Los Tribunales consideraron que Enrique Ávila, secretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro, habría violado una suspensión de amparo cuando ordenó clausurar las obras del edificio El Alear.
El jueves el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León declaró infundado el recurso de queja que presentó el Municipio de San Pedro, en contra de la decisión de un juez federal que consideró que el funcionario municipal había violado una orden judicial.
Este recurso legal era el último que tenían Ávila y el Municipio de San Pedro para combatir legalmente el fallo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
Es decir, es cosa juzgada y lo que sigue es que ahora el Ministerio Público Federal intervenga para sancionar el presunto delito.
El artículo 2006 de la Ley de Amparo establece como abuso de autoridad cuando un funcionario desobedece una suspensión judicial y este delito es sancionado entre dos y ocho años de cárcel.
La queja 70/2013 que presentó el Municipio de San Pedro fue turnada al magistrado Jesús R. Sandoval Pinzón, sin embargo, la resolución fue elaborada por Pedro Gerardo Álvarez del Castillo, en función de magistrado de Circuito.
El Alear contaba con una suspensión que otorgó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, a través del juicio de amparo 536/2013.
Además de Ávila, secretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro, está acusado el inspector municipal Roberto Renovato Martínez, quien encabezó la diligencia de la clausura.
Hace tres semanas Reporte Indigo publicó que Enrique Ávila Hernández, secretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro, se encontraba en problemas por este proceso legal, a raíz de la clausura de la construcción de El Alear.
El conflicto legal en el que es señalado Ávila Hernández exigirá al alcalde Ugo Ruiz analizar la permanencia del funcionario como secretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro.
El 23 de mayo la dependencia municipal colocó sellos de suspensión en las obras de construcción del polémico desarrollo habitacional El Alear, ubicado en la avenida Roberto Garza Sada.
Esto como parte del procedimiento administrativo que inició el Cabildo para demoler 3 mil 486 metros cuadrados que se construyeron fuera del permiso original, otorgado en la pasada administración de Mauricio Fernández.
Pero tres semanas después, el juez Javier Rubén Lozano Martínez ordenó retirar los sellos que impuso el Ayuntamiento sampetrino, argumentando que existía una suspensión judicial que protegía las obras desde el pasado 15 de marzo.