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Son las 6:00 de la mañana del martes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara para salir ante los medios de comunicación a ofrecer su conferencia de prensa matutina.
Unos minutos antes de responder a las preguntas de los reporteros, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, le comunica sobre las víctimas de homicidio en su reunión de todos los días.
En portales de noticias se informa de cuatro personas asesinadas la noche del lunes en Jalisco y de otras tres en Veracruz, cada evento a causa de ataques con armas de fuego.
La llegada de una nueva administración federal no ha cambiado la tendencia violenta y la principal exigencia de la población mexicana es la misma desde la administración anterior: seguridad y justicia.
Si bien el secretario de Seguridad Pública ha señalado que no se puede hablar de un fracaso en la estrategia del combate a la inseguridad porque ésta apenas empieza a implementarse, es sólo cuestión de tiempo para que este problema heredado de administraciones anteriores empiece a desgastar al nuevo gobierno y que la falta de avances se atribuya completamente a las decisiones de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad.
La expectativa de los ciudadanos en torno a la promesa de pacificar al país hecha por el nuevo gobierno es muy alta, al grado de que los homicidios que se han cometidos desde el 1 de diciembre ya se le reprochan a la administración actual.
A esta grave problemática se suman los más de 30 mil desaparecidos por todo el país que son buscados por sus madres, padres, hermanos o hijos, y por los cuales la autoridad no ha podido hacer nada.
Por ese motivo ahora todos los reflectores están puestos en la estrategia de seguridad que ha propuesto el tabasqueño contenida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
Dicho documento ha sido criticado por especialistas, quienes señalan que la creación de una Guardia Nacional institucionaliza la militarización en el país para que realice labores policiacas, considerándola, incluso, como una imitación de las tácticas que emplearon los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes optaron por mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.
“Considero que el presidente López Obrador se vio ante una realidad particularmente difícil y grave en materia de violencia y crimen. Creo que sus asesores le quitaron el velo y le dejaron ver el retrato de lo que está ocurriendo en este país, vamos a cerrar con más de 35 mil asesinatos este año. Es una tasa arriba de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Además de Alfonso Durazo, el General Luis Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el Almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), deberán mostrar su capacidad para hacer del territorio nacional un lugar más seguro para sus ciudadanos.
Para ellos la cuenta regresiva ya comenzó; la ciudadanía espera una pronta solución sin pretextos.
En el Congreso ya comenzaron los reclamos pidiendo la reducción de los asesinatos.
El martes, en medio de la discusión para la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, legisladores del PAN en la Cámara de Diputados, mostraron pancartas en las que contabilizaban supuestamente 363 asesinatos ocurridos en los primeros 10 días del gobierno de López Obrador.
Ese mismo día, el titular de la SSP dijo que el primer corte de caja para evaluar los resultados de la estrategia en materia de seguridad ocurrirá a la mitad de la administración federal.
“Cuando presentamos el Plan Nacional de Paz y Seguridad nos referimos al objetivo que tenemos de regresar la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos en el menor tiempo posible.
Vamos a hacer un corte de caja de los resultados de toda la estrategia en tres años, pero iremos avanzando de manera paulatina en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país”, indicó Durazo.
Por su parte, Luis Sandoval, secretario de la Sedena, expresó que el personal de su dependencia se encuentra desarrollando un plan para cubrir las coordinaciones regionales para atender problemas del orden común, que son los que más afectan a los ciudadanos.
Los puntos rojos
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de Seguridad deberán idear una metodología para frenar los asesinatos en el país en zonas en las que la violencia imperó en el sexenio pasado.
Dos días después de que asumiera la presidencia, el 3 de diciembre pasado, López Obrador estuvo en el centro de la polémica tras asegurar que en las primeras horas de su mandato ya se habían reducido las ejecuciones a 50 diarias en promedio.
“Se redujo el número de homicidios de acuerdo al informe que tenemos, aunque aclaro, se está verificando la fuente. El promedio es de 50 homicidios en los dos días, 50 homicidios diarios, sábado y domingo. Ese es el informe general”, dijo el presidente en su primera conferencia matutina.
La declaración despertó críticas debido a la falta de informes o datos que respaldaran sus dichos.
Sin embargo la violencia azotó más a unas entidades que a otras y, en algunas de ellas, hasta se multiplicó.
Durante la gestión federal pasada Guerrero fue el estado en el que más asesinatos se registraron con 12 mil 202, seguido del Estado de México con 12 mil 152, Baja California con 7 mil 920, Chihuahua con 7 mil 915 y Jalisco con 7 mil 109, de acuerdo con las cifras del SNSP.
A esta lista se agregan entidades donde antes sus pobladores gozaban de un ambiente seguro, pero que hoy se han convertido en escenarios violentos.
Tal es el caso de Baja California Sur, que al hacer un comparativo con los homicidios registrados en el 2012 con los del 2017 encontramos que se multiplicaron 17 veces.
