Hacia la privatización del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de Nuevo León aprobó reformas para que el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León pueda recibir dinero privado
Jesús PadillaDiputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de Nuevo León aprobaron reformas para que el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (i2t2) sea un organismo rector en la planeación científica y tecnológica.
La iniciativa, promovida por la presidenta este órgano legislativo, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos Paredes, propone reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación para que, entre otras cosas, se permita la aportación de dinero de personas morales y físicas a este instituto, que opera el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT).
El documento aprobado el martes 15 de junio en la sesión de esta comisión agrega el artículo 32 Bis de esta ley, el cual reforma la conformación del patrimonio del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León.
“El patrimonio del Instituto se integrará con: II. Los bienes inmuebles, muebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en el futuro aporten o afecten la Federación, el Estado, los municipios, otras instituciones públicas o privadas y personas físicas o morales.
“III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipales, y los que obtenga de personas físicas o morales, y las demás instituciones y organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros”, dice este artículo del dictamen aprobado.
Diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recorriendo las instalaciones del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León. https://t.co/qu5ycM0d4i
— Dalia Rdz Treviño (@DaliaT) April 20, 2021
Además, la reforma establece que el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León puede recibir cualquier otra percepción de la cual resulte beneficiario. No obstante, los proyectos de ciencia, tecnología e innovación que se generen entrarán al acceso abierto si el creador del material acepta, según establece el artículo 20 Bis 2 del dictamen.
“Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado del estado de Nuevo León, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización por decisión personal podrán depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar con acceso abierto en el SEICYT”, dice la iniciativa.
En este caso, los proyectos también recibirán presupuesto público. El documento también establece que el director general del Instituto será el administrador general de los fondos.
Sin estimación de presupuesto para Ciencia y Tecnología e Innovación
Las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación aprobadas en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso local tendrán un impacto en el próximo presupuesto que le tocará a la administración del gobernador electo, Samuel García Sepúlveda.
La iniciativa no cuenta con una estimación sobre el impacto en el presupuesto de 2022, que enviará García Sepúlveda a finales de este año.
“La Secretaría de Economía y Trabajo manifestó que de dicha reforma se desprenden acciones que de aprobarse representan un impacto en su presupuesto asignado, por lo cual, es menester dar observancia a lo que se expone a continuación”, dice el oficio recibido el pasado 31 de mayo en la Oficialía de Partes del Congreso local.
El documento agrega que sería fundamental que la iniciativa, promovida por la diputada Ivonne Bustos Paredes, cuente con estimaciones sobre el impacto presupuestal, que se contempla en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipales.
“Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación en el Pleno del Legislativo local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto”, dice la ley.
Esta observación fue puesta sobre la mesa en la sesión de la comisión del martes 15 de junio por la diputada del Partido del Trabajo (PT), María Guadalupe Rodríguez, pero no se tuvo una respuesta positiva.
“Aquí preguntaría, si este punto se subsanó para poder evitar el veto, así mismo visualizamos una intromisión en la esfera del Ejecutivo estatal, al modificar la integración de los organismos de Gobierno y consulta de la Junta de Gobierno y del Consejo general”, cuestionó la legisladora.