No sólo por la cerrada disputa electoral en las urnas, sino por las difíciles condiciones de inseguridad que habrán de encarar todos los aspirantes a cargos de elección popular, las elecciones del 1 de julio próximo se anuncian como una de las más difíciles en la historia del país.
En diciembre pasado por lo menos tres aspirantes a cargos de elección popular fueron ejecutados presuntamente por el crimen organizado: Ángel Medina Burgaña, precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Tampamolón, en San Luis Potosí; Ulises Fabián Quiroz, precandidato a la alcaldía de Chilapa, en Guerrero, y Adolfo Serna Noguera, precandidato del PRI a la alcaldía de Atoyac, Guerrero.
La violencia contra la clase política no paró con el nuevo año.
Ayer el expresidente municipal de Mixquiahuala, Hidalgo, fue asesinado en ese estado junto con su hijo de 39 años, mientras que la noche del martes el director de Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, militante activo del PRD, fue acribillado afuera de su domicilio.
Durante el 2017 fueron ejecutados ocho alcaldes en funciones y otros electos en los municipios de Tepexco y Huitzilan, en Puebla; Ixhuatlán de Madero, Veracruz; Ixtlahuacán, Colima; Paracho, Michoacán; San Pedro Pochutla, Oaxaca; Bochil, Chiapas, Petatlán, Guerrero, e Hidalgotitlán, Veracruz.
Otro homicidio que ha prendido los “focos de alerta” sobre las condiciones de inseguridad que encaran los aspirantes a cargos de elección popular, es el del regidor perredista del municipio de Jalapa, Tabasco, Gabriel Hernández Arias, un fuerte aspirante a la alcaldía de esa localidad por parte del frente integrado por los partidos MC-PAN-PRD.
Candidatos se acusan mutuamente
Las condiciones de inseguridad bajo las que se llevarán a cabo los próximos comicios ya han sido advertidas al menos por dos de los principales contendientes a la presidencia de la República.
José Antonio Meade, del PRI-PVEM-PANAL, y Ricardo Anaya, de la alianza PRD-PAN-MC, se han lanzado mutuas acusaciones de responsabilidad sobre el tema.
El abanderado del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, ha referido que en cinco de los estados que gobiernan el PRD y PAN: Nayarit, Baja California Sur, Aguascalientes, Quintana Roo y Baja California, los índices delictivos fueron al alza en el 2017, dejando entrever que la violencia seguirá su tendencia en este año que inicia.
Por su parte el candidato de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, ha acusado reiteradamente al PRI de permitir que los índices delictivos vayan en incremento en el estado de Guerrero, una de las entidades más violentas del país en lo que va de la actual administración priista, en donde ya suman 2 mil 288 homicidios dolosos, al cierre de noviembre del 2017, según cifras del SESNSP.
El anticipo del desalentador pronóstico se finca en las cifras dadas a conocer por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que revela que el año que recién concluyó es el más violento de los últimos 20 años, al sumar -al cierre del 30 de noviembre- 26 mil 573 homicidios dolosos en todo el país.
Una de las cifras más alarmantes de la estadística nacional indica que de todos los ejecutados en el 2017, al menos 51 estaban relacionados con actividades políticas, entre ellos alcaldes, exalcaldes, precandidatos, dirigentes partidistas y regidores, que de alguna forma enturbian el proceso electoral de este año.
Guerrero, un caso excepcional
El estado de Guerrero ha sido puesto sobre la mesa del debate político, tomado como ejemplo del incremento de la violencia.
En esa entidad los bandos políticos de Meade y Anaya han sufrido bajas: el PRI perdió a dos de sus candidatos a las alcandías de Chilapa y Atoyac, mientras que la coalición del Partido Acción Nacional con el Partido de la Revolución Democrática y MC, perdió al coordinador de Movimiento Ciudadano, Ángel Vergara Chamú, quien fue ejecutado el pasado 26 de septiembre en Chilpancingo.
Con base en los índices delictivos registrados durante el 2017, Guerrero es uno de los más violentos del país, en donde el número de homicidios dolosos ha venido en franco aumento, pues en enero del 2017 se registraron 165 asesinatos por ejecución, cifra que subió a 175 en febrero, 210 en marzo, 189 en abril, 216 en mayo, 206 en junio, y su tope máximo fue en julio con 250, en agosto se llegó a 232, cifra que bajó en septiembre y octubre y cerró noviembre con 203.
Igual que Guerrero, el índice de homicidios por ejecución también se registró al alza en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Convenio de seguridad
El INE manifestó que se mantiene en contacto con las autoridades estatales y municipales
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Seguridad en juego
Para el proceso electoral que habrá de concluir en la jornada electoral del primero de julio de este año, estarán en juego 3 mil 400 cargos de elección popular, entre ellos el de Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados; de estos últimos 300 realizarán trabajos de proselitismo en busca del voto.
Los únicos estados en donde no habrá elecciones locales son Baja California y Nayarit. En el resto de país, son nueve estados los que renovarán la gubernatura, en otros 27 se cambiarán 585 diputaciones de representación proporcional y 387 de mayoría relativa, mientras que en 24 entidades se elegirán mil 608 alcaldías.
Para todos ellos, de acuerdo a lo señalado por el consejero ciudadano Marco Antonio Baños, el INE busca dotar seguridad institucional, mediante un convenio de colaboración establecido con la Secretaría de Gobernación, como se ha venido haciendo en las últimas tres elecciones federales, a fin de garantizar la seguridad de los aspirantes políticos.
El convenio establecido entre el INE y la Secretaría de Gobernación precisa que la seguridad de los candidatos a cargos de Presidente de la República sea asumida por el Estado Mayor Presidencial, la seguridad de los aspirantes a ser parte del Poder Legislativo correrá por cuenta de la Policía Federal, en tanto que la seguridad de los aspirantes a cargos de gobierno local correrá a cargo de las corporaciones policiales de los estados y de los municipios.
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