El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó las medidas asimétricas impuestas a América Móvil, considerada Agente Económico Preponderante por ser la empresa con mayor número de usuarios y redes de telecomunicaciones en el país.
Las medidas asimétricas impuestas a Telmex, Telcel y Telnor iniciaron en 2014, conforme a la Reforma constitucional en Telecomunicaciones para impulsar la competencia y quitar el monopolio a la empresa de Carlos Slim.
Las nuevas resoluciones, dice el IFT, servirán para reforzar “la libre elección de los usuarios sobre su operador de servicios de telecomunicaciones, la prestación de los servicios mayoristas y los mecanismos de supervisión y verificación del Instituto”.
Entre las medidas anteriores impuestas seis años atrás, destacan la imposición de tarifas específicas, la eliminación de los cargos por roaming nacional y la entrega de equipos prepago desbloqueados; así como desbloquear los de pospago al vencer el plazo forzoso.
Este martes, el IFT adicionó, suprimió y modificó medidas donde especifican que, por ejemplo, Telcel no deberá obligar a sus clientes a cumplir plazos forzosos para comprar un teléfono o contratar un servicio, entre otras.
Tras el anuncio, América Móvil señaló que impugnará la resolución del regulador debido a que: “no se basa en una evaluación integral de los términos de competencia de los diferentes mercados que conforman el sector de telecomunicaciones”.
La empresa y sus subsidiarias ya analizan los posibles efectos de la regulación y buscarán el uso de leyes aplicables para refutar su ordenamiento.
“No considera los profundos cambios ocurridos en el sector de las telecomunicaciones a seis años de la imposición de medidas asimétricas ni la competencia efectiva existente tanto en servicios fijos como móviles”.
Estas serían las nuevas reglas para Telcel
En la parte móvil (Telcel), el Pleno del IFT resolvió que la empresa deberá garantizar el desbloqueo de los equipos terminales para usuarios de pospago, lo que implica:
Realizar contratos separados, uno para el servicio y otro para el equipo; con lo que los usuarios podrán terminar el contrato por el servicio de telecomunicaciones seis meses después, sin multas ni castigos por quedarse con su teléfono.
Deberán permitir al usuario seguir pagando el equipo si ya no quieren el servicio; así como desbloquear los aparatos adquiridos a plazos cuando los usuarios cancelen el servicio, siempre y cuando hayan transcurrido seis meses desde el contrato.
La nueva legislación también ordena al Agente Económico Preponderante cancelar servicios promocionales cuando concluya el plazo y notificarlo a sus clientes, con el fin de evitar costos indeseados por el consumidor.
Además, no podrán aplicar tarifas diferentes en las llamadas de sus usuarios “en función si se terminan dentro de su red o fuera de ella”, con el fin de evitar un “efecto club” en la red y prevenir que se encarezcan los servicios de otras empresas.
La empresa también deberá entregar nuevos reportes de información al IFT, con el fin de que el regulador pueda dar un mejor seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la empresa.
