Pese a la negativa de sectores sociales de la comunidad de Cuetzalan, Puebla, el grupo Wal-Mart de México sigue con su plan de instalar una tienda de autoservicio en esa localidad, en donde defensores de la economía local han alertado sobre el riesgo que corre el comercio tradicional indígena de la zona.
La trasnacional, aduciendo desarrollo para la zona, había cesado su intención de establecerse tras una movilización casi permanente de los defensores de ese Pueblo Mágico, pero ahora ha retornado a su intención original, tras varias negociaciones con funcionarios del área de economía de las autoridades estatales y municipales.
“Wal-Mart no viene a traer desarrollo a la región”, dice Erwin Slim, líder del principal grupo opositor a ese proyecto.
“El consorcio viene por el elevado monto de los programas de desarrollo social que el gobierno federal aporta a esta zona, una de las más pobres del país. Wal-Mart quiere los millones de pesos que mensualmente gastan las familias beneficiarias de Prospera en despensas básicas”.
En la zona de Cuetzalan, donde Wal-Mart aspira a instalar una más de sus tiendas de autoservicio, se entregan en forma mensual, en apoyo al combate a la pobreza, más de 45 millones de pesos, los que se derraman directamente en el pequeño y mediano comercio de la región, el que en su mayoría es generado por grupos indígenas.
Al igual que ya ocurre en otras partes del país, Wal-Mart -con su proyectada tienda de autoservicio-, aspira a firmar un convenio con el gobierno federal a fin de convertirse en el suministrador único de los insumos básicos para todas las familias inscritas en los programas oficiales de combate a la pobreza y el hambre.
“Al apropiarse de la derrama económica más importante de la zona”, considera Erwin Slim, “Wal-Mart también está poniendo en riesgo el comercio tradicional, pues aspira a controlar el principal movimiento de mercancías del campo, pero a precios castigados para los propios productores”.
De acuerdo a lo que oficialmente ha anunciado Wal-Mart, con el establecimiento de su tienda de autoservicios, a través del modelo de Bodega Aurrera, se pretenden generar 60 empleos, pero -calcula Erwin Slim- se van a perder por lo menos mil empleos de pequeños negocios y comercios tradicionales que vienen funcionando desde hace varias generaciones en la región.
El alcalde de Cuetzalan, Oscar Paula Cruz, ha negado públicamente que en su administración se haya otorgado algún permiso para la construcción y operación de la Bodega Aurrera del grupo Wal-Mart, sin embargo, los primeros trabajos para la obra ya se han iniciado, avalados por un permiso que nadie muestra, del que no hay registro en ninguna de las dependencias de los gobiernos estatal y municipal.
Aun no se ha dado fecha oficial para la conclusión de la obra que albergará la tienda de autoservicio del grupo Wal-Mart, pero ese consorcio ha iniciado una campaña en redes sociales para recabar firmas que avalen el proyecto. En la página oficial de Facebook, bajo el título “Yo si quiero mi bodega Cuetzalan”, se afirma que se siguen recabando firmas de apoyo a Walt-Mart.
“Eso es ficticio”, asegura Slim. “Porque no hay una colecta de firmas oficial. La gente en Cuetzalan está rechazando el proyecto. Nadie cree que esa tienda venga a impulsar el desarrollo económico de la zona. La muestra más clara es la mínima cantidad de empleos que aseguran infladamente que van a generar”.
Aun cuando son muchos los que se oponen al proyecto de una Bodega Aurrera en Cuetzalan, pocos son los que se atreven a hablar. A nadie se le olvida que por oponerse a ese proyecto fue muerto a balazos el defensor Antonio Esteban Cruz, el que no solo se oponía a la obra, sino que era dueño de una parte del predio en donde se establecerá la nueva tienda.
Antonio Esteban Cruz fue ejecutado por desconocidos el 4 de junio del 2014. Su cuerpo fue encontrado en los límites del predio de su propiedad que se había negado a vender, el que está valuado en 141 millones de pesos, y que era codiciado por Wal-Mart y otra empresa trasnacional que ha ganado el concurso para construir allí una planta hidroeléctrica.
