Este miércoles, y por unanimidad, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) acordó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicho recurso se presentará contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el que se determinó que las obras de infraestructura del Gobierno Federal serán consideradas de seguridad nacional.
Lo anterior se acordó durante una sesión ordinaria en la que tanto los comisionados como comisionadas coincidieron en que el documento viola los principios y derechos de transparencia en México.
Dicho documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre y analizado por los integrantes del INAI, quienes decidieron interponer la controversia constitucional.
Por ejemplo, la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, señaló que el acuerdo presidencial se traduce en un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura del Gobierno de México.
Agregó que tampoco abre la oportunidad de realizar alguna valoración caso por caso, lo que, dijo, está relacionado de manera directa con el ámbito de competencia del INAI.
Así, al interponer la controversia constitucional, busca evitar que las dependencias de la Administración Pública Federal se interprete y que se pueda reservar por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con proyectos y obras que el Gobierno de México lleva a cabo.
Además, los comisionados del INAI apuntaron que hay una posible transgresión al artículo sexto constitucional; en tanto, advirtieron que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información.
Lee: AMLO descalifica al INAI por controversia contra decreto que blinda megaproyectos
Tras analizar los alcances del acuerdo presidencial, el Pleno determinó ejercer este control constitucional para buscar que las dependencias y entidades reserven por seguridad nacional toda la información relacionada con los proyectos que el Gobierno lleva a cabo.
Por último, advirtieron que se corre el riesgo que la información sea bloqueada en estos proyectos, con base en el acuerdo, lo cual viola el derecho al acceso de la información.
