A Isabel Roque Cortez, una mujer me´phaa, su esposo la asesinó a machetazos frente a su hija de siete años y su crimen continúa impune, al igual que otros cometidos contra mujeres indígenas.
Ella fue víctima de feminicidio el 7 de marzo de 2017 mientras estaba en su domicilio en la comunidad la Taberna, municipio de Malinaltepec, en la región de la montaña de Guerrero. A la fecha su agresor está libre
Su caso es uno de los 30 homicidios violentos contra mujeres indígenas que se han registrado en esa zona entre el 2014 y el 2018, de acuerdo con registros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Del total, la organización le da seguimiento a cuatro que son investigados como feminicidios.
“Nosotros consideramos que en estos lugares todavía son más vulnerables las mujeres. Especialmente porque todavía son pobres, porque vienen de comunidades indígenas, son monolingües, (solamente hablan su lengua materna) y aparte son mujeres que no tienen un nivel de escolaridad ni de primaria”, explica la abogada Neil Arias Vitinio.
Aunque en el estado de Guerrero hay ocho municipios donde se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde el 2017, algunos de ellos donde están asentadas estas comunidades, los crímenes en su contra no han disminuido y las fallas en las investigaciones continúanAunque en el estado de Guerrero hay ocho municipios donde se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde el 2017, algunos de ellos donde están asentadas estas comunidades, los crímenes en su contra no han disminuido y las fallas en las investigaciones continúan
“La fiscalía no inicia las carpetas por el delito de feminicidio y no sigue el protocolo de actuación en los casos de estas muertes violentas, lo cual tendría que hacerse para poder determinar y descartar varias cuestiones que son importantes.
“Desafortunadamente hay muchas cosas que siguen sueltas, no se recogen los indicios, las pruebas, todo eso, no se hace una investigación eficiente, no se acude al lugar de los hechos en el momento y se altera; eso ha pasado con estos casos en los que nosotros hemos intervenido, tarda mucho para que se lleven a cabo los peritajes”, cuenta Arias Vitinio.
La falta de personal capacitado y sensibilizado, de infraestructura y de herramientas que deben de tener los ministerios públicos para realizar un trabajo eficiente son algunos de los factores que provocan que los casos permanezcan impunes, dice la abogada que colabora con el centro de derechos humanos.
“El tema que también consideramos importante es la perspectiva de género y la pertinencia cultural, cosas que son importantes en esos casos porque nosotros aquí en la montaña trabajamos con población indígena”, relata.
En el caso de Isabel Roque, el que su feminicidio sea investigado bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual entró en vigor en agosto de 2016, no garantiza que haya justicia, pues aún no se ha librado ninguna orden de aprehensión contra su agresor pese a la crueldad con la que fue asesinada, dice la abogada.
“Fue muy brutal, muy consternante, porque en este caso el señor la mató a machetazos, primero le corta las manos, después le empieza a dar machetazos en la cara, en el cuerpo, ella se desangró, eso generó su muerte, su hija vio todo, ella por más que le decía a su papá que no le hiciera daño a su mamá el señor no hizo caso”.
Para la activista y comunicadora Frida Guerrera, los casos de las mujeres indígenas que son víctimas de feminicidio son aún más ignorados que el resto y existe una mayor probabilidad de que queden en la impunidad, pese a la saña con la que se cometen.
“Si las mujeres en general son o eran invisibles, el feminicidio en las zonas indígenas es totalmente impune, algún caso se llega a solucionar cuando de verdad quien está investigando toma interés y la comunidad se lo permite.
“Porque además de todo en las zonas urbanas y conurbadas tenemos dudas de las autoridades, pero en las comunidades indígenas es muy difícil que entre una autoridad, que le permitan salir o entrar si hay intereses de alguien que no quiera que se descubra qué pasó con determinada mujer”, asegura.
Frida hace diariamente un conteo hemerográfico de estos asesinatos y en lo que va del año tiene un registro de 45 feminicidios en las comunidades indígenas en todo el país, aunque difícilmente se sabe con certeza cuántas mujeres han muerto por estos delitos porque no se da aviso a las autoridades responsables para investigarlos, explica.
“Las pueden quemar, estrangular, pueden hacer mil cosas y simple y sencillamente no pasa nada”, asevera la activista.
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Impunidad, el común denominador
En la región de la Montaña de Guerrero, en el sur de México, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan da seguimiento a cuatro procesos judiciales por el delito de feminicidio de mujeres indígenas, pero en la mayoría no hay detenidos.
Incluso, algunos de los agresores viven todavía en la comunidad y las familias de las víctimas han sido amenazadas de muerte.
Uno de los casos es el de Florencia, del municipio de Acatepec, quien hablaba me´phaa (tlapaneco).
Ella tenía 24 años cuando su esposo la asesinó en julio de 2014 y a su pequeña hija la aventó contra una pared de adobe de la casa donde vivían, lo que le causó fractura de cráneo.
Aunque su caso es el primero en ser tipificado e investigado como feminicidio en la zona de la Montaña de Guerrero, no muestra avances, explica la abogada Neil Arias Vitinio, quien colabora en el centro de derechos humanos.
“En el 2015 sale la orden de aprehensión por el delito de feminicidio, es el primero en esta región de la montaña en el que se abrió un proceso penal por este delito, han habido casos aquí donde han privado de la vida a las mujeres, pero las averiguaciones o los expedientes han sido por el delito de homicidio”, explica.
El primer caso en ser tipificado e investigado como feminicidio en la zona de la Montaña de Guerrero se dio en el 2015 y destaca por los pocos avances que presenta
En este feminicidio la orden de aprehensión se dio contra cuatro individuos: su esposo y tres personas más que fueron cómplices. Aunque hace dos años el esposo ya fue detenido y está en proceso, faltan por ejecutar todavía tres órdenes de aprehensión.
