Es urgente revisar con especial atención los acuerdos sobre el tipo de cambio pactado en la firma del contrato PPS en 2010
La Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión pidió a las autoridades judiciales que se investigue a Marcelo Ebrard por los presuntos ilícitos cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas en torno a la Línea 12.
El informe preliminar al que arribó dicha comisión coloca al exjefe de Gobierno en el banquillo de los acusados. Lo pone junto con su secretario de Finanzas, el hoy senador, Mario Delgado Carrillo y Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector de Proyecto Metro.
Las recomendaciones plasmadas en el documento de 93 cuartillas “Informe de Trabajo” de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o que se hayan destinado a la Línea 12, hacen hincapié en que se encontraron sospechas de fraude y corrupción en la obra cumbre de Ebrard, la cual serviría para catapultar sus aspiraciones presidenciales en 2018.
“Al Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, solicitamos que, recibida la documentación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales correspondientes a efecto de que se deslinden responsabilidades”, detalla el documento del cual Reporte Indigo tiene una copia.
La segunda recomendación del informe está dirigida al actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Pide que valore la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12, ya que el valor del PPS que se le otorgó vía adjudicación directa “representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes”.
Más allá de sugerir la cancelación del millonario contrato que se le entregó a la firma española CAF, la Comisión Especial recomienda evaluar “la adquisición o prestación de servicios de otros trenes que se adapten correctamente a la vía y el trazo, con el fin de garantizar la seguridad y continuidad del servicio con costos razonables”.
Del polémico contrato PPS, que Delgado autorizó en su calidad de Secretario de Finanzas, el documento puntualiza que es a todas luces contrario al interés público.
“Es urgente revisar con especial atención los acuerdos sobre el tipo de cambio pactado en la firma del contrato PPS en 2010, así como las cláusulas que favorezcan al prestador del servicio, con el fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios que aceptaron dicho acuerdo, a todas luces contrario al interés público”.
La Comisión Especial urgió a que los funcionarios involucrados respondan ante las autoridades encargadas de administración de justicia del Distrito Federal y del país, por qué el Metro optó por trenes de rodadura férrea y no neumática, cuando había opiniones adversas a esta elección, sustentadas en evidencias técnicas.
“Es necesario conocer con precisión por qué se autorizó firmar un contrato de prestación de servicios a largo plazo para la renta de los trenes, en lugar de comprarlos y explicar suficientemente por qué se eligió a la empresa CAF y no a otra.
“Hay que aclarar por qué se decidió y quién autorizó en última instancia que el contrato con CAF se estableciera el precio del dólar en 16.27 pesos la unidad, cuando el 31 de mayo de 2010, fecha en que se firmó, el precio era de 12.91, decisión que se traduce en un sobrecosto de 3 mil 197 millones de pesos”, refiere el texto.
Golpe a ICA, Carso y Alstom
Respecto a la obra civil, el informe preliminar de Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión
establece que el Consorcio Constructor -compuesto por ICA, Carso y Alston- incumplió obligaciones contractuales al no asegurarse de la compatibilidad en el trazo de la vía con curvas de radio reducido y el tren férreo contratado.
Por su parte, CAF como prestador de servicio del PPS, aún cuando manifestó conocer toda la documentación relevante relativa a la construcción de la Línea 12, no se aseguró de la compatibilidad de los trenes que diseñó y fabricó con la vía que se estaba construyendo.
“Situación que resulta doblemente cuestionable al considerar que esta empresa ha provisto el 20 por ciento del material rodante o componentes importantes de la red del Metro desde 1986”.
CAF sortea las críticas
No es la primera vez que CAF sale delante de las críticas y acusaciones que le han hecho respecto a los trenes que rentó al Gobierno del Distrito Federal.
La firma española ha sostenido que los trenes que operan en la Línea 12 se construyeron con base en las especificaciones técnicas que proporcionaron las autoridades capitalinas.
Pese a los reiterados informes que apuntan a la incompatibilidad tren-vía, la compañía ha rechazado que los trenes no embonen y se ha manifestado dispuesta a realizar las correcciones correspondientes a fin de que la Línea 12 vuelve a operar en condiciones de seguridad.
Imperioso fincar responsabilidades
El informe preliminar de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Congreso de la Unión también pide el esclarecimiento de la razón por la cual se cambió la opción original del diseño de la línea que era un trazo subterráneo.
Y es que la autoridad aceptó la oferta del Consorcio Constructor de una “propuesta racionalizada”, la cual omitió la elaboración de una nueva ingeniería básica para justificar los cambios al proyecto original que terminó con cuatro diferentes procedimientos de construcción.
“Es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto metro y el Consorcio Constructor acordaran a través de sucesivos convenios modificatorios, incrementos en el costo de estaciones, tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos entregados a la compañías privadas mencionadas”, detalla el documento.
Otro de los temas relevantes y de polémica desde que se comenzó a construir la Línea 12 fue el nombramiento de Enrique Horcasitas al frente de Proyecto Metro, pese al evidente conflicto de interés con la constructora ICA.
Horcasita, cabeza del Proyecto Metro es hermano de Luis Horcasitas Manjarrez, uno de los directores generales de construcción de ICA, quien fue promovido a vicepresidente ejecutivo de dicha empresa.
Al respecto, la Comisión también urgió zanjar ese tema.
Caso similar ocurrió con la contratación del Consorcio Certificador, por parte de Proyecto Metro, a quien también se le aumentó el monto de pagos y se aplazó el compromiso de fecha de entrega de la obra.
No solo eso, la Comisión concluyó que dicho Consorcio Certificador, que entregó la certificación a Marcelo Ebrard para que pusiera en marcha la línea, no cuenta con acreditación en México.
En una de las comparecencias, las empresas certificadoras reconocieron que no aprobaron directamente los trenes bajo el argumento de que no estaba dentro del alcance de su contrato.
“Al haber sido adquiridos directamente por el Sistema de Transporte Colectivo, sólo analizó la documentación presentada por CAF con relación a la seguridad de la marcha del tren, el informe de seguridad frente al descarrilamiento y los resultados de la pruebas de estabilidad dinámica”.
Ebrard revira
Apenas se supo que el informe de la Comisión del Congreso tocaba a Marcelo Ebrard, el exjefe de Gobierno capitalino desacreditó el contenido.
Dijo que solo fue elaborado a criterio del PRI y no mediante un trabajo coordinado con el resto de los diputados.
Ebrard atribuyó al PRI intenciones de acabarlo políticamente rumbo a las próximas elecciones.
“Me llama la atención que sea un documento preparado por un solo partido y que se presente como si fuese de toda la Comisión”, dijo.
El presidente de la Comisión, el priista Marco Antonio Calzada reconoció que el documento no es el informe final sino un dictamen preliminar que será expuesto al resto de los integrantes el próximo domingo al medio día.
