TLCAN: primeros manotazos

La mesa está puesta. Estados Unidos emitió los lineamientos de qué objetivos busca perseguir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá definió sus líneas rojas y México ha concluido su proceso de consulta con los distintos sectores de la economía nacional.

El 16 de agosto iniciará la primera ronda de negociaciones de un tratado con un volumen de intercambio comercial de 1.1 billones de dólares anuales. A la fecha, hay más preguntas que respuestas.

En primer lugar, la ambigüedad del discurso de la administración de Donald Trump genera una incertidumbre que no permite descartar la derogación del TLCAN como un escenario factible. Los objetivos delineados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) muestran dos facetas: la de una postura comprometida con el libre flujo de bienes y servicios y la de una posición que hace de la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México un fin en sí mismo.

En palabras de Chad Bown, investigador del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés), si algo queda claro en el lenguaje utilizado por las autoridades comerciales de Estados Unidos es que buscan facilitar la restricción de importaciones provenientes de México y Canadá.

En segunda instancia, es poco probable que la renegociación del TLCAN concluya de manera expedita. Gary Hufbauer, un economista del PIIE, explica que las posturas de Estados Unidos y sus socios comerciales están tan alejadas que la negociación inevitablemente se empalmará con el proceso electoral mexicano de 2018.

Gabriel Casillas, economista en jefe de Grupo Financiero Banorte, refiere que una negociación comercial promedio dura alrededor de 45 meses. El gobierno mexicano ha sido enfático en la necesidad de terminar el proceso de actualización del TLCAN en menos de seis meses. No obstante, ningún acuerdo comercial significativo ha sido aprobado por el Congreso estadounidense en un tiempo menor a este lapso.

En tercera instancia, la definición de objetivos del gobierno mexicano de cara a la renegociación del TLCAN ha sido vaga. Jorge Dávila Flores, presidente de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, lo resume de la siguiente manera: “defensa de la soberanía, mediante un diálogo con firmeza y dignidad; respeto al Estado de derecho; visión constructiva, para alcanzar una negociación de ganar-ganar; imprimir dinamismo y competitividad a la integración de los tres países y negociación integral, con todos los temas sobre la mesa”.

La falta de una narrativa clara que explique qué es lo que México busca obtener en este proceso de renegociación del TLCAN se ha convertido en la crítica más visible hacia el gobierno mexicano en este sentido.

“Somos el único de los tres países que ha querido mantener las negociaciones de una forma cerrada”, dijo Arie Ellstein, director de la firma de comunicación Llorente y Cuenca, al diario El País.

En esa misma entrevista, Enrique Dussel, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, criticó que “el acuerdo comercial más importante para México no ha tenido una evaluación pública”.  Luis Miguel González,  director del diario El Economista, sentenció: “El gobierno ha optado por el sigilo”.

Cabildeo: apuesta mexicana

Esto no quiere decir que el gobierno se ha quedado cruzado de brazos. Ayer concluyó el proceso de consulta que organizó la Secretaría de Economía con los sectores productivos: agrícola, automotriz, textil, acerero, etc.. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, el gobierno mexicano no está obligado por la ley a emitir una lista de los lineamientos que, con base en esta consulta, se seguirán en la renegociación del TLCAN.

México ha apostado por un activismo político de bajo perfil, de baja resonancia mediática. La Secretaría de Economía podría gastar hasta 1.2 millones de dólares por la contratación de la firma de cabildeo Public Strategies Washington y por la del despacho legal Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman.

Los esfuerzos del gobierno mexicano para ganar acceso e influencia en Washington se complementan con una estrategia paralela del sector empresarial de México. El Consejo Coordinador Empresarial gastó una suma, que no se ha hecho pública, por la contratación de los servicios de la firma legal y de cabildeo Akin, Gump, Strauss, Hauer, Feld.

Además, el Congreso mexicano ha intensificado su acercamiento con legisladores estadounidenses afines a los intereses de México, así como con organizaciones clave en el diseño de la política económica estadounidense, notoriamente con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el grupo empresarial más importante de ese país.

¿Cuál es la estrategia de negociación?

Ante la vaguedad y el sigilo que ha caracterizado a la estrategia de preparación del gobierno frente al proceso de negociación del TLCAN, las intervenciones públicas de los funcionarios mexicanos y los antecedentes de conflictos comerciales previos son los únicos elementos que pudieran ofrecer algún indicio de qué curso seguirá México en la mesa de negociación.

Por ejemplo, Jorge Dávila Flores dijo recientemente que “México está listo para transformar el TLCAN en un tratado de avanzada, con capítulos modernos acordes con la nueva realidad mundial”.

Esta declaración coincide con el proyecto de política comercial mexicano que quedó reflejado en la negociación entre México y Estados Unidos en el marco del ahora extinto Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés): un proyecto comprometido con la adopción de estándares de última generación en materia ambiental, laboral e incluso anticorrupción; como lo estipulan los objetivos que publicó el USTR la semana pasada.

Por otro lado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha insistido en que la línea roja del gobierno mexicano yace en la imposición de nuevos aranceles y cuotas. Sin embargo, esta posición se enfrenta al objetivo expreso de Estados Unidos de implementar salvaguardas para limitar las importaciones provenientes de México y Canadá en caso de que emerjan condiciones inusuales en su industria nacional.

Chad Bown, una de las voces más autorizadas en materia de política comercial, denomina estas medidas como prácticas de “proteccionismo invisible”, un concepto que quedó en evidencia en el reciente conflicto azucarero entre México y Estados Unidos.

Los productores estadounidenses de azúcar, un influyente grupo de interés con fuertes conexiones en Washington, exigieron una reducción unilateral de las exportaciones azucareras provenientes de México. Para evitar un conflicto de alto perfil en los meses previos a la renegociación del TLCAN, el gobierno mexicano aceptó las condiciones impuestas por Estados Unidos.

La pasividad de la administración de Enrique Peña Nieto en este caso marca un mal precedente. Primero, porque no se respetó la única máxima evidente que regirá la postura de México en las negociaciones del TLCAN: no se aceptará la imposición de cuotas o aranceles.

Segundo, porque el origen del conflicto azucarero remite a otro punto álgido de la negociación del TLCAN, que es la petición de Estados Unidos de eliminar el Capítulo 19 del acuerdo, el cual estipula que un socio comercial puede apelar una decisión de una corte local ante un panel internacional de arbitraje.

El conflicto azucarero empezó porque se acusó a los productores mexicanos de ser beneficiarios de subsidios anticompetitivos y de aplicar prácticas de dumping.  La industria nacional estadounidense tiene un largo historial de realizar este tipo de acusaciones para ganar participación de mercado.

Ello explica el interés de Estados Unidos en deshacerse del Capítulo 19, cuyos paneles de arbitraje han emitido más resoluciones desfavorables hacia este país que hacia algún otro miembro del TLCAN.

No obstante, el secretario Guajardo señaló recientemente que las Organización Mundial de Comercio ha sido un canal de resolución mucho más eficiente que el Capítulo 19.

El discurso de los funcionarios mexicanos y su accionar en conflictos comerciales recientes proyectan la imagen de un gobierno dispuesto a hacer concesiones significativas para salvar al TLCAN.

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