Un ombudsman obediente

Si algo se le cuestiona al ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, es la relación de cercanía y sumisión que construyó con el poder público del Estado, y en particular, con el Ejecutivo, como quedó evidenciado con el tratamiento de la reciente recomendación 31/2017.

Esa recomendación hace referencia al grave hecho en el que fueron asesinados los activistas indígenas y defensores de derechos humanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, el 20 de mayo, y que le ha merecido al Gobierno de Jalisco exhortos nacionales y aun internacionales para que lo atienda cabalmente.

Fue en medio de esa presión, que el 27 de junio se anunció de manera oficial que el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, le había “instruido” a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que indemnizara a las víctimas de aquel homicidio.

Sin embargo, ese Fondo de Atención a Víctimas tiene distintos candados legales para evitar precisamente un uso discrecional, y el principal es que las víctimas a indemnizar deben contar con una sentencia judicial a su favor, o una recomendación de un órgano defensor de derechos humanos, requisitos que implican meses si no es que años de desahogo.

Pero la orden del gobernador se había dado ya, y tenía que acatarse, así que al día siguiente de su mandato, el 28 de junio, el ombudsman Álvarez Cibrián emitió la recomendación que hacía falta para cumplir con los designios del Ejecutivo, y liberar así los pagos.

La premura con que emitió esa recomendación 31/2017 es manifiesta, pues la queja se había formalizado apenas 27 días antes, no obstante que la CEDHJ tarda por normalidad en sus procesos hasta 10 meses, pues deben implicar una investigación rigurosa de los hechos.

Con la sumisión de la CEDHJ a las órdenes y los tiempos del gobernador, pese a ser un órgano dotado de independencia y autonomía constitucional, quedó allanado el camino para que la CEEAV obedezca la orden que recibió, y efectúe las compensaciones de las víctimas. 

Adiós autonomía

Fue el 27 de junio pasado cuando el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, anunció: “El gobernador del Estado ha instruido para que a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se le repare el daño a esas familias que quedaron desamparadas”.

Ese día la CEDHJ aún no emitía la recomendación 31/2017, el requisito faltante para poder pagar la reparación, y no obstante, el secretario técnico de la CEEAV, Krystian Felype Luis Navarro, daba ya por hecho que el dinero se daría, como si supiera de la resolución que tomaría al día siguiente la CEDHJ.

“Luis Navarro, secretario técnico de la CEEAV, dijo que el comité evaluador sesionará en breve y antes del 15 de julio se hará la reparación integral que incluye la compensación subsidiaria económica”, dice el comunicado de esa Secretaría del 27 de junio.

Es destacable, además, que sea el gobernador quien está determinando los casos a compensar con el Fondo, pues según la Ley de Atención a Víctimas y su Reglamento, esa es una atribución de la CEEAV, un órgano colegiado con procesos normados y miembros ciudadanos con voz autónoma. 

En la CEEAV participan como ciudadanos Alma Chávez Guth, Laura Chávez Zavala y Martha Navarro García.

El artículo 95 de la Ley estipula que “Dicho acceso (al Fondo) lo determinará la CEEAV”. Y el artículo 64, fracción X, faculta a la CEEAV a: “Autorizar erogaciones al cargo del Fondo Estatal y vigilar su adecuado ejercicio”. 

Los candados

El diseño de la Ley de Atención a Víctimas supone que el daño que estas sufren por un delito o violación de derechos debe repararlo directamente el agresor, y solo cuando ello no sea posible lo hará el Fondo público, si se da alguno de estos supuestos (artículo 48):

Primero, que haya constancias del Ministerio Público que muestren “que las circunstancias de hecho impiden la consignación del presunto delincuente (…) y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal” (fracción I).

Segundo, que se cuente con una sentencia en la que “se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar” (fracción II).

O tercero, que exista “resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación” (fracción III).

En el caso indígena aún era posible que los agresores directos repararan el daño –el 6 de junio se anunció la detención de tres individuos-, pero eso habría demorado y la presión sobre el Ejecutivo es alta: la única alternativa era una recomendación al vapor de la CEDHJ.

Focos de alerta

La zona donde fueron asesinados los activistas, en Bolaños, registra fuerte presencia del crimen organizado:

>> 91

Por ciento de la superficie con amapola detectada por la Fiscalía en Jalisco en 2016 estaba en esa área

>> 4,925

Metros cuadrados encontrados en Bolaños por las autoridades

>> 43,300

Metros cuadrados de sembradíos en la población vecina, Mezquitic

Señalan responsables

La CEDHJ -igual que la Fiscalía- le atribuye a la Policía de Bolaños la falla de que momentos antes del homicidio, detuvo a los que serían los asesinos -probables miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación-, pero los dejó en libertad, lo que posibilitó el crimen. 

Sin embargo, no le atribuye ninguna omisión a la Fiscalía y su Fuerza Única por la pobre presencia en la zona con una Policía municipal de solo 13 agentes operativos.

Cuando se le cuestionó a Álvarez Cibrián sobre la responsabilidad del Ejecutivo y su Fiscalía, dijo: “En este caso hay que resolver sobre la responsabilidad directa, y en esto no queda duda que fue la Policía municipal la de la omisión, la de mal manejo que llevó a cabo en el caso”.