Luego de que este jueves se dio a conocer que la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) citó a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el órgano electoral informó que el citatorio “no constituye, de ninguna manera, una situación extraordinaria”.
Expuso que de manera rutinaria la autoridad electoral emplaza a todas las partes denunciadas, en este caso funcionarios públicos, y generalmente “las partes involucradas atienden estos citatorios a través de sus oficinas jurídicas y es posible que, inclusive, las desahoguen por escrito”.
Esto después de trascender que el Ejecutivo Federal, así como la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, estaban llamados a responder el citatorio de la investigación contenida en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019 de la Unidad Técnica de lo Contencioso.
Las comparecencias de los denunciados, en una queja ante el INE, son un procedimiento de rutina. El Presidente López Obrador no es el primero en ser citado por algún caso; antes, Calderón y Peña Nieto comparecieron a través de sus áreas jurídicas. pic.twitter.com/uMKcaAhpmL
— INE (@INEMexico) 27 de septiembre de 2019
Citatorio que se dio tras la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de AMLO y diversos funcionarios denominados Servidores de la Nación.
Ello por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante la indumentaria y accesorios como chalecos, gorras, mochilas y gafetes, utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales.
A través de una nota informativa, el INE dio a conocer que el 17 de agosto pasado la Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedente la adopción de medidas cautelares que ordenaron la suspensión inmediata del uso del nombre del presidente en dicha indumentaria y accesorios.
Finalmente, señaló que, al día siguiente, la medida fue acatada públicamente por el titular del Poder Ejecutivo, sin embargo es obligación legal de la Unidad Técnica de lo Contencioso seguir el curso de la investigación, independientemente de la adopción de medidas cautelares.