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El motivo de la sanción fue que Oceanografía había dejado una fianza menor al 10 por ciento del contrato, requisito legal exigido por la paraestatal
Tres días después de que Carlos Morales renunció a la dirección general de Pemex Exploración y Producción (PEP) fue inhabilitada Oceanografía, una de las mayores contratistas de esa dependencia durante los nueve años que estuvo en el cargo.
La multa por 24 millones de pesos y la inhabilitación fueron publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación. Provienen de la investigación 039/2013, iniciada en junio del año pasado por el Órgano Interno de Control de Pemex.
Culminará en noviembre de 2015, cuando se hayan firmado los contratos posteriores a la reforma energética.
Los registros del IFAI muestran que en 2012 Oceanografía firmó con PEP 22 contratos que sumaron 10 mil 215 millones de pesos. Con la llegada de la administración peñista, solo lograron cinco, por 2 mil 263 millones de pesos.
La empresa alega que se les está juzgando con la Ley Anticorrupción publicada en junio de 2012, por contratos firmados un año antes. Deberá litigar en tribunales durante un momento clave de la recomposición energética en el país.
La mano de Lozoya
La investigación que condujo a la inhabilitación de Oceanografía ha estado a cargo de la administración que encabeza Emilio Lozoya en Pemex.
Se desprende de nueve contratos firmados entre mayo de 2011 y marzo de 2012 por 3 mil 226 millones de pesos, para brindar transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la operación de pozos.
En una información difundida por Pemex se anunció que la inhabilitación de desprendía de contratos para renta sin opción a compra de 14 plataformas marinas.
Oceanografía aseguró en un comunicado que “no tiene ninguna relación con la contratación de las 14 plataformas”.
Sobre los nueve contratos, en junio la contraloría interna de PEP comenzó a investigar a la empresa. En noviembre, según Pemex, encontró que habían dejado una fianza menor al 10 por ciento del contrato, requisito legal indispensable.
El expediente de la inhabilitación indica que, después de haber firmado el contrato, Oceanografía “simuló el cumplimiento del requisito”, ya que “sustituyó con una póliza por un monto menor al obligado”.
La empresa dice que dejaron de fianza lo que Pemex les pidió y la prueba de ello es que los contratos están vigentes y no tienen hoy ningún proceso de cancelación en marcha.
La compañía supo desde noviembre que estaba en proceso de ser sancionada. Refirió que había entregado a Pemex documentos que justificaban la diferencia de la fianza, pero éstos no impidieron la inhabilitación.
Contratos congelados
Los contratos que Oceanografía tiene vigentes hasta 2022 con PEP continuarán su curso y podrán ser cobrados.
El historial que registra el IFAI muestra cómo la llegada de Lozoya a Pemex frenó la buena racha de Oceanografía.
Mientras el último año de Calderón les representó ganancias por 10 mil 215 millones de pesos, la nueva administración fue mucho más cauta.
Un mes antes de que culminara la administración de Felipe Calderón, el 25 de octubre, Oceanografía firmó seis contratos con PEP por mil 310 millones de pesos.
Fueron producto de una licitación pública nacional y su objeto fue el transporte de personal, materiales y equipos ligeros.
Su vigencia iniciará apenas en junio de este año y seguirán dando servicio hasta el mismo mes de 2022, una década después de que la empresa de Yáñez ganara la licitación.
Dos días antes de que terminara el sexenio, el 28 de noviembre de 2012, Oceanografía firmó un contrato por mil 130 millones de pesos con PEP para dar mantenimiento y apoyo a las actividades de perforación.
Con la llegada de la administración de Peña Nieto, sólo obtuvieron cinco contratos y no lograron sumar más de 2 mil 263 millones de pesos.
Se firmaron en diciembre de 2012, febrero, marzo, julio y agosto del año pasado. Desde agosto la empresa no obtuvo ninguna contratación con Pemex, hasta que fue notificada de la inhabilitación.
Ahora deberá, al mismo tiempo, surtir los servicios que ya le habían firmado y librar una batalla contra el tiempo en los tribunales, mientras sus competidores firman los contratos con Pemex durante su reconversión de paraestatal en empresa pública productiva.
