En vísperas del mayor desafío en su historia, el desprestigio y la crisis de credibilidad que vive el INE ponen en entredicho la actuación del órgano electoral y desde ahora se vislumbra que las decisiones fundamentales que deberá tomar en los próximos meses serán cuestionadas y pasarán por un amplio escrutinio.
En los últimos meses el INE se ha visto envuelto en diversas polémicas como su papel omiso en los recientes procesos electorales en Coahuila y el Estado de México, la controversia por la remodelación de su sede central o el encubrimiento institucional ante las denuncias de acoso sexual y laboral de un alto directivo.
En 2014 tras la creación del INE (anteriormente IFE), el Consejo General anunció un proyecto para modernizar sus instalaciones, en el cual se contemplaba no sólo la remodelación de su actual sede sino la construcción de dos torres nuevas.
Los cuestionamientos comenzaron cuando se dio a conocer el monto proyectado de la obra, el cual ascendía a 1 mil 100 millones de pesos, un gasto visto como innecesario.
Finalmente en 2017, después de que otras dependencias anunciaran políticas de austeridad, el INE se vio presionado para cancelar la obra y regresar los recursos a la Secretaría de Hacienda, aunque antes emprendió una campaña para defender la conveniencia del proyecto.
A mediados del año pasado, Reporte Indigo dio a conocer el excesivo gasto que representa para el INE el pago a los asesores de los Consejeros, que tan sólo en 2016 recibieron 8.9 millones de pesos, destacando el caso del coordinador de asesores de Lorenzo Córdova que tuvo un sueldo de 205 mil pesos al mes durante ese año.
Los cuestionamientos hacia el Instituto llegaron a niveles alarmantes tras el proceso electoral de 2017, sobre todo por los señalamientos de una respuesta tibia por parte del órgano ante las diversas denuncias de irregularidades, sobre todo en los comicios de Coahuila y el Estado de México.
A pesar de que los consejeros prometieron una fiscalización estricta e imparcial sobre el proceso, las anomalías detectadas por el INE no tuvieron repercusiones directas, aún con la evidencia de las inconsistencias, no hubo sanciones para indignación de sectores sociales y políticos.
Las denuncias de hostigamiento sexual también llegaron hasta el corazón del INE cuando una investigación periodística exhibió a finales de 2017 una denuncia de una extrabajadora del instituto que señalaba al entonces director del Secretariado del INE como responsable de violencia sexual y hostigamiento laboral.
En la investigación se puso en evidencia cómo la denuncia llegó hasta las manos del presidente del INE, Lorenzo Córdova sin que el funcionario o la institución intervinieran en su defensa.
Fue hasta el pasado domingo 4 de marzo que el INE anunció una suspensión provisional en contra de Jorge Lavoignet, presunto responsable del acoso para continuar con el correcto desahogo del procedimiento.
Ya en este proceso electoral, algunas decisiones del INE se han puesto en entredicho, desde la implementación de una aplicación móvil deficiente para el proceso de recolección de firmas de los aspirantes independientes, hasta la prohibición -ya revocada- a que los precandidatos pudieran debatir en el periodo de intercompañía.
A esto se suma el enfrentamiento con el Tribunal Electoral por el conteo de los votos el día de la elección.
Sí hay disminución de confianza
La sociedad desconfía cada vez más del Instituto Nacional Electoral, reconoce el ex Consejero Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, aunque a su juicio esta pérdida de confianza no es exclusiva del órgano electoral, sino parte de un fenómeno que se extiende a gran parte de los órganos públicos en el país.
Ugalde comparte la percepción de que el Instituto puede haber actuado con mayor firmeza en algunas de sus atribuciones, pero enfatiza el hecho de que dada la legislación electoral actual, el margen legal con que cuenta es estrecho, y si a eso se le aumentan los cuestionamientos sistemáticos de la clase política, se complica la labor del INE.
“El INE y el Tribunal deben contribuir a la certeza, pero también están acotados por lo que dice la ley. Claro, en ocasiones pueden ser más contundentes, dar un manotazo en la mesa y crear condiciones de más orden pero creo que el problema original es la legislación y el comportamiento oportunista de la clase política”.
“Siempre han habido cuestionamientos de los jugadores hacia la autoridad electoral respecto a las decisiones que toma el INE, eso es recurrente, sí ha incrementado pero no necesariamente es atribuible a que el INE actúe incorrectamente. Muchas veces es parte de una táctica de campaña, el quejarse y acusar”, señala.
Por su parte, el ex Consejero Electoral Jaime Cárdenas asegura que lo mejor que puede hacer el INE para contrarrestar los cuestionamientos es transparentar sus procesos de fiscalización y sus decisiones en el presente proceso electoral.
“Lo que esperamos es que las autoridades electorales, tanto el INE como el tribunal electoral realicen su función de manera independiente, imparcial, que resuelvan conforme a derecho, sin violentar derechos políticos de ningún participante en el proceso electoral”, declara.
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