Alertado por un vecino, Andrés Guzmán Castillo descubrió que debajo de su casa y restaurante había un enorme hueco provocado por la constructora Desproco, la cual levanta en el predio aledaño un edificio de catorce departamentos.
Su vivienda está en la calle de Extremadura 198 en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, y el descubrimiento ocurrió el pasado 9 de marzo.
Desde ese día comenzó un largo peregrinar en el que se ha tenido que enfrentar con las autoridades de Benito Juárez, quienes no han frenado el avance de la obra a pesar de que la Subdirección de Protección Civil advirtió que existe un alto riesgo de desgajamiento del terreno, lo cual podría afectar la integridad de los habitantes del inmueble.
El vecino Andrés Guzmán Castillo ha denunciado la impunidad con la que la constructora Desproco dañó los cimientos del inmueble en el que vivía y operaba un pequeño restaurante, obligándolo a dejar el lugar
Funcionarios públicos que han sido señalados por trabajadores de formar parte de una red de corrupción del área de Verificación de Obras y Construcciones y de la Dirección General de Jurídico y Gobierno, vuelven a salir a flote en este caso sobre presuntos manejos irregulares en el gobierno delegacional encabezado por el panista Christian Von Roerich, hoy diputado local, con el llamado “Cártel inmobiliario”.
A partir de la publicación “Dinero a cambio de verificación de obras y construcciones” publicado por Reporte Índigo el 5 de octubre pasado, Andrés Guzmán Castillo, empresario y vecino de la Alcaldía Benito Juárez expuso su caso para denunciar la impunidad con la que la constructora Desproco dañó los cimientos del inmueble en el que vivía y operaba un pequeño restaurante, obligándolo a desalojar.
El afectado dice que más allá de la promesa del nuevo alcalde panista en Benito Juárez, Santiago Taboada, de revisar las construcciones de esa demarcación es necesario también revisar los daños causados por los constructores, que levantan edificios sin licencias de construcción y sin respeto alguno a las colindancias.
El vecino señala que en varias ocasiones el entonces director general de Jurídico y Gobierno, Armando Ramírez, le informó que estaba en marcha el procedimiento de revocación de dicha obra en Extremadura 196 por carecer de permisos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que debajo de la misma pasa la estación Mixcoac de la Línea 12.
Sin embargo, el periodo de Christian Von Roerich culminó sin que hayan conseguido la clausura total de la obra, simplemente dando respuestas vagas y hasta contradictorias a través de diversos oficios.
Por ejemplo, el 14 de marzo de 2018 el director general de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, informó a Ángel Luna Pacheco, encargado de despacho de la jefatura delegacional, que al realizar la búsqueda en las bases de datos del área “constató que no existe licencia o manifestación de construcción en ninguno de sus rubros que amparen los trabajos de obra que se realizan en el inmueble cuestionado”.
Pese a los daños ocasionados por la constructora Desproco a la casa y al restaurante de la víctima, Andrés Guzmán, cinco meses después, el 9 agosto pasado, el mismo director general de Obras y Desarrollo Urbano, le informó que la obra de Extremadura 196 ya había sido sujeta a tres procedimientos administrativos en el 2017, cuando la excavación ni siquiera había comenzado.
Las presuntas visitas de verificación fueron foliadas con los números de la Coordinación de Verificación 275/2017, 375/2017 y 386/2017.
El Jefe de Unidad Departalmental de Verificación que informó al respecto fue Diego Alberto Vergara Ordóñez, de quien Reporte Índigo exhibió presuntas conversaciones con un empleado en las que le exige cobrar de 15 a 20 mil pesos para evitar la suspensión de la obra o no meterse con los constructores, según el caso.
Con esas acusaciones de corrupción en el área de Verificación de Obras, Andrés Guzmán explica que incluso el jefe de los verificadores, Armando Ramírez, director general de Jurídico y Gobierno de Benito Juárez en la administración de Christian Von Roerich, le ha dicho en tres ocasiones que está en procedimiento la revocación de la manifestación porque carece del permiso del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
“Tuve una reunión en la Benito Juárez a mediados de mayo, estuvo gente de Armando Ramírez, llegó el constructor con sus abogados y me amenazaron. El cuate quería dar 20 mil pesos, mi abogado hablaba de 600 mil. Se paró muy molesto y se fue”, detalla de aquel encuentro.
“Dice (Armando Ramírez) que es un proceso muy largo, pero ya llevamos seis meses y sigue avanzando la obra de siete niveles en la que pretenden vender catorce departamentos”, señala el afectado.
Al paso de las semanas y los meses, Andrés Guzmán ha documentado cómo los albañiles continúan trabajando por la noche, violando los aparentes estados de suspensión impuestos por la alcaldía.
“La Constructora se llama Desproco, los dueños se llaman Guillermo Pulido Suárez y Guillermo Pulido Alba, tiene tres obras más en Benito Juárez, una en la calle de Bartolache; otra en avenida Coyoacán y la tercera en Enrique Rébsamen, que desde el 15 de julio pedí fueran verificadas”.
“Actualmente la obra junto a mi casa tiene sellos de suspensión, no duran más de tres días porque les echan agua y los arrancan, los señores siguen avanzando con los departamentos pues se ve trabajando a los albañiles por las noches, hasta una grúa tienen adentro para montar las vigas de acero”
Con testimonios como el de Andrés Guzmán, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Fernando Aboitiz, hizo público que ya recibió presiones de los desarrolladores inmobiliarios luego de que se presentara una iniciativa para someter a consulta los proyectos de más de diez mil metros cuadrados.
Moratoria urbana avanza
La diputada local María de Lourdes Paz presentó ayer un punto de acuerdo para que el Gobierno de la Ciudad de México declare una moratoria urbana e impida la creación de megaproyectos. Esto para que los grandes desarrollos inmobiliario se detengan hasta que se apruebe una nueva política que garantice que el crecimiento urbano sea apegado a la Ley. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.
