"Doce personas detenidas por la probable comisión de delitos electorales, no ejercitándose acción penal a ninguna de ellas, por lo cual no se cuenta con registro de sentencias condenatorias"
La delincuencia electoral en Jalisco se encuentra en completa impunidad.
En el estado no se castigan ni las prácticas más comunes, como la compra de votos y el uso en contiendas de recursos gubernamentales, mucho menos el ingreso a los partidos de fondos privados ilegales o del crimen organizado.
Si por la vía de las sanciones económicas los institutos políticos apenas y han conocido un demérito a sus presupuestos, el ámbito penal arroja resultados peores incluso.
En el Código Penal local ha estado previsto, aún antes de la reciente reforma político-electoral, un gran abanico de delitos electorales que pueden cometerse por ciudadanos, funcionarios del ramo, representantes de partidos, servidores públicos y ministros de culto, con penas expresas de hasta nueve años.
Durante cada campaña llueven acusaciones de actos ilícitos de un partido político a otro, ¿en qué ha terminado todo?
Del 2006 hasta hoy la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene registro de 140 averiguaciones previas por delitos electorales que se desglosan así: 12 contra funcionarios electorales, 24 contra representantes de partido, 34 contra servidores públicos, 60 contra ciudadanos, y una decena no precisada.
Lo más grave, sin embargo, es que hasta ahora la Fiscalía “cuenta con un registro de 12 personas detenidas por la probable comisión de delitos electorales, no ejercitándose acción penal a ninguna de ellas, por lo cual no se cuenta con registro de sentencias condenatorias”, responde a petición expresa; es decir, nadie ha pisado la cárcel por delincuencia electoral en Jalisco.
En Guadalajara se concentra el 28 por ciento de toda la incidencia del estado con 39 casos. En los procesos del 2006 y 2012 en que se renovó la gubernatura, se denunciaron 21 y 35 delitos, respectivamente; en cambio, solo en la elección intermedia de 2009 fueron 62, más que en ese par de contiendas juntas.
Fondos del crimen
La reforma político-electoral trajo todo un nuevo esquema de persecución de la delincuencia electoral en el país. Con la Ley General en Materia de Delitos Electorales se homologaron en los estados los ilícitos y aumentaron las responsabilidades de sus gobiernos.
Uno de los cambios más trascendentes es que ahora la FGE debe investigar y combatir el financiamiento ilegal de los partidos, como el de empresarios que buscan futuras canonjías, o del crimen organizado, lo que no estaba previsto en el Código Penal.
El artículo 15 de la Ley sanciona con hasta 15 años de prisión al que “realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”; si hay campaña de por medio las penas se agravan.
La Federación actuará sólo en contiendas federales: si el delito tiene conexión con el extranjero, o el Instituto Nacional Electoral atrajo un proceso local, básicamente. De ahí en más es tarea estatal. Además, se plasmó en la Constitución como causal de nulidad de una elección que “se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”.
Para ello, cada entidad tendrá una Fiscalía Especializada en materia electoral, sobre ésta opina Héctor Díaz, titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco.
“Sí se necesita, la Fiscalía General no tiene un órgano especialista en perseguir delitos electorales, al contar con una fiscalía se profesionalizará la persecución de los delitos, un resultado básico sería eficacia en el perseguimiento de éstos; segundo, fortalecería nuestro sistema electoral”.
La Unidad reconoce limitaciones en su espectro de revisión financiera, pero dicha Fiscalía sí podría detectar flujos de recursos hoy fuera de su vista, incluso de organizaciones criminales.
> RI.– ¿Tienen indicios de que el crimen organizado financie a partidos políticos en Jalisco?
“No, no tenemos indicios, tenemos suposiciones, pero no indicios porque el gasto que revisamos se refiere al gasto que el IEPC otorga, si se entregan 100 pesos revisamos 100 pesos, adicionalmente el gasto privado que los partidos pueden recibir; por supuesto que no nos ha llegado que los propios partidos informen que han recibido recurso ilegal, tampoco hemos tenido quejas de ciudadanos que vengan a decirnos que los partidos están siendo sufragados por crimen organizado”.
> RI.- ¿Y de partidos?
“Tampoco de partidos”.
> RI.– ¿Sus suposiciones se deben a huecos legales por donde se da ese financiamiento?
“No, porque en el argot social se ha comentado, yo he escuchado que ciertos municipios donde hay posiblemente influencia de estos grupos (criminales) ellos por ahí merodean en las campañas y seguramente otorgan regalos u otorgan dádivas a los candidatos, hasta ahí dejo el comentario porque son comentarios que se escuchan y no sería yo el único depositario de este tipo de comentarios”.
Cuando los diputados ajustaron la legislación local a la reforma incluyeron en la Ley Orgánica de la Fiscalía General a la Fiscalía Especializada para delitos electorales; en cambio, la Fiscalía Especial para combatir la trata de personas que debería existir desde el 30 de diciembre de 2012, también por mandato legal, continúa en el olvido.
Unos especulan, otros piden prestado
El manejo financiero de los partidos políticos en Jalisco varía de uno a otro. Hay quien tiene el capital suficiente para buscar multiplicarlo con rendimientos comprando y especulando con títulos de inversión, otros piden préstamos bancarios para aumentar su bolsa.
El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Jalisco, por ejemplo, pudo destinar 101 millones 530 mil 308 pesos de su presupuesto a la compra de títulos de inversión en 42 operaciones del 2012 a junio de 2014.
En ese tiempo el PRI recibió del erario 247 millones 479 mil 396 pesos, incluyendo el fondo de campañas del 2012, así, el partido dirigió a la compra de títulos de inversión cuatro de cada 10 pesos que recibió del presupuesto, al menos en términos de equivalencia, pues tiene otros apoyos de militantes y simpatizantes.
Eso que el PRI usó para adquirir los títulos es cinco veces el ingreso público del PRD en 2014 (22.5 millones de pesos).
El CDE del PAN, en cambio, plasmó en su informe presupuestal 2012 -año electoral- que recurrió inclusive a un “préstamo bancario” por 2 millones 750 mil pesos.
Los partidos han tenido permitido -antes a la reforma incluso- invertir “en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año”.
“No estarían prohibidos, pero no sería su finalidad primordial”, apunta Héctor Díaz, director de la Unidad de Fiscalización, “siempre y cuando estén dentro de la legalidad del sistema bancario no creo que haya inconveniente, pero si los partidos reciben 100 pesos y están especulando con 50, entonces no están cumpliendo su labor constitucional ni cumpliendo con sus actividades, ellos tendrían que estar haciendo circular el recurso en pos (sic) de la realización de actividades; tendríamos que ver a detalle (las operaciones) para dar respuesta puntual porque en este momento no nos han informado de la compra de bonos bancarios o de acciones empresariales”.
