Igualdad a la deriva jurídica

El marco legal en materia de igualdad y no discriminación debería ser un pendiente prioritario para la 60 Legislatura de Jalisco. 

Y es que ni los esfuerzos del ex diputado local Enrique Alfaro Ramírez, en la 58 Legislatura, ni la presión de las organizaciones civiles en las tres legislaturas pasadas han logrado generar un marco normativo que castigue o prevenga actos discriminatorios.

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Jalisco está entre los cuatro estados que no tiene avance alguno en el tema, ni ley, ni cláusulas constitucionales antidiscriminatorias, ni tipificación del delito de discriminación.

Los otros señalados son Baja California, Sinaloa y Sonora.

Son 19 los estados que cuentan con legislación en materia de discriminación en el país. 

A ocho años de la entrada en funciones de la primera ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación en Tamaulipas, el caso de Jalisco contrasta con estados como Baja California Sur.

Y es que en Baja California Sur desde 2006 se tiene un marco legal y actualmente cuenta con un órgano descentralizado que sanciona actos discriminatorios.

El Conapred señala en su sitio web que, a diferencia de Baja California Sur, el resto de los estados desestimó la naturaleza y consecuencias jurídicas de los actos, omisiones y prácticas discriminatorias.

“Es urgente una legislación que atienda la situación del derecho a la igualdad y a la no discriminación en Jalisco, que exista el mecanismo para sancionar actos discriminatorios y que no implique un presupuesto de creación de un elefante blanco”, señala en entrevista Gerardo Moya García.

Aunque para el especialista en derechos humanos y discriminación no es necesaria la tipificación, pues solo sería una salida emergente que entorpecería el pésimo sistema de impartición de justicia en el estado.

“Por qué no la tipificación del delito, lo más sencillo que siempre se hace a nivel legislativo es crear un delito. Para que suceda esto hay que revisar inicialmente cómo está funcionando el sistema de justicia, porque si no, creamos una figura penal que en la práctica no va a incidir en que la violación cese”.

Y es que el grado de impunidad que ocurre en Jalisco es también provocado por la inoperancia de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

“De cada 100 delitos que suceden en Jalisco, se denuncian siete, de esos que se denuncian no los puede resolver la procuraduría, la cosa no es crear más figuras delictivas porque es una institución que no está funcionando”, apunta.

El miembro del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) afirma que durante más de tres legislaturas  se ha tratado de impulsar esta legislación en el estado.

“Se trata de un tema pendiente y prioritario porque la discriminación es una de las más evidentes  violaciones a los derechos humanos.

“Nos hace falta una cultura de respetar la igualdad y la no discriminación, es una violación que se da prácticamente todos los días de forma cotidiana, desde los agentes del estado y también desde los particulares”.

Existen elementos concretos que hacen necesaria una legislación, uno que ejemplifica Moya García es el de los servidores públicos estatales y municipales que, en caso de cometer un acto discriminatorio, no son sancionados cabalmente. 

Aunque la situación de vigilancia en torno a quejas por discriminación por parte de funcionarios públicos no es la adecuada, existen cifras que pueden dar indicios de la magnitud del problema.

Y es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en su última actualización de 2012, presenta 9 mil 394 quejas de las que más de 4 mil están relacionadas con el ejercicio indebido de servidores públicos.

La ausencia de procedimientos legales para sancionar a estos funcionarios provoca una invisibilidad de los actos discriminatorios.

“No hay ningún procedimiento jurídico ni ninguna instancia que pueda llevar un procedimiento para sancionar un acto discriminatorio”.

El académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señala que son estos funcionarios estatales y municipales los que están a salvo de ser sancionados por la ausencia de una ley estatal contra la discriminación.

Y es que, en caso de ser víctima de un acto de discriminación de un particular o un funcionario federal, la denuncia y sanciones serán procesadas por el Conapred.

“No hay una instancia para cuando se trata de autoridades estatales y municipales, o sea, hay un limbo legal en donde nadie los puede sancionar”.

Órgano contra discriminación

Moya García destaca que la creación de un instituto para prevenir la discriminación en Jalisco no tiene que llevar los procedimientos de recepción de quejas, sino velar porque existan políticas públicas en materia de discriminación en el estado.

Señala que la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que recibe las quejas por violaciones a derechos humanos, entre éstas la de discriminación, se ve rebasada porque en términos operativos recibe cientos de quejas mensualmente.

Pero sus resultados se ven contrarrestados por la falta de políticas públicas en materia de derechos humanos, por lo que el organismo no avanza y es poco eficiente.

Por su parte, el Cepad ha venido proponiendo durante tres legislaturas la creación de un instituto estatal para prevenir la discriminación, con una nómina modesta y con más incidencia en la vigilancia de las violaciones por parte de autoridades estatales y municipales.

 “Este no va a ser una cosa que tenga 50 personas, va ser una cosa que tenga 10, porque como no van a llevar procedimientos, van a poder focalizar su trabajo en las atribuciones que se les den en esa ley.

“Cuando a un instituto de esta naturaleza le das enfoque operativo, entonces se vuelve otra vez un elefante blanco, porque nunca vas a tener suficientes visitadores o consejeros suficientes para ver la cantidad de quejas que la gente te va a poder presentar. No habría presupuesto que ajuste”.

Ciudad poco incluyente

La discriminación como un trato no igualitario en Guadalajara no es un asunto imaginario.

Y es que entre los grupos más vulnerables a este tipo de violación en Jalisco está la comunidad Lésbico Gay Bisexual y Transgénero (LGBT),  y las personas con capacidades diferentes.

Entre Monterrey, Distrito Federal y Guadalajara, ésta última es la ciudad que más discrimina a personas con discapacidad, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis).

A la pregunta hecha en el estudio “¿estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas con discapacidad?”, los tapatíos respondieron en 15.1 por ciento que no estarían dispuestos, mientras que en Monterrey fue un 12.4, y en DF, un 7 por ciento.

También los casos de discriminación hacia homosexuales y lesbianas son recurrentes y son los más rechazados por los tapatíos, según la Enadis.

En un acto discriminatorio en octubre pasado, Andrés Arzate y su pareja fueron retirados con violencia del bar Planta Baja ubicado en la zona rosa de Guadalajara.

Otro caso reciente es el de Clara Cervantes e Ileana Jaramillo, que en 2011 fueron discriminadas por personal de una tienda Soriana en la que ellas permanecían mientras se tomaban de la mano. 

Sobre el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, Moya García dice que: “ya en este momento, desde mi punto de vista, se está cometiendo una violación a todas las personas que al tener una preferencia sexual distinta no puedan tener derecho al matrimonio legal”.