La alcaldía Benito Juárez mantiene las investigaciones realizadas a sus funcionarios por presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas en la opacidad.
Según el artículo 121, fracción XXVI, de la Ley de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, las investigaciones y auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de los entes públicos deben ser públicas en los mecanismos de transparencia oficiales.
“Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente: los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados; el número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó; número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y el seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado”, señala el marco legal referido.
No obstante, la alcaldía Benito Juárez no acata esta disposición legal y las mantiene en la opacidad.
Una revisión tanto a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la demarcación muestra que no se ha publicado ninguna investigación en 2018, 2019 y 2020.
Pese a que Benito Juárez no ha dado a conocer las investigaciones realizadas por su Órgano Interno de Control, existen otras fuentes con indicios de las irregularidades cometidas o de corrupción en los últimos años.
Por ejemplo, el Informe General de la Revisión de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México revela que tan solo en ese año Benito Juárez fue objeto de cuatro auditorías.
De acuerdo con el documento, como resultado de las cuatro investigaciones, se hicieron 17 recomendaciones de las que dos podrían derivar en promoción de acciones, es decir, son irregularidades por las que la Contraloría General de la Ciudad de México podría promover sanciones administrativas o penales.
Dichos ordenamientos tuvieron que ser atendidos por la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control de Benito Juárez, con objetivo de remediar las irregularidades cometidas en ese año.
Sin embargo, debido a que la información no está disponible y no se ha hecho pública, se desconoce el seguimiento que se les han dado a las sugerencias y sanciones que se impuestas a administraciones anteriores.
El incumplimiento recae en administraciones con representantes del PAN, ya que desde el 2000 han sido encabezados por políticos afiliados a partido albiazul.
