La infraestructura representa 6.8 millones de plazas laborales directas y 2.8 millones de indirectas, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Por esa razón, es indispensable incrementar la inversión en este rubro para fortalecerlo y hacer frente a la pérdida de empleos provocada por la pandemia de COVID-19.
En un encuentro virtual realizado en septiembre, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que hubo una pérdida de 270 mil empleos en el sector de la construcción de los cuales ya se habían recuperado 180 mil.
Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, dijo en una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en junio pasado, que los programas de infraestructura combinados con programas sociales de bienestar generarían la mayoría de los dos millones de empleos que la administración de López Obrador se comprometió a crear entre abril y diciembre de este año.
La última propuesta del Gobierno federal con la iniciativa privada (de inicios de octubre) cuenta con 39 proyectos que en conjunto significarán una inversión por el orden de los 297 mil 344 millones de pesos. Al menos siete de las obras enlistadas ya están en curso y en un año a año y medio reiniciarían su construcción, lo que dificultará un efecto a corto plazo en la creación de nuevos puestos de trabajo, explica Foncerrada Pascal.
“Para que fuese justificable un nuevo proyecto de infraestructura debió iniciarse hace seis meses para tener un impacto en el empleo (…) y si son proyectos para desarrollarse en 2023, 2024 o 2025, no nos va a ayudar en la emergencia de hoy”, expone el experto.
Por su parte, Rigoberto Mares Aguilar, secretario de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, comenta que el Plan Nacional para impulsar el sector carece de recursos adicionales o proyectos novedosos, algo visible en el PEF 2021 que se discute en San Lázaro.
El diputado del PAN califica como lamentable que el mandatario federal no se ajuste a las circunstancias que afronta México en la actualidad y que siga destinando más recursos para megaobras como la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, cuyo presupuesto sería mayor para 2021.
“El presidente sigue actuando como si nada pasara y a lo único que se le destina recurso es a sus proyectos faraónicos. Podríamos o no estar de acuerdo con ellos, pero lo que es claro es que ahora hay otras prioridades y no se están atendiendo, pero entrando a la revisión de sus proyectos ha quedado claro por parte de los especialistas que son inviables”, concluye.
Carreteras en el olvido de la infraestructura
La construcción de carreteras es uno de los rubros de la infraestructura en los que el gobierno no ha puesto la atención suficiente.
En su último informe de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que durante 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que encabezaba Javier Jiménez Espriu careció de una definición de estrategias y objetivos para el sistema carretero federal cuya extensión es de 51 mil 197 kilómetros.
“Persiste una falta de planeación integral de largo plazo en la construcción de infraestructura, así como la ausencia de una visión logística con un enfoque multimodal de la red federal carretera del país. Estos problemas han mantenido vigente una conectividad deficiente, impidiendo el desarrollo igualitario y equilibrado del país”, se lee en la auditoría 310-DE.
Rigoberto Mares Aguilar afirma que la planeación en materia de caminos es esencial para conectar principalmente a las regiones más marginadas del país y con ello se eleve su capacidad para desarrollarse.
“Nos parece preocupante cuando en el Presupuesto del próximo año estamos viendo una serie de recortes muy importantes en cuanto a proyectos de construcción de carreteras en donde hay una reducción de 52 por ciento para proyectos identificados”, expresa el legislador de Acción Nacional.
José Luis de la Cruz coincide en que el impulso a la construcción de la red de caminos federales debe acelerarse, ya que además de generar puestos de trabajo, también mitigaría el rezago en entidades como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, en las que entre el 60 y 70 por ciento de sus carreteras no están concluidas, son de terracería o brechas.
“Creo que ha sido uno de los rubros más afectados en los últimos años, un tanto porque el punto de partida al menos en esta administración fue la revisión de muchas de las obras que habían estado realizando a la sombra de la corrupción y manejo inapropiado de los recursos, me parece las decisiones de manejar ese sector con controles más estrictos ha frenado su desarrollo”, opina el especialista.
En el dictamen de la auditoría, el órgano fiscalizador también determinó que para 2019 la SCT no demostró que se coordinó con sus unidades administrativas, ni con los órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, ni que firmó convenios con dependencias federales para cumplir los objetivos y metas.