El pasado 26 de abril representantes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, solicitaron medidas cautelares para cesar la conducta denunciada contra el priista Enrique Peña Nieto.
La meta del equipo jurídico es “preservar el principio de equidad y garantizar la validez de la elección de Presidente”.
En entrevista con Reporte Indigo el abogado Camerino Márquez Madrid considera que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE) debe tener ya un avance cualitativo respecto al origen del recurso que se utilizó en la campaña del mexiquense.
Por eso demanda al órgano jurisdiccional que quien conozca el juicio de inconformidad 359/2012 “tenga todas las pruebas y todo lo que pueda derivar de las diferentes líneas de investigación que en 90 días, y en los recientes días, la Unidad de Fiscalización ha llevado a cabo”.
Esta unidad, de acuerdo con el representante jurídico del Movimiento Progresista ante el IFE, cuenta con un sistema de monitoreo de la publicidad realizada durante la campaña.
También tiene la facultad de pedir informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revelar el secreto bancario sobre las cuentas que han operado, así como determinar la cuantía y el origen de los recursos que utilizaron los candidatos.
La coalición de izquierdas ha cuantificado en cerca de cuatro mil 500 millones de pesos el rebase del tope de gastos de campaña de Peña Nieto.
Lo ha hecho con evidencias que han acompañado las quejas y que forman parte del Juicio de Inconformidad por Nulidad de la Elección de Presidente, cuya copia está en poder de esta publicación.
El Movimiento Progresista espera que en las próximas horas o días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reciba el avance del informe de la Unidad de Fiscalización.
Lo nodal es transparentar la elección pues, en opinion de Márquez, “ha quedado claro (que el proceso) fue inequitativo, que se alejó de los principios rectores de legalidad”.
Además, agrega, al Movimiento Progresista le preocupa lo que considera “un expediente tan negativo”, que incluye “la posible participación de recursos de lavado de dinero o desviación de recursos públicos a través de gobernadores, programas sociales instrumentados a través de una estructura paralela”.
Lo relevante
El abogado Camerino Márquez Madrid considera que lo relevante ahora es que la Sala Superior solicite con un plazo determinado a la Unidad de Fiscalización el “bien jurídico” a tutelar –en este caso el principio de legalidad, certeza y equidad– para que el proceso electoral pueda concluir con una calificación.
Y es que “no podríamos considerar que se llegue a una valoración del proceso electoral sin tener la parte de cuánto fue el monto de recursos que utilizó la coalición Compromiso por México” , agrega.
Asimismo, el abogado insiste que necesitan conocer “el flujo del recurso financiero, cómo se dio el fondeo” .
En su opinion, hay otras averiguaciones de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, la CNBV, la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que podrían vincularse con el monto de los recursos que fluyeron en torno a la campaña de Peña Nieto.
“No pueden pretextarse los términos a partir de que se señale que será hasta el próximo año, porque originalmente nos habían señalado sería hasta dentro de cinco años cuando ellos tienen de plazo para concluir las investigaciones”, apunta.
Por ello considera vital que se rindan cuentas de forma transparente y que la autoridad administrativa, en concreto la Unidad de Fiscalización, explicite su desempeño.
Se espera la respuesta
Camerino Márquez considera como “un asunto de responsabilidad política y de coadyuvancia” el que todos los sujetos involucrados “en este asunto de trascendencia nacional tengamos la disposición para que se concluyan las investigaciones” con oportunidad.
Se le inquiere al jurista si la Unidad de Fiscalización podría argumentar al Tribunal electoral que no ha completado sus auditorías.
“Esperemos que no dé esa respuesta”, contesta. De hecho, comenta, se han reunido con el titular de esta área, Alfredo Cristalinas Kaulitz, quien les ha dicho “que están preparados; que ya tienen fotocopiadas todas las quejas para remitirlas si las requiere la Sala Superior y que también tienen avances sobre requerimientos que le han hecho a Monex, a Soriana y que el periodo en que se tardan en darles respuesta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es de máximo tres semanas”.
Por esta razón, considera que las líneas de investigación ya deben estar cualitativamente muy avanzadas. Pretender no hacer llegar esta información al órgano jurisdiccional supondría incurrir en responsabilidades “por estar ocultando información que es de utilidad pública”.
De lo que se está hablando aquí es de “la calificación de un proceso electoral federal que ha sido muy cuestionado”, afirma Márquez.
El abogado es enfático al señalar que la autoridad electoral “más que pretextar términos y plazos” debe velar por el derecho y apegarse a la equidad, la transparencia y, sobre todo, a los principios de legalidad y de certeza.
Hoy que sesiona el Consejo General del IFE se espera
se dé a conocer información relevante en torno
al estado que guardan las diferentes quejas presentadas por el Movimiento Progresista.
¿Qué implica el rebase de topes de campaña?
“La gravedad del asunto es que quien rebasa los topes de campaña, de acuerdo al artículo 344, inciso e, según lo establecido por el Consejo General tiene una sanción (…) En este momento el estatus jurídico de Enrique Peña Nieto es de candidato, porque no tiene todavía la etapa de candidato electo. Esto sería hasta que concluyera el Tribunal, por lo tanto está contemplada la sanción”.- Camerino Márquez.
