IEPC de Jalisco en los huesos por liquidaciones

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) se gastó más de 14 millones de pesos este año en indemnizaciones para 65 de sus funcionarios, luego de que estos fueran despedidos ante los severos recortes presupuestales que recibió el organismo.

El IEPC de Jalisco que encabeza el consejero presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, pasó de tener un presupuesto de 167 millones de pesos en el año 2018, a uno de 85 millones 999 mil 890 pesos para el año en curso, lo que representó una baja de prácticamente la mitad del recurso –48.50 por ciento– de un año a otro.

Este ajuste provocó que el también llamado Organismo Público Electoral del Estado (OPLE) se viera obligado a despedir a una buena parte de su plantilla laboral. De acuerdo con registros que entregó vía transparencia, la nómina que tenía en el año 2018 era de 142 funcionarios, no obstante, esta se vio reducida en un 43 por ciento, pues en estos momentos dice tener solamente a 81 burócratas.

Este éxodo de funcionarios electorales no fue inocuo para la hacienda pública, pues ameritó una erogación de 14 millones 171 mil pesos, donde se incluyen ya los pagos previstos por un par de juicios.

“Se encuentran aún pendientes dos juicios laborales que se estimaron por la cantidad de 403 mil 630 pesos”, indica el IEPC.

De los recortes, los trabajadores despedidos del OPLE que se fueron con las mayores bolsas de indemnización obtuvieron montos entre 300 y 800 mil pesos, siendo Ramiro Feliciano Garzón Contreras, quien fungía como jefe de Informática del IEPC, quien obtuvo una indemnización por 784 mil 490 pesos, la más grande de todas.

A ese monto le siguió el otorgado a Álvaro Fernando Munguía Martínez, quien fuera titular de la Dirección de Organización Electoral, y que recibió 634 mil 391 pesos por su despido.

Por su parte, el ahora excoordinador en la Presidencia del IEPC, Daniel Chávez Aguilar, obtuvo una bolsa de 498 mil 434 pesos; seguido de Rafael Castellanos Pérez, quien se desempeñaba como asesor también de la Presidencia de Alcaraz Cross, y que recibió un pago de 430 mil 295 pesos.

En el grupo de las mayores indemnizaciones figura también Celia Angélica María López Bautista, otrora coordinadora de Finanzas del Instituto, quien recibió 421 mil 336 pesos; una cifra un poco superior a la recibida por Francisco Javier Fernández Melchor, quien fuera titular de la Dirección Jurídica, con 421 mil 108 pesos.

El listado de los mejor indemnizados con más 300 mil pesos lo complementan: Aniceto Rechy Aguirre, excoordinador en Hardware, con 397 mil 776 pesos; José Muñoz Ramírez, excoordinador en Contenidos Multimedia, con 361 mil pesos; Laura Rodríguez Becerra, excoordinadora en Protección de Datos, con 355 mil 183 pesos y Sofía López De Alba, exsubcontralora: con 319 mil 038 pesos también por su despido.

Salarios a la baja

La disminución presupuestal que recibió el IEPC de Jalisco en este 2019 también causó que se aplicaran reducciones obligadas a los salarios de sus funcionarios, comenzando por el Consejero Presidente, Alcaraz Cross, que pasó de percibir 153 mil 191 a 119 mil 110 pesos.

De igual forma el resto de los consejeros electorales vieron reducidos sus salarios de 141 mil 527 a 119 mil 110 pesos. La titular de la Secretaria Ejecutiva, María De Lourdes Becerra Pérez, pasó de percibir un salario de 93 mil 96 a uno de 72 mil 625 pesos.

El secretario técnico de Comisiones, Luis Alfonso Campos Guzmán, ya no gana 73 mil 983 pesos sino 50 mil 131; el asesor de Presidencia, Víctor Juan Uribe Macedo, bajó su sueldo de 81 mil a 50 mil 131 pesos en el mismo periodo, mientras que la jefa de Prerrogativas a Partidos Políticos, Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora, pasó de 73 mil 983 a 50 mil 131 pesos.

Para el caso de las jefaturas, como la de Fiscalización, a cargo de Martha Cecilia González Carrillo; Transparencia, de Francisco Javier González Vallejo y Género y no Discriminación, de María Rosas Palacios, dejaron de recibir los 73 mil 983 pesos que pagaba el puesto para ganar únicamente 41 mil 164 pesos.

Áreas no sustantivas del IEPC

De acuerdo con dos de las consejeras del IEPC, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y Virginia Gutiérrez Villalvazo, el organismo pudo haber reducido aún más su gasto en nómina, sin embargo, en lugar de ello, “se están manteniendo las áreas no sustantivas, a costa del personal que tenían nuestras áreas sustantivas”.

Esto lo señalaron en su voto particular en contra del Presupuesto 2019 del OPLE, en donde justificaron las medidas de austeridad.

“La reestructura aprobada por la mayoría no atiende a los principios constitucionales y legales que rigen nuestra actuación al reducir o debilitar los órganos esenciales para el cumplimiento de nuestras funciones a costa de mantener otras áreas que no tienen sustento ni constitucional o legal”, refiriéndose a las áreas de Fiscalización, Comunicación Social, Género, Transparencia, Editorial, y sus técnicos.

Ambas consejeras advirtieron que “los puestos denominados jefaturas, no debieran permanecer dentro de la estructura, tales como: Fiscalización, Transparencia, Género, Informática, Comunicación Social y Editorial, al igual que los tres técnicos de Secretaría Ejecutiva, que no cuentan con funciones específicas, ni perfil aprobado para la emisión de su nombramientos”.

Sobre las plazas de técnicos, aseguran que carecen de soporte legal y que para estas “se aprobó el nombramiento de tres técnicos, que no están determinados sus perfiles y en ese sentido al no tener un cargo determinado por realizar es que no debieran existir tales nombramientos, pues sus tareas serían totalmente discrecionales, además de que la existencia de tales plazas no cuenta con sustento jurídico alguno”.

También puedes leer: Cuestiona IEPC elecciones de alcaldías