Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) proponen reformas a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de garantizar el trabajo digno a las mujeres y terminar con la discriminación, la violencia y el acoso sexual en los centros de trabajo.
Cristina Ruiz Sandoval y Marco Antonio Mendoza Bustamante plantearon en una iniciativa de reforma que las causales previstas en el artículo 51, sobre la rescisión laboral, también den lugar a las acciones para garantizar condiciones dignas y decentes en el trabajo, y que el juez juzgue con perspectiva de género.
Además, contempla que se garantice el derecho de participación de las mujeres en los procedimientos jurisdiccionales, siempre que los hechos que forman parte de la litis traten sobre violencia hacia este sector poblacional.
“Con ello se evita la revictimización ante un eventual error de técnica jurídica o de material probatorio propiciado por el patrón ante una autoridad jurisdiccional. Las víctimas serán parte activa en el procedimiento laboral, aunque no sean partes procesales”, comentaron.
Discriminación y acoso en números
Los legisladores indicaron que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país aproximadamente 8.8 millones de mujeres han declarado violencia en el ámbito laboral; es decir, 27 de cada 100 mujeres que han trabajado alguna vez en su vida han sido violentadas en el ámbito laboral. De esta cifra, 22 han padecido alguna situación de discriminación, 12 reportaron algún tipo de maltrato físico o sexual y 11 declararon violencia de tipo emocional.
Asimismo, el INEGI señala que, a lo largo de la vida laboral, las mujeres reportan que 31.8 por ciento de las veces el agresor fue un compañero de trabajo, 23.8 por ciento la persona agresora fue el patrón o jefe y en 10.5 por ciento de los casos las mujeres denunciaron a un supervisor, capataz o coordinador.
En cuanto a la discriminación, a nivel nacional 13 de cada 100 mujeres declararon haber vivido alguna situación de discriminación por razones de embarazo en los últimos cinco años. Destaca que a dos millones 739 mil 673 mujeres se les solicitó prueba de embarazo como requisito para trabajar, y a 860 mil 547 mujeres se les pidió una prueba de embarazo como requisito para continuar en su trabajo o renovarle el contrato.
