Aunque la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la entrega de “monederos electrónicos” que promueven el voto a favor del candidato presidencial Ricardo Anaya, el coordinador de asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Jorge Lumbreras, señaló que aún se investigan las denuncias realizadas por hechos relacionados con las mismas.
La Comisión, con la oposición de la consejera Pamela San Martín, consideró que las tarjetas, que ofrecen mil 500 pesos mensuales a sus poseedores en caso de que Ricardo Anaya gane la presidencia, son una forma valida de propaganda.
Por su parte, Jorge Lumbreras dijo que la Fepade analiza una denuncia, que se recibió vía anónima, en la que se presentaron elementos para corroborar que la ciudadanía es invitada a ser promotora del voto a favor de Ricardo Anaya a cambio de mil 500 pesos mensuales, en lo que parecería ser parte de la promoción de las tarjetas de Ingreso Básico Universal (IBU).
El coordinador de asesores aseguró que hasta el momento no se puede prejuzgar si es un delito o no, por lo que será analizada por ser materia electoral y determinar si la conducta afecta el proceso electoral.
La queja por la repartición de tarjetas fue presentada por Morena, quien considera que con la entrega de las mismas se incurre en compra y coacción del voto pues, incluso algunas, ya fueron entregadas en domicilios particulares con el nombre de los inquilinos sin que la solicitaran.
Ya les llegó su tarjetita de cartón, que nos manda el honorable candidato Anaya. ???
Esto debo tomarlo como compra de voto ?.1500 pesos al mes, se vaya a quedar pobre.? #Elecciones2018 pic.twitter.com/nB8d6dGR5J
— Andrea ?? (@andyrosfar) 23 de junio de 2018
Por su parte, Lumbreras señaló que tras la denuncia recibida se iniciará la carpeta de investigación relacionada con el IBU.
“Lo que procede es investigar cuales son los hechos, es decir; modo, tiempo, lugar, y eso contrastarlo con la legislación para saber en un tercer momento si eso es un delito o no lo es”, precisó.
Para la consejera San Martín, el uso de estas tarjetas sí atentan con la libertad del sufragio pues son una forma de presionar y coaccionar el voto, además de que durante la sesión recordó que el año pasado el PAN reportó el uso de las tarjetas rosas que repartió el PRI en el Estado de México y ahora “incurre en las mismas prácticas”.
