La pandemia por coronavirus dejó ver la desprotección de los inquilinos y la falta de derechos que padecen al alquilar una vivienda.
Actualmente, los arrendatarios no tienen derechos estipulados en el Código Civil local y esto los expone a padecer arbitrariedades en un contexto de crisis donde la capacidad para pagar una renta se vio mermada, acusan activistas.
La Encuesta Ciudadana sobre el Acceso a la Vivienda y Agua en la CDMX y Zona Metropolitana, realizada durante la pandemia por COVID-19 por la Coalición Internacional por el Hábitat (HIC), Movimiento Urbano Popular y la Plataforma Vecinal 06600 y Observatorio Ciudadano de la colonia Juárez, indica que el 63 por ciento de las personas que rentan tuvo dificultades para pagar su vivienda en la contingencia sanitaria.
Desde hace un año, organizaciones civiles comenzaron a elaborar un proyecto de Ley de Inquilinos que ya está listo y se busca dar a conocer los diputados
Mientras que el 24 por ciento, según los datos dados a conocer el 17 de junio pasado, dejó de pagar el alquiler y estuvo en riesgo de que le solicitaran desalojar su casa.
Saúl Martínez vive en Iztapalapa, en los límites de la alcaldía con Tláhuac, junto con su hijo y su esposa. Su situación es un reflejo de la indefensión que enfrentan quienes rentan una vivienda.
Él alquila un departamento pequeño que solo tiene cuarto y un baño en 2 mil 800 pesos.
Pero al inicio de emergencia, que se decretó oficialmente el 23 de marzo con la Jornada Nacional de Sana Distancia y el cierre de negocios no esenciales, disminuyeron sus ingresos.
Datos del Gobierno de la Ciudad de México, difundidos el pasado 24 de junio, indican que la suspensión de actividades comerciales por la pandemia provocó la pérdida de 220 mil empleos.
Saúl, de 35 años de edad, no fue despedido de la empresa productora de máscaras y esculturas artísticas en marzo ni en abril, pero sí le redujeron su sueldo en un 50 por ciento.
63
Para pagar la renta de mayo, tuvo que pedir prestado a sus familiares, pues con la mitad del sueldo no le alcanzaba para cubrir sus necesidades.
“Con la mitad del sueldo sí está difícil, no alcanza”, dice.
Saúl menciona que quiso negociar con la casera pagar la renta una vez pasada la contingencia o dar solo la mitad y después el restante, pero su arrendadora no aceptó y solo le dio días extras a la fecha límite para cubrir el costo del alquiler.
Para junio, la empresa donde laboraba Saúl dijo no tener la capacidad para seguir pagando.
No fue despedido oficialmente, porque se lo informaron vía oral sin firmar algún documento, y le anunciaron que en cuanto se reanuden actividades lo volverán a llamar.
Ante esto, su suegro le ofreció un trabajo en su herrería y por ello ha podido salir adelante.
61.5
Sin embargo, no todos los que enfrentaron dificultades para pagar su renta tuvieron la misma suerte de Saúl de encontrar otro trabajo que ayude a enfrentar la crisis.
Los resultados de la encuesta mencionada señalan que 61.5 por ciento de los entrevistados no podrá pagar la renta de su vivienda durante julio, agosto y septiembre próximos.
El estudio fue elaborado con base en mil 498 cuestionarios aplicados a habitantes de las 16 alcaldías de la ciudad y 20 municipios colindantes.
Esta problemática, consideran defensores del derecho a la vivienda, expone la falta de garantías e indefensión de los inquilinos y la necesidad de crear un marco legal al respecto para la ciudad.
Ley de Inquilinos
Sergio González, miembro de la Plataforma Vecinal 06600 y Observatorio Ciudadano de la colonia Juárez, considera que la pandemia evidencia la falta de una Ley de Inquilinos que los dote de derechos y defienda ante arbitrariedades de los propietarios.
Explica que desde 2017, cuando en su colonia la gentrificación comenzó a expulsar a sus habitantes sin respetar sus derechos, se hizo necesario un marco legal en el tema para defender a los arrendatarios.
La plataforma vecinal calcula que en los últimos seis años, el encarecimiento del uso de suelo y la apropiación ilegal de inmuebles en la Juárez, ha expulsado a 10 por ciento de sus habitantes.
Añade que aún no se hace pública, porque se están acercando con diputados locales para primero plantearles la propuesta en el contexto de la pandemia.
“Estamos viendo con la diputada Valentina Batres la instalación de mesas de trabajo para definir la ruta jurídica”, menciona.
Silvia Emanuelli, coordinadora de HIC para Latinoamérica, dice que el Código Civil solo contiene obligaciones para los arrendatarios y no para los arrendadores.
Por ejemplo, la extensión de los contratos de renta se hace de forma arbitraria por parte del propietario sin considerar las necesidades del inquilino, tampoco hay una herramienta que los proteja de desalojos forzosos.
También menciona que, según datos de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 41 por ciento de los inquilinos en el país no firmaron contrato de renta y esto los deja desprotegidos.
Esta situación está relacionada con problemáticas como desalojos forzosos, extorsión y abusos
Por lo que hace falta equilibrar el panorama y también estipular obligaciones de los propietarios a través de una ley, que espera Emanuelli, sea estudiada y aprobada lo más pronto posible.
