El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado, por considerar que la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.
Mediante un comunicado, el órgano electoral aseguró que la reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, “con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades”.
Además se pone en riesgo el que expida millones de credenciales para votar gratuitamente; fiscalice los recursos de los partidos políticos y las candidaturas y monitoree las transmisiones de radio y televisión.
En noviembre pasado, el Consejo General del INE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019 más bajo de su historia, “manteniendo así su política de austeridad y sensibilidad social”, informó.
En dicho anteproyecto, especificó, se previeron reducciones a las remuneraciones reales netas de las y los consejeros electorales, así como de funcionarios de mando de primer nivel, “cuidando en todo momento que se cumpliera con las disposiciones constitucionales y legales aplicables”.
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en el que contempló una reducción de 950 millones de pesos con respecto a lo solicitado.
La disminución adicional de recursos a la autoridad electoral por parte de la Cámara de Diputados ocurre en un contexto de aumento del gasto público: en términos nominales el Presupuesto de Egresos aumentó en 2019 en 10.6% respecto a 2018, y en términos reales, descontando la inflación, el incremento fue de 5.6%.
Por tal motivo el INE tomó la decisión de promover ante la SCJN una controversia constitucional en contra del PEF, “por la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto que se deriva del recorte presupuestal”.
El INE consideró que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria que lo impida del ejercicio de sus funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal.
En la controversia constitucional se plantea la invasión a la esfera competencial del INE por parte de la Cámara de Diputados, al establecer aspectos inherentes a las condiciones de trabajo de los servidores públicos, las cuales se rigen por lo que establece la ley electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.
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