La chequera, al INE

Para evitar el desastre del sistema de fiscalización de las elecciones, los partidos políticos han pedido que el INE se haga cargo de la chequera.

Después de las fallas que quedaron al descubierto en la fiscalización de los gastos de las elecciones de este año, algunos partidos han pedido que sea el INE quien pague directamente a los proveedores y así no solo se eviten errores en la contabilidad y en la justificación de gastos, sino se evite la entrada de dinero ilícito a las campañas.

La Ley General de Partidos Políticos contempla que si un partido lo decide, puede dejar en manos del INE el pago de sus gastos de precampaña y campaña.

La propuesta de la Oposición va en el sentido de que esto se aplique de forma obligatoria a todos los partidos y no sea solo opcional, para garantizar que haya piso parejo para todos.

Este lunes, el INE aprobó los informes de fiscalización de las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Y lo hizo frente a los cuestionamientos de todos los partidos políticos por el cambio de reglas después de las elecciones, así como otras fallas que fueron reconocidas por los propios consejeros.

Representantes de algunos partidos pidieron entonces que el INE no les entregue el dinero directamente para la administración de los gastos de campaña, sino que el Instituto sea directamente el que lo ejerza y lo contabilice, para evitar un mal manejo de recursos y errores en la fiscalización.

La revisión de los gastos de campaña se perfila para ser el tema más espinoso en la elección del 2018, en la que se renovarán no solo los poderes federales, sino que habrá elecciones locales en 30 estados –en 9 de ellas se elegirá nuevo gobernador-.

Toda esta discusión se da en medio de la inconformidad por la labor de los consejeros electorales. Ayer, Emilio Álvarez Icaza y otros, pidieron la renuncia de los consejeros por considerar que el INE actúa sin independencia, por lo que ha perdido su carácter ciudadano y su capacidad de garantizar elecciones limpias.

La fiscalización, en duda

A partir de la reforma político electoral del 2014, el INE está obligado a fiscalizar todos los gastos de las campañas tanto locales como federales.

En procesos federales, el INE otorga dinero a los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias, además de una suma para sus gastos de campaña.

Cuando hay elecciones estatales, el dinero para los gastos de campaña es otorgado por los institutos electorales locales.

Para cumplir esa labor, el INE creó todo un Sistema Integral de Fiscalización, dirigido por una Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) con autonomía –al menos en el papel-, que es quien realiza toda la revisión de los gastos.

Los candidatos tienen la obligación de subir sus gastos y comprobantes a ese sistema, tanto en las precampañas como en la campaña. La UTF, además, tiene un grupo de fiscalizadores que acude a los eventos, busca la publicidad de los candidatos o monitorea redes sociales y elabora un reporte de lo que ve.

Con ambos elementos, lo reportado por los partidos y lo encontrado por los fiscalizadores, la UTF realiza un informe final en el que establece los gastos de cada uno de los candidatos.

Ese informe debe ser aprobado por el Consejo General del INE, que lo envía a los tribunales electorales para que sea ahí donde se califique la elección.

Este lunes, el Consejo General del INE aprobó los informes de fiscalización de las elecciones que hubo este año, en Nayarit, Coahuila, el Estado de México y Veracruz.

Los partidos políticos, sin embargo, detectaron múltiples fallas en la revisión de estos dictámenes, como una matriz con precios muy altos en bienes o servicios que no son comparables, instrucciones contrarias a lo establecido en la ley, parcialidad en la revisión de las cuentas en uno u otro estado o la omisión para revisar la intervención de los gobiernos en las elecciones.

El problema para los partidos es que, por cada error que es detectado por la UTF, se les aplica una sanción económica y, en el peor escenario, el cálculo excesivo de gastos puede llevar a que se declare que un candidato rebasa el tope de campaña, lo que podría incluso provocar que se anule una elección.

