La autoridad investiga a la directora del penal de Topo Chico, un funcionario y un celador tras la riña en que fallecieron 49 personas y resultaron 12 heridos.
La Procuraduría General de Justicia estatal reveló que los funcionarios de la cárcel de Nuevo León protegían a algunos reos quienes tenían el control del penal, entre ellos Iván Hernández Cantú, alias “El Credo”, quien tenía una celda lujosa.
Gregoria Salazar Robles, quien fungía como alcaide del centro penitenciario; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, que desempeñaba el cargo de Subcomisario de Administración Penitenciaria y José Reyes Hernández Aguilar, custodio del penal, son los otros funcionarios detenidos. A los presos se les permitía “deambular libremente día y noche” por el penal, en vez de estar en sus celdas.
A Salazar Robles y Domínguez Jaramillo se les imputaron los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, mientras que a Hernández Aguilar el de homicidio calificado.
Los tres fueron aprehendidos y sujetos a proceso penal tras el motín. 