Mientras que en el 2012 en la entidad la autoridad tuvo conocimiento de 35 asesinatos, para el 2017 la cifra fue de 610.
El incremento de este delito llevó al destino sudcaliforniano de Los Cabos a ser considerado como el municipio más peligroso del mundo, de acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publicado en marzo de 2018.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de Los Cabos se colocó en 111.33 casos, superando a la ciudad de Caracas, Venezuela, que tuvo 111.19 casos por cada 100 mil personas y ocupó el segundo lugar.
En Baja California las ejecuciones también incrementaron de manera considerable entre el 2012 y el 2017.
Los datos oficiales revelan que en el estado fronterizo hubo 590 casos de homicidio doloso en el 2012; pero el número casi se cuadruplicó debido a que en el 2017 se enlistaron 2 mil 083 casos.
No obstante, la inseguridad en Baja California no cesa. Entre enero y octubre de 2018 ya se habían iniciado 2 mil 310 averiguaciones por asesinatos, superando en solo 10 meses la cifra del año pasado.
Tabasco, la entidad de la que es originario López Obrador, ocupa la tercera posición con más incremento de asesinatos entre el 2012 y el 2017. Las cifras del SNSP indican que al inicio del sexenio anterior había registro de 124, mientras que el 2017 cerró con 388 casos.
En 21 de los 32 estados del país los asesinatos incrementaron en la última administración priista, en Guerrero la cifra se mantuvo y sólo en 10 entidades se redujo este delito, siendo Coahuila, Durango y Nuevo León donde los homicidios tuvieron una mayor reducción.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredará también el compromiso de dar respuesta a los familiares de las 36 mil 265 personas que se encuentran desaparecidas.
Además deberá resolver casos emblemáticos de violencia en los que se ha involucrado a las Fuerzas Federales como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua, les siguen con 2 mil 800 desaparecidos en promedio respectivamente.
Los errores del Plan de AMLO
El Plan de Paz y Seguridad propuesto por el nuevo gobierno tiene como objetivo atender la crisis de inseguridad mediante la conformación de una Guardia Nacional y el establecimiento de coordinaciones regionales.
El entrenamiento de la Guardia Nacional está a cargo de las Fuerzas Armadas, por lo que la estrategia ha sido rechazada por organizaciones de la sociedad civil, opositores políticos e incluso por algunos integrantes del gobierno morenista.
Lo anterior quedó evidenciado ayer, cuando la diputada de Morena y excoordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, dijo estar en contra de la militarización del país durante la reunión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.
“No podemos tener un mando militarizado en un país que es democrático, esto sería una contradicción propiamente y tendríamos que tener un mando civil o uno mixto como en otros lugares del mundo”, aseguró.
La actual administración también ha sido blanco de críticas provenientes de la sociedad civil, quienes han señalado que con la Guardia Nacional se fomenta el centralismo de las labores de seguridad en el Poder Ejecutivo y se pasa por alto el fortalecimiento de las corporaciones policiacas.
La estrategia propuesta por Andrés Manuel López Obrador es contraria a lo que la sociedad civil esperaba de su promesa de regresar a los militares a sus cuarteles, ya que su Plan de Paz resultó ser todo lo contrario, afirma Edna Jaime, directora de México Evalúa.
“La estrategia de seguridad no sólo se está repitiendo, sino que la estamos llevando más lejos. Se centraliza más, se militariza más. Desde mi perspectiva es una estrategia equivocada, creo que el camino era el fortalecimiento de las instituciones civiles (…) pero el presidente López Obrador decidió renunciar a ello y en cambio llevar todavía más lejos esta estrategia reactiva, militar y centralizada”, apuntó Jaime.
Además menciona que las policías son corporaciones con mayor proximidad a la sociedad y que la actuación militar debe darse en casos extraordinarios y no ordinarios.
“En ningún momento el Plan menciona fortalecer a las policías estatales y municipales que no todas son malas, hay ejemplos muy valiosos en el país de buena labor que desafortunadamente han estado enfrentando un crimen organizado muy bien armado. Por eso muchas organizaciones civiles nos opusimos a esta idea de militarizar a la Guardia Nacional, ningún país democrático avanzado tiene esto”, indica Roel.
En cuanto a la declaración del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de realizar una evaluación a los primeros tres años de gobierno sobre la estrategia de seguridad, Santiago Roel opina que es un error y recomienda que se siga haciendo mes con mes, como actualmente presenta sus informes el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“No se puede evaluar a una semana o a dos la estrategia de seguridad. El error de evaluación lo generó el mismo López Obrador cuando dijo que el primer fin de semana ya habían bajado los homicidios. Los planes de esta magnitud son de largo plazo y se deberían ir evaluando cada mes para medir los resultados”, concluyó el director de Semáforo Delictivo.