Cuestión de honor
En Cuetzalan existen al menos 6 organizaciones sociales que se oponen al proyecto de instalación de la Bodega Aurrera del grupo Wal-Mart. Esas organizaciones ya habían logrado que se frenara lo que han dado en llamar uno más de los “Proyectos de Muerte”, que amenazan con desempleo y contaminación a ese Pueblo Mágico.
Sin embargo, por una razón de honor, el consorcio retomó las gestiones a nivel federal para poder establecerse en esa localidad, lanzando diversas campañas mediáticas para tratar de convencer a la población de los beneficios que estaría recibiendo con el funcionamiento de su tienda de autoservicio.
“No va a traer ningún beneficio”, asegura Slim. “Walt-Mart miente. Ellos vienen por del dinero de los programas de desarrollo social, pero al observar la oposición de la sociedad el asunto se ha convertido en una cuestión de honor. Para ellos establecerse en Cuetzalan es un reto empresarial y así lo han comenzado a dejar ver: se quieren establecer aquí, a costa de lo que sea”.
Con el apoyo federal
Cabe recordar que, en el año 2010, el presidente de ese grupo empresarial a nivel mundial estableció un convenio con el gobierno federal, encabezado entonces por el presidente Felipe Calderón, mediante el cual la federación ofreció “apoyo” para la expansión de la cadena de tiendas de autoservicio.
El convenio firmado abrió la posibilidad para que el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), colaborara con el consorcio mundial, a fin de proporcionar datos geoestadísticos que permitieran tomar mejores decisiones, logrando que en los últimos cinco años Wal-Mart abriera en todo el territorio nacional un total de 753 nuevas tiendas.
El número de tiendas de autoservicio de Wal-Mart creció considerablemente en el mismo periodo en el que un reporte del diario estadunidense New York Times afirmó que esa cadena comercial había gastado más de 24 millones de dólares en pago de sobornos a funcionarios del gobierno mexicano, para poder alcanzar las metas de expansión.
En los estados de Puebla, Michoacán y Oaxaca, pese a ser las entidades más pobres del país, pero con los niveles más elevados de corrupción, es donde se ha registrado el mayor número de tiendas de ese consorcio, aperturadas en los últimos cinco años, luego del acuerdo del gobierno federal con la presidencia de ese grupo económico.
A la fecha Wal-Mart tienen en operación un total de 2 mil 889 tiendas de autoservicio en todo el país, en donde se mantiene una fuente laboral permanente para 194 mil empleados, proyectando que para el año 2016 la cifra de negocios de ese consorcio llegue a por lo menos 3 mil tiendas, las que se abrirán en las zonas más pobres de México.
Violaciones al reglamento
En el caso de la intención de Wal-Mart para abrir una tienda de autoservicio en Cuetzalan, salta a la vista el mecanismo bajo el que opera ese grupo empresarial: no respeta los lineamientos urbanos de los municipios, siempre con el argumento del convenio con el gobierno federal, del que se obtienen todos los permisos de construcción y operación.
Denunció Erwin Slim que en Cuetzalan la instalación de la nueva Bodega Aurrera ha cometido al menos 100 violaciones al reglamento del Comité de Ordenamiento Territorial Integral (Cotic), en donde 10 de esas violaciones son graves: no se ha respetado el cuidado del entorno, al carecer de un relleno sanitario, una planta tratadora y de drenajes de impacto cero.
En el proyecto maestro de la construcción de la tienda, se estima que toda la descarga de aguas negras que se genere, se estará encauzando a la cuenca hidrológica del lugar, lo que terminara por contaminar los mantos freáticos que abastecen de agua potable a por lo menos 200 mil habitantes de la zona indígena de Puebla.
Por esa razón, en la pasada asamblea del Cotic, por unanimidad de sus integrantes, se acordó negar de nueva cuenta el permiso para la construcción de la Bodega Aurrera, pero el resultado de la asamblea fue desoído por los encargados del proyecto. Los empresarios de Wal-Mart aseguran tener el respaldo del gobierno federal y de funcionarios del gobierno estatal, con quienes se han reunido para llevar adelante la encomienda.
