Los hechos de violencia de este mes de noviembre en donde las víctimas fueron niños demuestran la vulnerabilidad que enfrentan los menores de edad en la capital.
El 1 de noviembre pasado, dos menores mazahuas fueron asesinados y desmembrados en el Centro Histórico; sus restos los encontraron mientras eran transportados en maletas con una carretilla. Presuntamente, grupos delincuenciales están involucrados.
Mientras que el 15 de noviembre, un adolescente de 14 años de edad asesinó a sus dos primos e hirió a otras dos personas durante una fiesta familiar en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza.
Especialistas y activistas consideran que esto revela que la niñez capitalina está en riesgo ante la violencia cotidiana, el olvido de las autoridades y el acecho de los grupos del crimen organizado.
Por ello llaman a tomar acciones integrales a nivel local, desde las alcaldías, y no dejar la responsabilidad al Gobierno federal, ni únicamente responder ante las situaciones coyunturales.
Tras el asesinato de los dos niños mazahuas en la capital, el 12 de noviembre, el Gobierno capitalino anunció el operativo “Barrio Adentro”.
Como parte del mismo, 210 funcionarios públicos —entre personal de la Procuraduría Social (Prosoc), Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), Instituto de la Juventud (Injuve), Secretaría de las Mujeres (Semuje) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)— recorrerán casa por casa del Centro Histórico para detectar situaciones de peligro para los menores, mujeres y familias en general.
Exclusión y desigualdad, aliados de la violencia
La exclusión social y las condiciones de desigualdad a las que está expuesta la niñez es lo que provoca que sean más vulnerables ante situaciones de violencia tanto doméstica como de los grupos delincuenciales, considera Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Parte del problema son los contextos de exclusión y no se han atendido los factores de desigualdad estructurales en las comunidades
Detalla que históricamente, las autoridades excluyen a los menores de edad porque creen que al no tener más de 18 años, son menos importantes y no los integran en el desarrollo de las políticas públicas; también dejan la responsabilidad de su desarrollo a las familias, cuando debe intervenir el estado.
Pérez García también señala que el caso de los menores mazahuas es un ejemplo de que el entorno de carencias económicas y la proliferación de grupos criminales hacen más susceptibles a los niños de convertirse en miembros de las células delincuenciales y en “carne de cañón”.
“Ante las carencias económicas de las que son víctimas, el narco les ofrece una opción de supervivencia y los usan para trasladar cuerpos o participan en la extorsión”, declara.
Cabe destacar que los cuatro cuadrantes de la colonia Centro Histórico (donde encontraron a los menores mazahuas) tienen un nivel de marginalidad de alto a medio, según el Sistema de Información de Desarrollo Social de la Sibiso.
El defensor de los derechos de la infancia menciona que este factor provoca en que también se conviertan en víctimas de asesinato.
A nivel nacional, según el informe “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México 2019”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2007 a 2017 el número de menores víctimas de homicidios pasó de 2 a 2 mil 858.
Por otra parte, el director ejecutivo de Redim afirma que aparte de la vulnerabilidad a la que están expuestos por parte de los grupos de la delincuencia, se suma el riesgo que representan las autoridades procuradoras de justicia que no respetan sus derechos.
“Generalmente el sistema de justicia para adolescentes es poco cuidadoso con sus derechos”, comenta.
García Pérez ejemplifica que según su organización, 8 de cada 10 menores de edad en conflicto con la ley son víctimas de tortura por parte de las autoridades. También que de cada 10 carpetas de investigación abiertas por delitos contra niños o adolescentes, solo 3 tienen alguna consecuencia penal.
Respecto al caso de colonia la Moctezuma, afirma que aunque no tiene relación con el crimen organizado, igual es un reflejo de la vulnerabilidad de los menores y la falta de atención integral que padecen.
“Cuando la primera reacción de un menor hacia un problema es la violencia extrema, quiere decir que algo muy malo está sucediendo”, expresa.
Felipe Gaytán Alcalá, académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, dice que otro problema es que cuando hay menores en conflictos con la ley, las autoridades los revictimizan.
“Son víctimas por los múltiples factores en los que se desarrollan y son revictimizados cuando las autoridades los culpan directamente por lo que cometieron”, explica.
Medidas integrales
El operativo “Barrio Adentro” no es suficiente, primero se necesita hacer un diagnóstico de la situación de la niñez en la capital y después llevar a cabo acciones integrales, indica María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.
“Se necesitan tener investigaciones claras de qué está sucediendo en el Centro Histórico y la ciudad, por qué se están involucrando los jóvenes y después de esto hacer un programa que evite actos atroces y darles oportunidades a los niños que no las han tenido”, afirma.
Lo anterior, considera, es una opción integral que va a permitir sacar de situaciones de riesgo a los menores.
“Teniendo bastante información, las autoridades se pueden concentrar en hacer los esfuerzos y en desarrollar elementos que de verdad saquen a los niños de este contexto de violencia”, refiere.
Por último, menciona que estas acciones deben hacerse desde las alcaldías, que son las primeras respondientes.
