El mensaje de los pueblos indígenas en México ha tomado fuerza. La irrupción del Concejo Nacional Indígena y la vocera de su candidatura a la presidencia, María de Jesús Patricio, ha llevado a que en el presente proceso electoral se hable de esta comunidad que hoy representa 21.5 por ciento de la población total.
Sin embargo, la atención mediática en el proceso electoral no ha tenido el mismo impacto para la comunidad indígena en Jalisco. En la entidad se ha registrado una disminución importante en los recursos que se invierten para la infraestructura básica de esta población.
Este rubro, del que se encarga la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de esta entidad, contempla recursos para comunidades indígenas en donde la prioridad es que se realicen obras de comunicación terrestre –como puentes, caminos y carreteras–, obras de electricidad, agua potable, drenaje y saneamiento.
21.5
Los recursos se invierten en obras a partir de acuerdos gestionados con las instituciones de gobierno, en donde se busca que las comunidades indígenas que requieren de estos servicios básicos sean atendidos.
No obstante, en los últimos cuatro años se ha registrado una baja en el presupuesto que se invierte para esta problemática. De los 186.44 millones de pesos con los que se arrancó en 2013, las inversiones han caído de tal forma en que este 2017 sólo hubo obras que sumaron un total de 32.25 millones de pesos.
De 2013 a 2017 los recursos que se invirtieron en comunidades indígenas para su infraestructura mínima se redujeron de tal forma que entre estos dos periodos existe una diferencia de 154.19 millones de pesos.
Además, el año en que más se vio reflejada esta disminución en los recursos de infraestructura básica fue en 2014, donde sólo se invirtieron 142.57 mdp, es decir, se le destinó 43.83 mdp menos del presupuesto.
Los datos oficiales muestran que el destino de los recursos estatales ha ido paulatinamente reduciéndose para las comunidades indígenas, con bajas de hasta 40 millones de pesos anuales, según se observa en los montos destinados cada año.
No es la única muestra. También la Comisión Estatal Indígena (CEI), la única entidad gubernamental que busca dar servicios y apoyos a esta población, ha sufrido los últimos años con un presupuesto mínimo que poco alcanza para dar apoyo a las personas que se acercan al organismo que también depende de la Sedis.
Durante los últimos cuatro años el presupuesto otorgado a esta dependencia ha sido de alrededor de cinco millones de pesos, teniendo un ligero aumento en 2015, luego de que en 2014 se le dieran únicamente 3.7 mdp. Comparado con el grueso de gastos de la administración pública, el que se dedica a las comunidades es una muy mínima porción del presupuesto de egresos de cada año, es tan sólo 0.19 por ciento de lo que la CEI representa para el dinero público que recibe la Sedis.
En 2014, Reporte Índigo publicó la falta de apoyo para traducción y asesoría que enfrentaba la Comisión en el tema de las personas detenidas.
“Los indígenas por el simple hecho de carecer de recursos económicos o desconocer cuál es la función jurisdiccional, o por delitos leves, se encuentran recluidos. Esto es grave”, comentó entonces Ramón Chivarras López, miembro de la CEI.
En su organigrama oficial, disponible en la página de la dependencia, se puede observar el impacto de la falta de presupuesto, 22 de los puestos que se mencionan están registrados como “no habilitados”, en algunos sólo se muestra que a las coordinaciones pertenece el jefe del área pero no hay ocupación para los puestos auxiliares en la entidad, según la Encuesta Intercensal del 2015, el 11.12 por ciento se autodetermina como indígena en este estado.
En la entidad conviven wixárikas, nahuas, purépechas, chinantecos, otomíes, mazahuas, zapotecos, chatinos, mixtecos, mazatecas, tlapanecos, tepehuas, mayas, tzotziles, tarahumaras y zoques.
“Podemos decir que actualmente hay 54 formas diferentes de decir tortilla en esta ciudad, y eso no lo saben”, señaló en junio de 2017 el académico de la Universidad de Guadalajara e indígena zoque, Fortino Domínguez Rueda.
De los cerca de 7.8 millones de habitantes que hay en Jalisco, el 11.12 por ciento se autodetermina como indígena, según la Encuesta Intercensal del 2015
Las carencias saltan a la luz cuando se conoce el tema de las comunidades indígenas en Jalisco: el 30.49 por ciento de la población indígena entre los 3 y los 15 años no asiste a un centro de educación formal y tampoco cuenta con la educación básica obligatoria, o en el caso de quienes alcanzaron los 15 años y cuentan educación básica, en su mayoría no corresponde con el grado que deberían de tener para su edad.
El abastecimiento de medicamentos en la zona norte, específicamente en la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, fue uno de los temas que dio como consecuencia la destitución y señalamientos actuales a la Secretaría de Salud Jalisco en esta materia.
Obligados a huir
El 57 por ciento de los indígenas en Jalisco vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara, siendo Zapopan y la capital del estado los dos municipios con más población.
Una de las causas de este fenómeno de migración interna son los desplazamientos forzados, ya sea por el crimen organizado o la explotación industrial y empresarial en las zonas donde se desarrollan estas comunidades. Al verse inmersos en disputas por el territorio en donde las autoridades no brindan apoyo los pobladores se ven obligados a migrar.
Sobre este tema ya se ha pronunciado la Organización de las Naciones Unidas, luego de la visita de Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a finales de 2017, donde expresó la “seria preocupación” por este fenómeno de desplazamiento.
Las carencias de servicios básicos que deben brindarse por las autoridades y el asedio de los grupos criminales ponen a las comunidades indígenas como punto relevante de una agenda que se ha preocupado por estos de forma mediática y no en la realidad de las gestiones a nivel local.