Aunque en la entrega de la propuesta de paquete fiscal para el próximo año el Gobierno de Nuevo León aseguró que no habrá nuevos impuestos, la administración de Jaime Rodríguez Calderón pretende cobrar a los regiomontanos una nueva contribución por generar emisiones atmósfericas sin aclarar a quiénes y en qué situaciones se aplicará esta medida.
La iniciativa presupuestal del Gobierno de Jaime Rodríguez presentada a los legisladores locales contempla actualizaciones en diversos rubros de la Ley de Hacienda del Estado. Por ejemplo, este nuevo derecho que faculta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, para cobrar cerca de 11 mil pesos, equivalentes a 134 cuotas.
El rubro Emisiones a la atmósfera no existía en la V fracción del artículo 276 bis de la ley vigente ni la llamada “Evaluación de factibilidad de operación de fuentes fijas de emisión”. En el marco actual se señalan otros cobros de derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable a partir de conceptos y tarifas distintos
La Ley de Hacienda contempla actualmente la evaluación de factibilidad de actividad de quema a cielo abierto, autorizada por la dependencia competente en materia ambiental o práctica de extinguidores, que tiene una tarifa de 25 cuotas; la actualización de datos e información con 95 y la validación de Cédula de Operación anual por la misma cantidad. La iniciativa de decreto elimina el inciso d), sobre el aprovechamiento de recursos minerales no reservados a la Federación.
Este nuevo gravamen tiene el sello de la ambigüedad. No se definen reglas claras de cómo se implementaría, simplemente está incluido en la iniciativa de decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado enviada al Congreso como parte del Paquete Económico para 2019.
El tesorero Carlos Garza no especifica quién tendrá que pagar esta cuota ni en qué casos. Lo único que dice es que lo harán las fuentes fijas de emisiones, una generalidad que afecta a todos los regiomontanos.
Ocurrencia sin política sustentable
Recaudar un impuesto sin tener una política pública en favor del medio ambiente no dará resultados. En entrevista con Reporte Índigo y como representante del Comité Ecológico pro Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga rechaza el cobro de este derecho.
“Este no es impuesto, es una nueva ocurrencia del gobierno de Jaime Rodríguez, un gobierno de vaciladas y de corrupción. Es una concesión a los depredadores, al pagar 11 mil pesos ¿les vas a dar derecho a todo? ¿El que paga manda?”, cuestiona el especialista en temas ambientales y sustentabilidad.
La propuesta del Ejecutivo que plantea un cobro que no existía, denominada “Emisiones a la Atmósfera”, no tiene de fondo una política planeada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital.
“Ningún impuesto por sí solo funciona si no tienes una política ambiental congruente. Aquí toda la política ambiental está basada en ahorrarse dinero. Es un impuesto recaudatorio, El rubro Emisiones a la atmósfera no existía en la V fracción del artículo 276 bis de la ley vigente nada más. Así de incongruente es la política ambiental en el estado mientras no vayamos encaminados a la sustentabilidad”, comenta el ambientalista
Este cobro que repercutirá en el bolsillo de los nuevoleoneses al no estar clarificado y no existir mayor información proporcionada por el gobierno se vuelve inequitativo, según sostiene Martínez Berlanga.
“La Secretaría de Desarrollo Sustentable en Nuevo León es y ha sido sometida al manejo perverso de las organizaciones gubernamentales que controlan la política medioambiental. Esta secretaría ha sido sumisa, ahí ponen a inexpertos, gente servible a desarrolladores y empresarios contaminadores”
Martínez sostiene que los impuestos con carácter ambiental en las urbes inteligentes llevan una etiqueta para un beneficio específico, ya sea reforestación, rescate, compra de equipo, siembra, recuperación de espacios.
“Los impuestos tienen que ser justos, equitativos y distributivos. Pero tú no puedes convocar a la ciudadanía a cumplir la ley si el gobernador y sus socios no la cumplen, si la autoridad estatal es la que está destrozando las reservas ecológicas. Deben estar dirigidos a un proyecto especial pero Manuel Vital le sirve a los desarrolladores y es socio del Rodríguez Calderón”, reclama.
Aclaración ante la ambigüedad
Por Jesús Padilla
Diputados del Congreso local mostraron su negativa ante la propuesta de cobrar un impuesto a fuentes fijas de emisiones atmosféricas por hasta 11 mil pesos, que está establecida con ambigüedad como una reforma a la Ley de Hacienda del Estado.
La coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos, buscará desde la cámara que sea aclarado cómo funcionará, a quién se aplicaría y dónde estarán los medidores de este cobro ambiental
“No podemos permitir que se pueda cometer un arbitrariedad, entonces, tiene que estar muy detallado para que lo tenga muy claro toda la gente, porque viene como fuente fija en el presupuesto”, señala en entrevista con Reporte Índigo.
La también presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso local agrega que sostendrán reuniones para que las empresas tengan la certeza quién está haciendo la medición de este gravamen y que su recaudación sea transparente.
“Por eso es importante que la gente tenga claro en qué consiste, cómo se va medir, porque los dueños de esos comercios tiene que saber quién los va medir y cómo contaminan”, afirma la legisladora.
La coordinadora del Verde Ecologista sostiene que no están en desacuerdo con la creación de “impuestos verdes” siempre y cuando sean clarificados. En esto coincide el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas.
“La verdad está muy ambiguo y no queda claro quién es el sujeto de ese impuesto, en materia fiscal todo objeto, y en este caso, la emisión, tiene que tener un sujeto al que se le cobre y la tasa que se le impone”, sostiene
De esta manera, desde su partido buscará que se aclare a qué tipo de sujeto se le pretende cobrar este impuesto o de lo contrario no aceptarán este tipo de cobro que comprende 134 cuotas.
“En este caso no queda claro quién es el sujeto, esa es nuestra función legislativa para revisar y aclarar eso, porque así como está la cosa, puede ser cualquiera. Pedimos que se aclare antes de aceptarlo para que se cobre con justicia al contribuyente”, dice Colosio.
La diputa del PAN, Nancy Olguín, considera que se tendría que valorar si es conviene fijar un estímulo.
“Hay que aclarar qué acciones tuviste como Ejecutivo, qué está detectando que efectivamente todo estos emisores de contaminantes, sería una justificante, por eso debe ser muy puntal la verificación que debe existir”, dijo la legisladora.