Lo más sorprendente, dice, es que los tres agresores citaron a las víctimas indirectas, la mamá y la hermana de Florencia, en la comisaría para decirles que retiraran los cargos o las iban a matar.
Aunque se pidieron medidas cautelares para salvaguardar su integridad, no han resultado efectivas al cien por ciento.
“La Policía Estatal no va, al Municipio no le interesa darle la atención debida a la muerte violenta de una mujer, es un tema que pasa a segundo plano. El riesgo de que pueda pasar algo siempre está latente para las familias”, dice.
Otro feminicidio fue contra una mujer indígena náhuatl en el municipio de Ayotzinapa en el 2016. Su pareja le dio un disparo mortal cuando ella se encontraba con su niño en brazos.
Aunque el bebé resultó ileso, ella no sobrevivió a la agresión. La orden de aprehensión contra su atacante tampoco ha sido cumplimentada.
La mayoría de las familias de las víctimas de feminicidios indígenas son personas que no tienen recursos económicos y se dedican a la siembra y a la cosecha de maíz en sus comunidades debido a que no tienen otra fuente de ingreso. Esas son sus condiciones de vida, explica la abogada.
Mujeres indígenas relegadas
En las zonas indígenas el papel de las mujeres está relegado a un segundo plano.
“Regularmente en las asambleas, en las reuniones, quienes participan son los hombres. El hombre es el que vota, la mujer es la que tiene que dedicarse a los quehaceres del hogar, al cuidado de los hijos. Es muy complicado que las mujeres puedan tener cargos comunitarios importantes” comenta la abogada.
Aunque Arias reconoce que hay municipios donde hay síndicas, directoras del Instituto municipal de la mujer y presidentas municipales, tienen obstáculos por su género que les complican su labor.
Pero lo más grave es cuando las mismas mujeres en posiciones de poder tienen situaciones de discriminación y prepotencia hacia otras, lo cual también suele ocurrir en los ministerios públicos.
“Esta situación no solo es de la Montaña de Guerrero o de las zonas indígenas en el país, sino a nivel general, porque aún vivimos en un sistema patriarcal”, dice Neil Arias.
Denunciar un feminicidio ante las autoridades no basta para tener acceso a la justicia, pues en la mayoría de los casos, aunque se sepa quién es el agresor, los responsables de garantizar la seguridad de la ciudadanía no cumplen con la labor que les corresponde
Crímenes invisibles
La mayoría de los feminicidios que se cometen contra mujeres indígenas no suelen ser investigados debido a que muchas veces ni siquiera se informa a las autoridades correspondientes, ya que es común que las comunidades se rijan por usos y costumbres, dice la activista Frida Guerrera.
“Depende de las zonas. En Chiapas, cuando se llega a hallar el cuerpo de una niña o una mujer asesinada en estas comunidades no permiten que se le practique una necropsia, obviamente esto no ayuda a arrojar algún dato de prueba que ayude o haga algo. Ellos llegan, simplemente se llevan los cuerpos, los sepultan y ya”, explica.
Las investigaciones por lo general son poco comunes y los feminicidios en las zonas indígenas quedan totalmente impunes.
Los casos que se llegan a solucionar son aquellos en los que de verdad quien está investigando toma interés y la comunidad se lo permite, platica Frida Guerrera
“Simplemente no dejan que haya una investigación, el tema está invisible. Nosotros tenemos el caso de Karina, la chiquita que dejaron abandonada en la carretera México-Puebla, el 16 de abril de 2016 y es un caso en el que hasta la fecha no hay un detenido porque su madre es una indígena cien por ciento”, relata la activista.
Karina solo tenía 13 años al momento de desaparecer y su mamá casi no hablaba español. Aunque la menor estaba reportada como desaparecida, las autoridades hallaron su cuerpo y erróneamente informaron en los datos que era el cuerpo de una mujer de 30 años, probablemente prostituta por la zona en la que lo encontraron, y a los tres días lo sepultaron en una fosa común.
Frida dice que solo con el acompañamiento de organizaciones o defensores, los familiares –llamados también víctimas indirectas– logran presionar a las autoridades y hacer justicia. En el caso de Karina, aún se espera que se detenga a su asesino.
“El feminicidio en las zonas indígenas es algo que no se habla”, reitera.
De acuerdo con los registros de Frida Guerrera, los estados donde más han ocurrido feminicidios de mujeres indígenas son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, el Estado de México (en sus comunidades aledañas a Toluca), y Puebla. Aunque también hay casos en regiones del norte como en Chihuahua
Aunque estos crímenes son más visibles ahora que en años pasados debido a los medios de comunicación locales y a las redes sociales, Frida señala que los feminicidios de mujeres indígenas se han incrementado.
Para la activista, el discurso que ha mantenido el actual gobierno no ha pasado a las acciones, y figuras que generaban gran expectativa como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no ha logrado frenar la crisis de violencia que viven las mujeres en el país.
Aunque el Gobierno federal dé cifras del número de carpetas que se abren por mujeres asesinadas, el que personajes como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no se refiera a feminicidios, sino a homicidios de mujeres, para Frida representa un retroceso de por lo menos 10 o 15 años en el discurso.
Para combatir los feminicidios contra esta población, deben de colaborar dependencias como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de Asuntos Indígenas y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), finaliza.
Las investigaciones por casos de feminicidios en las zonas indígenas suelen ser poco comunes, especialmente porque muchas de éstas se rigen por usos y costumbres, por lo que generalmente las agresiones quedan impunes
