El Instituto Belisario Domínguez (IBD), el órgano de investigación y análisis del Senado, señaló que la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote” que se analizará hoy en la Cámara alta tiene conceptos vagos y no cumple a cabalidad con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyó a regular.
Los expertos del Senado recordaron que la SCJN pidió a los legisladores trabajar una ley que proteja el derecho a la libertad de expresión, reduzca la discrecionalidad en el gasto de comunicación social y, con ello, “el posible control de los contenidos editoriales”.
La Ley aprobada por los diputados y que, por no ser aprobada en las comisiones del Senado se discutirá directamente en el pleno, indica el IBD, no cumple con ese cometido.
“El diseño actual favorece que siga existiendo un gasto dirigido a medios preponderantes y no incentiva la competencia.
“Si bien la minuta alude a algunos de los principios identificados por el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH sólo lo hace superficialmente y no elimina los espacios de discrecionalidad que dieron origen al amparo promovido por Artículo 19”, expone el IBD en su nota estratégica sobre la minuta de la Ley General de Comunicación Social.
El propio órgano de investigación de los senadores indica que esta Ley no tiene las medidas suficientes para para reducir la discrecionalidad en el gasto público que se destina a la comunicación social, porque no hay sanciones específicas para servidores públicos o medios de comunicación.
La Ley General de Comunicación Social aprobada en la Cámara de Diputados, surgida únicamente desde una iniciativa del PRI, da el control sobre los contratos de publicidad oficial a la Secretaría de Gobernación, que tendrá a su cargo también el padrón de los medios de comunicación.
Establece que las dependencias deberán trabajar en un plan de comunicación anual, que será enviado a Gobernación para su aprobación y solo entonces se decidirá a qué medios se contrata para las campañas gubernamentales.
En su análisis, el IBD llama la atención sobre la vaguedad de la redacción, que permite la difusión de programas y acciones de gobierno, pero no le cierra la puerta a aquellos que sean inútiles a la población.
Además, el hecho de que la Segob deba emitir lineamientos de comunicación, permitirá la discrecionalidad en el destino del gasto y no cierra la llave del flujo de recursos hacia las empresas de comunicación.
“Dado que el tema del gasto constituye uno de los aspectos centrales de la regulación en esta materia, la minuta establece que los entes públicos podrán adquirir Tiempos Comerciales cuando no estén disponibles los espacios y tiempos solicitados en los Tiempos del Estado (art. 18), esto abre la posibilidad de que, bajo esta justificación, se contraten tiempos comerciales que representen un gasto innecesario”, expone el análisis.
El IBD califica como “preocupante” que la minuta no considere el informe anual de labores de los servidores públicos como campaña de comunicación social, pues se trata de la promoción personal de los funcionarios.
La minuta de la llamada “Ley Chayote” que fue aprobada en la Cámara de Diputados será discutida hoy en el Pleno del Senado sin cambio alguno.
La justificación de quienes la apoyan es que ya no hay tiempo para modificarla, pues la orden de la SCJN es que debe aprobarse antes del 30 de abril.
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