pero no, aquello era el comienzo de su tortura, no el fin. De nuevo lo amarraron, y lo echaron a lo que hay de suelo en la sección trasera de un Volkswagen para llevarlo a Acapulco, a los separos de la Policía Judicial. Ahí seguiría el suplicio, no obstante que Miguel insistía en que no era integrante de ningún grupo subversivo, “él continuaba diciendo que no sabía nada”.
Su existencia se tornó esa pesadilla día y noche, cada minuto, durante dos meses enteros. El 6 de diciembre, de pronto, solo porque sí, le devolvieron a Miguel su vida. La CNDH pudo recoger su testimonio y lo expone en el informe de su recomendación.
¿Cuánto valen dos meses de tortura, del miedo persistente por una muerte que se asoma en cada ruido, que carcome el alma, y nomás no llega? Pues vale 400 mil 005 pesos con 94 centavos. Eso pagó el Estado Mexicano por el daño que le causó a Miguel, el 15 de octubre de 2014.
De las 114 indemnizaciones de Segob, las de menor monto son cinco por solo 400 mil pesos, Miguel entre estos; otras 36 fueron de 500 mil a 792 mil 473 pesos; otras 34 de 805 mil pesos a 999 mil 400 pesos; otras 38 de un millón 031 mil 800 pesos a un millón 260 mil 155 pesos; y el caso de 3 millones 094 mil 773 pesos de Rosendo Radilla Pacheco.
Si bien el de Radilla Pacheco está entre los casos acreditados por la CNDH, este fue litigado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derecho Humanos (CMDPDH) ante la Corte IDH, que en 2009 condenó al Estado por su desaparición.
De casos a casos
Además del caso de Miguel Iturio Lesma, las indemnizaciones de menor monto son estas:
>> 10 de julio de 1971
Criserio de Jesús Arguelles o Criserio Argüelles
Desaparecido por el Ejército, en Guerrero, sin afiliación a ningún grupo.
>> 20 de abril de 1972
Margarito Roque Ríos
Desaparecido por el Ejército, en Guerrero, del Partido de los Pobres.
>> 9 de octubre de 1974
Juan Vargas Pérez
Desaparecido por el Ejército, en Guerrero, sin afiliación a ningún grupo.
>> 18 de julio de 1978
Antonio Hernández Fernández
Desaparecido por la Brigada Blanca, en la CDMX, del Partido de los Pobres.
Los casos con las mayores indemnizaciones son:
>> 25 de agosto de 1974
Rosendo Radilla Pacheco
Desaparecido por el Ejército, en Guerrero, de la Asociación Cívica Guerrerense y Liga Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”
>> 26 de Julio de 1973
Asencio García Juárez o Asunción García Juárez
Desaparecido por la Policía Judicial, en Guerrero, de la Brigada “18 de Marzo” del Partido de los Pobres, y Comando Armado Revolucionario del Pueblo.
>> 8 de mayo de 1977
Olga Navarro Fierro
Desaparecida por la Brigada Blanca, en Chihuahua, de la Liga Comunista “23 de Septiembre”.
>> 5 de enero de 1978
Rigoberto Rodríguez Rivera
Desaparecido por la Policía Judicial, en Sinaloa, sin ligas con ningún grupo.
>> 29 de agosto de 1977
Luis Francisco García Castro
Desaparecido por la Policía Judicial estatal, Brigada Blanca y Ejército, en Sinaloa, de la Brigada “Roberto Verdugo Gil” Liga Comunista “23 de septiembre”.
Mirada corta
Uno de los principales reclamos de las organizaciones involucradas en la defensa de las víctimas de la Guerra Sucia, es que la reparación del daño del Estado, además de pendiente, se ha enfocado exclusivamente en las 275 que acredita la CNDH, como si fuera ese todo el universo de afectados.
En el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), del 15 de octubre de 2014, donde se documentan 239 víctimas de desaparición forzada y 209 de desaparición forzada transitoria, se recomienda incluso “suprimir como requisito para la reparación”.
“La reparación económica del daño es solo un aspecto importante de la reparación, dadas las condiciones de miseria en que viven las víctimas o sus familias. La reparación integral tiene que ver con la recomposición del tejido social, la educación, la salud, el derecho a una vivienda digna, recuperación de sus bienes a quienes los perdieron, y sobre todo el derecho a la verdad en relación al destino final de sus familiares desaparecidos.”
En el informe “Desapariciones Forzadas durante la Guerra Sucia en México e Impunidad”, del 31 de mayo de 2014, elaborado por grupos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, y la CMDPDH, se afirma: “El Estado Mexicano no ha tenido la voluntad para incluir a todas las víctimas a través de un registro. En la práctica se ha limitado a reconocer únicamente a las víctimas acreditadas por la Recomendación 26/2001, aun cuando se sabe que tan solo en Atoyac el número de desaparecidos supera los 400”.
A ello se sumó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que recomendó a México en 2015 no solo acabar con la impunidad del caso, sino: “Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género”.
La misma CNDH apunta que si bien solo acreditó 275 casos de los 532 recolectados, en 97 hay indicios de desaparición forzada u otras violaciones “sin que pueda descartarse esa posibilidad”, y en 160 “tampoco debe ser descartada como hipótesis de investigación” penal una detención arbitraria.
La Comverdad señala que la Segob planteó que las víctimas sin aval de la CNDH se integren al Registro Nacional de Víctimas de la CEAV para ser compensadas, pero las organizaciones pugnan en su informe citado por un instrumento específico.
Ahí cuestionan que “las indemnizaciones han sido otorgadas con criterios distintos y discrecionales”, que “el Estado no ha sido capaz de establecer un mecanismo serio y específico de reparación integral a las víctimas de la Guerra Sucia, que esté articulado, además, con las investigaciones penales”, y que se ha centrado “en la indemnización y no en una visión amplia e integral de la reparación del daño”
Víctimas con reparación económica del daño
Lugar Víctimas Monto
Chiapas 2 1,593,453.21
Chihuahua 4 4,558,744.06
CDMX 5 4,316,706.21
Guerrero 88 76,081,588.58
Jalisco 3 3,459,428.61
Morelos 1 1,076,763.27
Sinaloa 10 11,496,214.08
Carretera Acapulco-México 1 914,609.90
Total 114 103,497,507.92
Víctimas pendientes de reparación del daño
Lugar Víctimas
Guerrero 65
CDMX 27
Sinaloa 18
Jalisco 9
Chiapas 6
Chihuahua 6
Michoacán 6
Nuevo León 6
Edo de México 4
Puebla 3
Coahuila 2
Sonora 2
