El indulto a Emilio González

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”1_5xesez5y” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La Cámara de Diputados libró al ex gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, de ser procesado dentro de ocho casos de juicio político promovidos en su contra. En ellos se denunciaban varios de los episodios más oscuros de su mandato 2007-2013.

Esos expedientes contra el ex funcionario forman parte de un paquete de 109 denuncias de juicio político que fue desechado por la Subcomisión de Examen Previo el 1 de marzo de 2017, de acuerdo con información obtenida por Reporte Indigo de la Cámara con el recurso de revisión RRA 4865-17.

El panista fue denunciado ante los legisladores federales por acciones como haber vulnerado el Estado Laico con la cercanía extrema que mostró a la jerarquía católica y al cardenal Juan Sandoval Íñiguez cuyos proyectos constructivos incluso intentó financiar con el erario.

También se le denunció por los efectos perniciosos del conservadurismo de su mandato, en el que se opuso a los métodos anticonceptivos, a reconocer el derecho de la mujer al aborto, y aun a sujetarse a la NOM-046- SSA2-2005 para mujeres violentadas, que impugnó por prever la interrupción del embarazo en casos de violación.

Además de otros hechos que marcaron para mal a su gobierno como el “desvío” de recursos en los Juegos Panamericanos, las ofensas a sus críticos, el desalojo con fuerza pública de posesionarios en el área de la playa de Tenacatita, en La Huerta, y la promoción de su imagen con campañas mediáticas financiadas con recursos públicos.

Todos esos casos denunciados que pesaban sobre el panista han quedado en impunidad, pues terminaron desechados por los legisladores federales bajo la figura de la prescripción, sin haber sido antes siquiera investigados.

Promoción personal

La actuación de Emilio González Márquez que más denuncias de juicio político generó en su contra, con tres, fue el uso de campañas mediáticas financiadas con el erario para promocionar su imagen personal.

La primera ocurrió el 8 de febrero de 2008 y el denunciante fue de Javier Guízar Macías, entonces presidente del PRI Jalisco, por “mensajes propagandísticos” en radio y tv con la imagen y voz del panista. De acuerdo con la queja “violó la Constitución al prohibirse tajantemente que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social incluya nombres, imágenes, voces o cualquier símbolo que implique promoción personalizada”.

La segunda data del 25 de mayo de 2009, el nombre del denunciante se reservó pero consigna que el panista aprovechó la contingencia de la influenza AH1N1 para promocionarse en medios emitiendo consejos sanitarios. Lo acusa de abuso de autoridad y propiciar “un clima desigual en el marco del proceso electoral”.

En la tercera, del 31 de enero de 2011, Fundación FIND y Conciencia Cívica denunciaron la campaña en radio y tv nacional con la que el panista promovió su cuarto informe de gobierno.

La caída del Estado laico

La segunda causa con más denuncias de juicio político contra González Márquez, con dos, fue su maridaje con la jerarquía católica a la que entregó 30 millones de pesos (millones de pesos) para la obra del Santuario de los Mártires –de 90 mdp totales-, que luego tuvieron que ser devueltos por la enorme molestia social que suscitó.

La primera denuncia por la decisión de ceder 90 mdp al Santuario data del 2 de mayo de 2008, y es de organizaciones civiles que también objetan ahí la entrega de otros 15 mdp al Banco Diocesano de Alimentos difundida el 25 de abril de 2008, sobre la que apuntan:

“Donación que se realizó ante la presencia de Sandoval Íñiguez el cardenal, pero además el gobernador denunciado en sus declaraciones hasta les ‘mienta la madre’, es decir, injuria a los medios y a todos los que se han manifestado en contra”.

“Emilio González, hoy en funciones de gobernador, está violando el principio constitucional del carácter laico del Estado Mexicano”. Una segunda denuncia del 30 de mayo de 2008, promovida por Conciencia Cívica, versa también sobre esos primeros 30 mdp entregados al Santuario.

Juegos Panamericanos

El uso opaco y discrecional de fondos públicos para los Juegos Panamericanos 2011 que dejó un boquete de 3 mil 200 mdp en las arcas estatales también ameritó una denuncia de juicio político contra el panista del 17 de de enero de 2013, por un ciudadano cuyo nombre fue reservado.

“Se le reclama la afectación al orden público, ya que sustrajo de otras partidas presupuestales mil 400 mdp, sin ser plenamente justificados para el pago de proveedores de los Juegos Panamericanos, afectando los programas establecidos en cada partida”, señaló.

Tenacatita

El desalojo judicial promovido por la Inmobiliaria Rodenas en la playa de Tenacatita en 2010, pero asistido por policías estatales, le generó otra denuncia de juicio político al panista el 28 octubre de ese año por los diputados federales que indagaron esos hechos.

“El 4 de agosto del presente año se ejecutó el desalojo violento de los propietarios y turistas del predio El Divisadero, y de los posesionarios de la zona federal Bahía de Tenacatita, afectando aprox. a 800 personas”, señala.

Lo acusan también de omiso por no haber actuado para “la restitución de la carretera que conduce a la zona federal la Bahía de Tenacatita, como al acceso a la playa de la misma zona”.

Política anti-mujer

Las políticas de conservadurismo extremo del panista, particularmente desfavorables para la mujer, merecieron otra denuncia de juicio político del 25 de junio de 2009, por un grupo de legisladoras como Aida Arvizu Rivas y Martha Tagle Martínez.

Ahí le atribuyen violaciones a la Constitución y a diversas leyes por su rechazo e impugnación a la NOM-046-SSA2-2005 que obliga a los hospitales públicos y privados a efectuar abortos en casos de violación; y su oposición a la promoción del condón.

También porque apoyó la aprobación de la iniciativa de la Asociación Mexicanos por la Vida de Todos, que “implica la penalización incluso del aborto terapéutico (cuando está en riesgo la vida de la gestante) o cuando el embarazo es producto de violación”.

Denuncias de juicio político contra el exfuncionario

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Fuente. Cámara de Diputados Recurso RRA 4865-17