Piden cartera única

La elección del próximo año será la más grande en la historia del país. El 1 de julio del 2018 se elegirá no solo a un nuevo presidente de la República, sino a los integrantes del Congreso de la Unión y a funcionarios de 30 estados del país –entre ellos, 9 gobernadores-.

Por ello, los partidos políticos tendrán acceso a más recursos que nunca. En el 2012, el tope de gastos de campaña para la elección de Presidente de la República fue de 336 millones de pesos; el entonces IFE entregó a los partidos políticos mil 680 millones de pesos solo para gastos de campaña (federal).

Para el 2018, se prevé que el tope de gastos de campaña sea de 427 millones de pesos, 27 por ciento más que hace seis años. En la misma medida será el crecimiento al dinero entregado a los partidos para sus campañas.

A todo este dinero se suma el que no es reportado por los canales oficiales. En 2017, el INE calculó que por cada 100 pesos que sí fueron reportados a la autoridad electoral, los candidatos gastaron otros 51 pesos que no reportaron, sea por ocultamiento o por error.

El consejero Benito Nacif alertó sobre el gasto de ese dinero, sobre todo en los días de la elección, por lo que es vital que se transparente.

“Hemos visto que el día de la jornada electoral o los días cercanos a la jornada electoral, se mueve muchísimo dinero en efectivo y debemos encontrar la manera de darle transparencia, darle certeza, para poder fiscalizar adecuadamente estos recursos”, advirtió.

Todos los partidos políticos, por diferentes razones, declararon abiertamente su inconformidad con el proceso de fiscalización de las elecciones de este año y su preocupación de cara al 2018, tanto por las fallas del proceso de revisión en sí, como la omisión en que incurren los consejeros al no garantizar que haya un piso parejo entre los contendientes.

“La fiscalización que realiza el INE es, si acaso, una fiscalización a la mitad. Porque solo se revisan los ingresos y los gastos de los partidos políticos y derivado de ello se encuentran gastos no reportados pero yo estoy cierto que en los estados que están en campaña, lamentablemente lo que nos dicta la experiencia del 2016, es que los gobernadores mandan cuantiosos recursos a sus candidatos”, acusó Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE.

Por ello, algunos partidos han pedido que, de forma obligatoria, sea el propio INE quien maneje los recursos que los partidos gastarán en las campañas políticas para que no solo no haya errores en la fiscalización, sino se detecte inmediatamente dinero de procedencia dudosa.

“No se trata de que el INE decida qué tipo de espectacular, dónde se ponen, nada de eso. Tú (partido) resuelves todo en tu autonomía, y nada más a la hora de pagar en lugar de pedirle al tesorero del partido, se le pide al INE que pague. Y entonces se estaría fiscalizando en línea (…) Claro, si un partido lo hace y otro no, entonces quedarías –en este perverso juego que vivimos- en cierta desventaja”, afirmó Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el INE.

“Si se queda como optativo, ningún partido va a optar por estar amarrado totalmente al proceso de fiscalización del cual no va a poder sustraerse. Quien opte por tener su propia chequera, va a buscar por dónde le va a dar la vuelta (…) hay que hacer los cambios legislativos para hacer esto y lo que esté pagado, que esté perfectamente fiscalizado”, expuso Justo Federico Escobedo, consejero del poder Legislativo por el PES.

El PRI se cerró a esta posibilidad. Su representante ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que cada partido debe asumir su responsabilidad.

“Quien dice que el INE debe pagar a los proveedores, y que el INE debe –en otras palabras- convertirse en la nana de estos partidos para que no cometan excesos o no caigan en excesos, yo creo que lo que urge es que los partidos nos hagamos responsables totalmente de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal”, apuntó Ramírez Marín.

En su artículo 64, la Ley General de Partidos Políticos establece que es opcional que el INE maneje los recursos en una chequera única. Para hacer obligatorio el esquema, correspondería al Congreso de la Unión modificar esa legislación.

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