INE aprueba de facto fiscalización
El Consejo del INE aprobó los dictámenes de fiscalización aun cuando algunos consejeros señalaron irregularidades en la manera en la que se analizaron los gastos. La contratación de espacios propagandísticos en redes sociales fue una de las principales controversias
Eduardo BuendiaPese a las irregularidades en los dictámenes de fiscalización de las recientes elecciones, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los proyectos de resolución de los dictámenes de fiscalización.
En total, el Consejo General analizó 435 quejas relacionadas con el tema de fiscalización de las votaciones del 1 de julio, tanto de carácter federal como local.
Un ejemplo de las irregularidades mencionadas por consejeros electorales, es la subcontratación de empresas que se dedicaron a la publicidad de candidatos en redes sociales e internet al no informar la ruta exacta de cómo fue que se dio la compra de la propaganda.
Estas subcontrataciones fueron catalogadas por la consejera Pamela San Martín como “cajas negras” en las cuales no se entregaron las facturas para comprobar los pagos por la publicidad en redes sociales, faltando a la norma de que cuando un partido político subcontrata a una empresa, esta debe presentar a su vez las facturas que respalden pagos para el fin primario de propaganda.
Durante la sesión fueron constantes las votaciones en contra de los consejeros Pamela San Martín, Dania Ravel y José Ruiz
En el punto 1.1 de la orden del día, que trató de una queja sobre la fiscalización presentada por el representante del PAN, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en contra de la Coalición Todos Por México, que abanderó a José Antonio Meade en la elección a la Presidencia, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña consideró que existía una irregularidad en torno a las facturas presentadas por el bloque de partidos que no fue clara desde su inicio hasta su destino.
“Se nos dice: es un conjunto de propagandas donde algunas sí y otras no se cobraron. Como autoridad debemos saber exactamente: un contenido en una plataforma se cobró o no, nada de que entró un paquete de propaganda por otro partido, nada de que entró en paquete junto con otras empresas.
“Creo que hay área de oportunidad en cuanto al reglamento de fiscalización para que seamos más claros y estrictos para que cuando haya contratación de terceros tengamos la claridad absoluta del flujo de lo que se pagó por cada contenido. Si no sí van a existir lo que se ha llamado aquí, las llamadas cajas”
Al respecto, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE respondió que la reflexión tanto de los consejeros Ruiz Saldaña y Pamela San Martín era desvirtuar la labor de la Unidad Técnica de Fiscalización.
“Ya no sé si aquí confundan las cajas negras con las cajas chinas para desvirtuar un trabajo bien hecho. Hay algunas cajas negras por cierto muy virtuosas como las de los aviones que permiten reconstruir lo que pasó. Y yo en ese sentido creo que el SIF (Sistema Integral de Fiscalización) es una caja, que cuando uno se mete a trabajar en ella encuentra la información, si la quiere encontrar y si lo sabe usar (…)
“Estamos ante una queja por gasto no reportado, qué es lo que hace el partido cuando se defiende, presenta una factura que cargó al SIF. Nos dicen si esa factura cumple lo del reglamento, se tiene acreditado si pagó a la empresa después. Pues eso está en el dictamen. La litis se cierra cuando se acredita el pago”, señaló Murayama.
Conforme avanzó la sesión del Consejo General fueron constantes las votaciones a favor de los dictámenes y sus proyectos de resolución. Los consejeros que votaron en contra en la mayoría de los dictámenes fueron Pamela San Martín, José Roberto Ruiz Saldaña y Dania Ravel Cuevas, quienes argumentaron de manera reiterada su inconformidad con las irregularidades presentes en cada análisis de fiscalización. En una de sus intervenciones, la consejera Pamela San Martín señaló que la tarea de fiscalización por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización fue insuficiente e incompleta, pese a haber contado con más recursos y con mil 200 personas para realizar sus labores.
“En vez de investigaciones robustas y homogéneas que permitan arribar a conclusiones claras sobre las denuncias presentadas, en su gran mayoría los procedimientos y las quejas dan cuenta de un trabajo enorme del personal a cargo, pero que redunda en investigaciones insuficientes o incompletas”
Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños difirió a la reflexión de la consejera San Martín, al asegurar que las investigaciones en tema de fiscalización el INE fue igual de riguroso como en la organización de las elecciones.
“No puedo acompañar la reflexión en el sentido en que hemos sido rigurosos en unos temas y no en la fiscalización, creo que las investigaciones se han hecho en función de los elementos que se han presentado junto con las quejas”, expresó Baños Martínez.
PRI, el más multado
Como resultado de la fiscalización que hizo el INE de las elecciones del 1 de julio, el consejero Ciro Murayama informó en una entrevista que se tienen previstas sanciones por 872.6 millones de pesos, siendo el Partido Revolucionario Institucional el que más monto tendrá que pagar por faltar a las normas fiscales en el tema electoral.
El PRI deberá pagar por sanciones 186 millones de pesos, que equivalen al 21.3 por ciento del total. Le sigue Morena con 139.6 millones; el Partido Verde Ecologista de México con 107 millones y el PT con 100.2 millones.
El PAN sería multado con 89 millones de pesos y sus aliados a nivel federal, Movimiento Ciudadano y el PRD recibirían sanciones por 36.8 y 66.9 millones, respectivamente.
El Partido Encuentro Social y Nueva Alianza, que corren el riesgo de perder su registro por no conseguir el 3 por ciento de los votos en las elecciones a nivel federal, tendrían que pagar multas por 74.4 y 28.4 millones de pesos, de manera respectiva.
El consejero Murayama también detalló que otros 44 millones 199 mil pesos podrían ser de sanción para partidos locales.
De los 872 millones de pesos por sanciones, 296 millones 451 mil pesos corresponder a dictámenes federales, mientras que 532 millones de pesos se refieren a dictámenes de carácter local.
+872
De los 435 proyectos de queja que se tuvieron, 90 de ellos se encontraron fundados, es decir que tendrían una sanción en las que impactarían los casi 900 millones de pesos que se tenía previsto por multas.
