El cambio de estafeta en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nuevo León estaba previsto en menos de un mes: el próximo 5 de julio. Sin embargo, uno de los grupos internos solicitó anular la convocatoria que el Comité Directivo Estatal publicó apenas el viernes.
El exgobernador Benjamín Clariond y los exdiputados federales Héctor Gutiérrez, Felipe Enríquez, Pedro Morales y César González presentaron una demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano al magistrado Ernesto Camacho, presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Así lo dio a conocer Gutiérrez, también exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, a través de su cuenta de Twitter.
“Debemos evitar posibles excesos de cualquier autoridad, por ello, utilizando las VÍAS LEGALES estamos reclamando que se respete al Consejo Político Estatal (CPE) del PRI en NL, así como los (CPE’S) de todo México”, escribió.
El 5 de junio el PRI neoleonés publicó la convocatoria para la Presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal 2020-2024. Ese mismo día, el aún dirigente, Pedro Pablo Treviño, presentó al exsenador Ricardo Barroso como el delegado especial que Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional tricolor, designó para apoyar el proceso interno de la renovación en Nuevo León.
El 7 de junio, los priistas instalaron la Comisión Estatal de Procesos Internos, responsable de llevar a cabo lo estipulado en la convocatoria. Dicha instancia se declaró en sesión permanente hasta concluir el cambio de estafeta. Sin embargo, la impugnación pide que se suspendan las acciones calendarizadas.
“Solicitamos que se ordene al partido a que se abstenga de efectuar cualquier acto establecido en la ilegal convocatoria del 5 de junio, hasta en tanto no se concluya con el presente juicio”, menciona el documento.
Algunos firmantes habían criticado que Moreno Cárdenas elogiara la trayectoria de Heriberto Treviño, alcalde de Juárez y quien se perfila como próximo líder tricolor en Nuevo León con el apoyo del exgobernador Rodrigo Medina.
Coronavirus excusa dedazo de ‘Alito’ en PRI NL
El Covid-19 retrasó el proceso para elegir al nuevo líder priista en la entidad neoleonesa y el CEN del PRI otorgó a Pedro Pablo Treviño una prórroga de 90 días para continuar como dirigente, misma que venció el 27 de mayo. Su periodo inició en 2016 y concluyó oficialmente el 27 de febrero de 2020.
Desde el 13 de marzo el PRI ya había suspendido los actos políticos que implicaran la concentración de personas. La nueva normalidad obligó al partido a replantear las actividades partidistas, sin dejar de lado la renovación de sus órganos internos. De manera que el 30 de mayo, “Alito” Moreno, presidente del CEN, firmó un acuerdo nacional para llevar a cabo estos procesos con medidas preventivas.
“La actual contingencia sanitaria y la proximidad de las elecciones constitucionales 2020-2021 devienen en una eventualidad y causas de fuerza mayor que amenazan y alteran el desarrollo normal de nuestros procesos internos, lo que obliga al Comité Ejecutivo Nacional a adoptar medidas”, menciona el acuerdo.
El tercer punto del documento establece que los métodos electivos se efectuarán en los términos que instruya el presidente del CEN, Moreno Cárdenas. Luego, el 2 de junio, “Alito” expidió otro acuerdo por el que aprobó la forma de renovación del Comité Directivo Estatal de Nuevo León para 2020-2024.
El exgobernador y los exdiputados priistas argumentaron que como consejeros políticos estatales desde marzo 2020 tienen la facultad de determinar el método de selección de la Presidencia y Secretaría General en Nuevo León. Pero esta atribución le fue trasladada, sin modificar los estatutos, al CEN que encabeza “Alito” Moreno y, por ello, impugnaron la convocatoria.
Aunque los integrantes del Consejo Político Estatal de Nuevo León no tomaron protesta, el todavía dirigente local, Pedro Pablo Teviño, declaró instalado a este órgano e inició su periodo ordinario 2020–2023, por lo que puede asumir sus funciones exclusivas.
“No resulta justificable que, al existir una situación de contingencia sanitaria, el PRI se arrogue atribuciones metaestatutarias bajo el argumento de cuidar la salud de las familias mexicanas”, sentenciaron en la impugnación el exgobernador y los exdiputados.
