La infraestructura es el único motor que puede ayudar a sacar de la actual crisis económica al país.
Este sector, que agrupa a 37 ramas de la economía y genera millones de empleos, puede ser un impulsor en el corto plazo, sin embargo, el Gobierno federal no le apuesta lo suficiente.
El estudio Infraestructura en México: prioridades y deficiencias del gasto público, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), revela que la inversión en el rubro durante la administración de Andrés Manuel López Obrador es la más baja en la última década, ya que representó en 2019 y 2020 el 3.1 por ciento del PIB.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), considera necesaria la creación de nueva infraestructura, ya que existe un rezago en materia de telecomunicaciones, transportes y energía, entre otras áreas.
Por ello, agrega el especialista, es fundamental que se incrementen los recursos para el desarrollo de más proyectos de obra pública pues de ello también depende que haya mejores condiciones sociales en las regiones donde se edifiquen.
Luis Foncerrada Pascal, economista en jefe de American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham), asegura que se requiere una inversión pública o privada proporcional al 25 por ciento del PIB para que el país pueda crecer de manera sostenida entre 3.5 o 4 por ciento cada año.
“En los últimos seis o cinco años la inversión pública fue bajando a niveles de inversión que no habíamos visto probablemente desde la posguerra o los años previos a la Segunda Guerra Mundial, es decir, hace 80 años que no veíamos una inversión pública tan baja como la que estamos viviendo”, comenta.
La declaración del mandatario federal abre una puerta para que este rubro se convierta en una prioridad para la administración.
“Estamos por dar a conocer un segundo paquete de obras de infraestructura que se van a realizar con participación del sector privado nacional. Tengo una reunión la semana próxima con Carlos Salazar (presidente del Consejo Coordinador Empresarial) y con otros dirigentes del sector empresarial para revisar otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país”, informó el tabasqueño.
Para el director del IDIC, el anuncio del presidente podría traer beneficios como generar mayor confianza entre la iniciativa privada y el Gobierno federal, además de que inyectaría recursos frescos para la recuperación económica.
De la Cruz enfatiza en que gran parte de esos recursos serán del sector privado, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 que se discute en la Cámara de Diputados no están contemplados nuevos desarrollos de infraestructura.
“Lo interesante va a ser si en este segundo paquete vendrán más obras de energía, sobre todo renovable, que era lo que inicialmente se había delineado hace un año cuando se anunciaba este gran paquete de infraestructura que tardó en implementarse por el COVID 19 y algunos otros aspectos, del cual se dio un adelanto en octubre y ahora pareciera se va a dar una segunda entrega y donde la gran incógnita es si ya se destrabará la parte energética y en este sentido vendría inversión adicional a lo presupuestado”, añade.
Sobre el plan presentado en octubre, el economista en jefe de AMCHAM afirma que muchos proyectos ya estaban iniciados, asimismo detalla que el documento carece de estrategias enfocadas a la logística, las necesidades sociales de la región en la que se desarrollarán y una complementariedad entre las obras que tengan como fin aumentar la productividad.
“Si no existe eso entonces no tenemos un Plan Nacional de Infraestructura, es solo una lista de proyectos que no están claramente vinculados, peor todavía, porque ni siquiera llega a ser una lista de proyectos sino más bien de ocurrencias”, apunta Foncerrada Pascal.