Incumple empresa TICSA contrato de San Pedro Net

La polémica empresa Thousand International Companies (TICSA) incumplió el contrato del proyecto de video-vigilancia San Pedro Net, que tiene un costo de más de 448 millones de pesos a pagar en un periodo de 10 años.

Una copia del contrato en poder de Reporte Indigo, fechado el 4 de julio de 2011, señala que la empresa contó con un plazo máximo de 12 meses para entregar el equipo y las instalaciones interiores y exteriores del proyecto.

Ese término concluyó la semana pasada y San Pedro Net todavía hoy no funciona.

El proyecto de contrato incluye la dotación tecnológica para los edificios de Seguridad en Díaz Ordaz y Valle Oriente, contemplados por el alcalde Mauricio Fernández desde el inicio de su administración, pero que no se han iniciado.

“En el caso de la instalación de los equipos en los edificios de Seguridad, podrá ser mayor si los edificios no presentan en concordancia con el calendario de entrega de equipos del desarrollador un mínimo de avance de obra”, se lee en la fracción III, octava cláusula, del contrato original celebrado con TICSA.

El Municipio puede solicitar a las autoridades judiciales la revocación del contrato si la empresa incumple estos términos, según el documento.

El director de Comunicación y Análisis del C4 de San Pedro, Francisco González Aleu, aseguró el pasado 31 de mayo a Reporte Indigo que para octubre próximo se instalarían 496 cámaras como parte de la fase 1 del proyecto, valuada en 175 millones de pesos.

Casi tres meses después de la fecha consignada en el contrato, el 27 de septiembre de 2011, el Cabildo de San Pedro aprobó la propuesta de adjudicar directamente la gerencia de San Pedro Net a TICSA bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP).

La propuesta incluyó la instalación de 110 kilómetros de fibra óptica, mil 120 cámaras de video-vigilancia, así como la adquisición de hardware y software especializado, y mantenimiento del equipo.

En el contrato se aprecia que el Municipio fue representado por el alcalde Mauricio Fernández, el síndico segundo Hiram Luis de León, y el ex secretario del Ayuntamiento y ahora virtual presidente municipal de San Pedro, Ugo Ruiz.

También aparece la esposa de presidente del PAN en San Pedro, Américo Ferrara, y directora de Adquisiciones del Municipio, Gilda Guajardo Garza, quien “tuvo a bien emitir un acuerdo por medio del cual aprobó la contratación de adquisiciones del equipo de vigilancia”.

TICSA fue representada por Fernando López Arrón, quien registró la empresa con un domicilio fiscal que corresponde a una vivienda popular y sin vinculación con una compañía que se presenta como de “tecnología de punta”, como reveló Reporte Indigo.

Las partes acordaron que en un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la celebración del contrato se constituiría un fideicomiso de administración y medio de pago para el proyecto.

Los beneficiados

A la hora de que el Municipio cerró el acuerdo con TICSA, tres empresas subcontratadas y una institución educativa se beneficiaron inmediatamente.

Estas son las empresas del ramo de las telecomunicaciones EMC2, CISCO y DVTEL, que operan en México y Estados Unidos, así como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“(TICSA) celebró con las empresas EMC2, CISCO y DVTEL S.A. de C.V. un convenio de participación conjunta (…) en el que asumen todas estas empresas la responsabilidad solidaria y mancomunada frente al Municipio para la ejecución del proyecto”, se lee.

González Aleu corroboró a Reporte Indigo que todas estas empresas habían sido subcontratadas para proveer fibra óptica y equipo de video-vigilancia, a excepción de CISCO.

En su lugar mencionó a un competidor directo: Alcatel-Lucent.

El acuerdo también indica que se celebró un contrato con la UANL para proveer a San Pedro Net de asesoría técnica durante los diez años que dura el proyecto, en concordancia con lo aprobado por el Cabildo sampetrino el 10 de junio de 2011.

“Se celebró un contrato de prestación de servicios (…) mediante el cual la Universidad prestará servicios de asesoría técnica por un plazo de 10 años”.

“Para que con ello se garantice la actualización periódica de los equipos, software y hardware y que sea la propia Universidad quien determine la periodicidad en cuanto a la reposición de los equipos”.

Proyecto público con intereses privados

La contratación de TICSA es incongruente porque no se consultó a la ciudadanía, asegura el abogado litigante Alberto Sada Robles, quien el pasado 21 de junio interpuso un amparo contra el proceso de adjudicación de San Pedro Net.

“En el juicio de amparo se hace valer que como requisito previo a la celebración de un contrato o a la adjudicación se debe de consultar a la ciudadanía”, insiste, “si le parece que se asignen 448 millones de pesos a un proyecto”.

Sada Robles argumenta en el juicio de amparo 458/2012 que el Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro 2009-2012 establece que se debe de fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero que los miembros del Cabildo no cumplieron con ese requisito y por eso el proceso se debe de suspender.

“Lo que hicieron fue sacar nada más de la esfera del Ayuntamiento y de los regidores y de las personas los contratos o las licitaciones, para que una persona lo haga en forma privada”.

Este jueves se celebró la audiencia incidental del juicio, a cargo del juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Héctor Pérez Pérez, quien resolverá si el proyecto se suspende.