Indígenas, olvido y exclusión
El impacto de la falta de infraestructura básica para las comunidades indígenas es motivo de exclusión social y violación a sus derechos humanos, reconoció el gobierno de Jalisco en una reciente publicación del Periódico Oficial del Estado
Jonathan ÁvilaLa escasez de recursos para la infraestructura básica de las poblaciones indígenas se mantiene para este año en Jalisco. A pesar de la caída que ha tenido este rubro presupuestal local en el último lustro, para este 2018 se mantiene una cifra similar a la ejercida en 2017.
Reporte Indigo publicó el pasado primero de marzo que en los últimos cuatro años hay una brecha de 154 millones de pesos de diferencia, a la baja, en los recursos que se invierten para los servicios básicos de los pueblos indígenas, como agua potable y alcantarillado, saneamiento y electricidad.
La falta de atención al 11.12 por ciento de la población que se autodenomina como indígena en la entidad también tiene un impacto importante. En el último número del Periódico Oficial del Estado de Jalisco se publicaron los ‘Lineamientos generales para la operación de la estrategia estatal denominada infraestructura básica indígena’, donde esto se reconoce.
“Este tipo de carencias a bienes y servicios vienen acompañadas de una serie de limitantes de acceso, sobre todo de tipo cultural y geográfico que han conducido a situaciones de exclusión social en distintos contextos”.
Uno de los puntos más importantes a destacar en el tema del rezago de las comunidades indígenas, es que este grupo poblacional se encuentra entre los que menos recursos tiene, incluso en cuanto a los medios para acceder a servicios que hoy deben ser adquiridos de forma privada.
De tal modo que es importante poder dotar a esta población de los medios básicos para poder vivir. Así, el gobierno estatal reconoce que en Jalisco se tienen identificadas una serie de localidades en donde habita un alto porcentaje de población indígena que son definidas, en su mayoría, como de alta y muy alta marginación.
Por eso es que la existencia de estos rubros presupuestales es básico, porque genera mecanismos que “contribuyan a mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional”. En el documento oficial se destaca el tema de la conectividad.
“Las regiones identificadas como indígenas presentan niveles de conectividad vía terrestre bastante bajos. Un ejemplo de ello es la Región Norte que presenta baja conectividad carretera entre los municipios”, se lee en los lineamientos.
Población marginada
Para este año se tiene una población objetivo de 18 mil 415 personas, con un presupuesto de cerca de 32 millones 249 mil 227 pesos, de los cuales el 2 por ciento se destinará a la operación, difusión y evaluación del mismo.
Las localidades indígenas que serán consideradas solamente son las de los municipios del interior del estado, es decir, la estrategia sólo será llevada a cabo en Bolaños, Cuautitlán de García Barragán, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Villa Purificación, Tuxpan, Villa Guerrero, Zapotitilán de Vadillo y Chimaltitán.
Los proyectos contemplan la realización de caminos rurales, electrificación, la instalación de agua potable y drenaje, los cuales serán llevados a cabo por medio de la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y ejecutado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
Aunque también se requiere de la responsabilidad y actuación de los gobiernos municipales, teniéndose como requisito para ser elegidos el que los presidentes municipales realicen oficios de solicitud.
A pesar de este panorama, las ayudas han ido a la baja, como ya lo publicó Reporte Indigo. Esta baja en los recursos también es reconocido como causa de las condiciones de exclusión.
Rezago
Las localidades indígenas consideradas este 2018 por el gobierno estatal solamente son las de los municipios del interior de la entidad
Bolaños
Cuautitlán de García Barragán
Huejuquilla el Alto
Mezquitic
Villa Purificación
Tuxpan
Villa Guerrero
Zapotitilán de Vadillo
Chimaltitán
Violaciones a los derechos humanos
Para instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el que las comunidades indígenas se vean privados de los servicios mínimos que deben proveer los gobiernos constituye fallas graves a sus derechos humanos, señaló el primer visitador, Eduardo Sosa Márquez.
El acercamiento de este organismo con las comunidades indígenas ha permitido conocer de primera mano el impacto de estas disminuciones presupuestales, incluso en otras materias, como la falta de medicamentos y acceso a los servicios de salud, por la lejanía entre las comunidades que habitan los indígenas de Jalisco y los espacios en donde se encuentran los hospitales y clínicas donde el gobierno municipal y estatal proveen de estos servicios.
“Identificamos que en la zona sur del estado, en cuanto a la delimitación territorial en Jalisco, y ello llevaba a los vacíos para el otorgamiento de los servicios por parte del estado, porque no había la certeza de cuáles eran los estados a los que les correspondía la atención de las necesidades que se encuentran en las colindancias de los dos estados (Jalisco y Colima)”, expresó Sosa Márquez.
Aunque en fechas recientes no ha habido quejas al interior de la CEDHJ por este problema, sino que la falta de servicios y recursos para dichas inversiones aparece en los informes y entrevistas sobre las quejas como un problema colateral de las afectaciones.