Hogares no tan dulces

Más de dos millones y medio de mexicanos –mujeres en su mayoría– son empleados domésticos. 

A esta cifra se suman las miles de inmigrantes que trabajan en el hogar y que sufren de abusos por su estatus irregular.

La discriminación, violencia y explotación que sufren las trabajadoras domésticas inmigrantes no solo en México, sino en todo el mundo, persiste a pesar de tratados recientes que protegen sus derechos, denunciaron ayer expertas durante un foro celebrado de la Comisión del Estatus de la Mujer que se lleva a cabo en la ONU.

Un estatus migratorio irregular, el color de su piel y su género las hace vulnerables y las coloca en situaciones de abuso laboral, con falta de pagos y horarios interminables de trabajo, denunciaron grupos como ONU Mujeres. 

Además, las inmigrantes son víctimas de traficantes que abusan de ellas físicamente y agencias de empleo que no les garantizan derechos mínimos, señalaron.

Y es que apenas 16 países han ratificado el Convenio Sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos que entró en vigor en 2013 y que fue elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Colombia, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Argentina se encuentran entre los países ratificadores.

“Muchos gobiernos aún nos ignoran”, dijo Elizabeth Tang, secretaria general de la Federación Internacional de Empleados Domésticos.

En la informalidad

Aunque países como Argentina han creado leyes que reconocen los mismos derechos para los trabajadores del hogar que para el resto de los empleados; seguro social, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, indemnización por despido y una jornada de trabajo de 48 horas semanales como máximo, en México aún no se ha hecho lo suficiente.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha manifestado su interés por promover una legislación que permita la incorporación de este sector a la formalidad; sin embargo, sigue sin firmar el convenio de la OIT.

Por su parte, ONU Mujeres ha iniciado un programa piloto en México de tres años para promover y proteger los derechos de trabajadoras migrantes. (Con información de AP)