Ildefonso Guajardo, entre el proceso penal y el fuero constitucional

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), vinculó a proceso al exsecretario de Economía federal Ildefonso Guajardo. En un comunicado emitido el  9 de julio  informó de su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito durante los años 2014 a 2018.

La FGR señala un posible incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su origen legal.  La acusación principal se refiere a una cuenta en el extranjero con un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos.

“Por lo anterior, el Juez de Control dictó también como medidas cautelares la firma periódica y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial”, dice el boletín.

Guajardo estuvo en el gabinete del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 . Durante el sexenio, el exsecretario fue el principal negociador en el país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con estas acusaciones, Guajardo se suma a la lista de otros funcionarios del gobierno de Peña Nieto que son o han sido investigados, como Miguel Ángel Osorio Chong, de la Secretaría de Gobernación (Segob); Luis Videgaray, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Gerardo Ruíz Esparza, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Salvador Cienfuegos, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Rosario Robles, de la Secretaría de  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Emilio Lozoya, de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“No quiero acusar a nadie pero esto me huele a persecución política”, dice un comunicado emitido por Ildefonso Guajardo el mismo 9 de julio.

Al día siguiente, la FGR respondió a Guajardo con otro comunicado en el que enlistó seis argumentos para negar la persecución política.

“La FGR responde que son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Ildefonso “G”, y de su abogado, en el sentido de que el caso “huele a persecución política”, y de que no se les ha dado acceso a las pruebas”, menciona el comunicado del 10 de julio.

La inmunidad del fuero constitucional para Ildefonso Guajardo como diputado

En México, los legisladores gozan de inmunidad. No pueden ser detenidos y antes de ser sometidos a juicio, el Congreso de la Unión debe declarar que procede juzgarlos como a cualquier persona.

“La Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”, dice el artículo 111 de la Constitución Política.

Según la FGJ, Ildefonso Guajardo fue denunciado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 12 de octubre de 2020. Un mes antes había declarado en entrevista con Reporte Índigo que su intención era continuar su carrera política en Nuevo León, su estado.

La FEMCC integró una carpeta de investigación y el 8 de marzo se la dio a conocer. Esto ocurrió en pleno proceso electoral y cuando ya se sabía que Guajardo estaba en la lista de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputados federales plurinominales, es decir, sin ser electos por votación directa sino por el porcentaje de representación proporcional de votos que tuvo su partido en la elección, que en el caso del PRI fue de 17.75 por ciento.

“Se le ha pedido que demuestre el origen de esa inconsistencia, sin que lo haya hecho. Y, ante tales circunstancias, la única opción del Ministerio Público Federal (MPF) fue la judicialización del caso”, dice el comunicado del 10 de julio.

Sin embargo, existe un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Tiempo coincide con su toma de protesta como legislador y con la cual podrá adquirir la protección del fuero constitucional.

“A partir del 1 de septiembre seré diputado federal y lo digo fuerte y claro: lo haré en mi papel de opositor”, expresó Guajardo en su comunicado.

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