En 2020 el desarrollo urbano de la Ciudad de México (CDMX) podría tomar un nuevo rumbo y sentar las bases para resolver algunos de sus problemas como los de movilidad, servicios y vivienda, entre otros con el Instituto de Planeación. Además de revertir los efectos de la gentrificación, fenómeno que encarece el suelo y expulsa a los habitantes de sus localidades.
Sin embargo, las autoridades de la capital tienen el reto de ciudadanizar los procesos para que exista un verdadero consenso con la población ante una cuestionada Ley de Planeación Democrática, señalan especialistas y activistas.
El 11 de diciembre de 2019, se aprobó dicho marco legal, el cual dará pie a la creación de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación que será el ente encargado de definir y supervisar el rumbo de los proyectos de la capital durante los próximos 20 años en materia de construcción, movilidad y conservación ecológica principalmente.
Con estas modificaciones la Ciudad de México se convertirá en la quinta entidad federativa con un Instituto de Planeación y será parte de los 14 estados que tienen un órgano específico para supervisar el desarrollo.
Con la consolidación del instituto se deberá iniciar el análisis para una nueva Ley de Ordenamiento Territorial, que también tiene que estar lista este año, junto con la renovación del Programa General de Desarrollo Urbano, una herramienta que no se ha actualizado desde el año 2003 pese a los cambios sociales y al crecimiento de la ciudad.
La necesidad de actualizar este instrumento es que con base en él se definen los usos de suelo para la construcción y también determina las áreas de conservación ecológica de la metrópoli.
Una vez publicado el programa general, las 16 alcaldías tendrán que hacer lo mismo a nivel local.
El urbanista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Soto, asegura que hay una necesidad urgente de redefinir el proyecto urbano.
“Ha habido una intención de actualizar el plan general de 2003, que es el vigente y hay varios borradores, pero uno de los principales problemas es que el tema del ordenamiento urbano no ha sido prioritario”, explica el especialista.
También aclara que el desarrollo inmobiliario sí figuró en la agenda de la administración pasada; sin embargo, no significa que el ordenamiento haya estado entre los temas más importantes a atender.
Acusa que en lugar de mejorar el ordenamiento territorial, las empresas inmobiliarias lucraron con la falta de regulación y planeación de la capital.
Los instrumentos de planeación limitan el territorio, el uso y disfrute de la propiedad, eso a los desarrolladores urbanos, a algunos empresarios y autoridades no les conviene, pues muchos hacen negocio del caos
En marzo de 2019, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) anunció la revocación de 20 permisos de construcción por Polígonos de Actuación derivado de la revisión de 174 proyectos con presuntas irregularidades durante 2017 y 2018.
Además, se suspendieron 17 obras, se interpusieron 24 juicios de lesividad y se multó a cuatro propietarios de inmuebles ya habitados.
Por ello, en este 2020 la creación de un nuevo programa junto con la conformación del Instituto de Planeación será uno de los temas más relevantes para la Ciudad.
No obstante, Soto hace énfasis en que las autoridades de la capital deben erradicar la corrupción e impunidad que afecta la calidad de vida de los habitantes de la CDMX, pues tanto la ley como el Instituto de Planeación y un nuevo programa de desarrollo urbano, son sólo una parte de la solución a un problema mayor.
“Una parte es la ley, otra es cómo la apliquen y los mecanismos de control que tengan para evitar la corrupción”, recalca el urbanista Enrique Soto.
La lucha de los habitantes del Pueblo de Xoco, Benito Juárez, contra el proyecto de Mítikah -torre de 67 metros de altura, con 62 pisos y una superficie de construcción de tres mil 269 metros cuadrados- es un ejemplo de las afectaciones que causó la corrupción inmobiliaria y que repercutió en problemas de distribución de agua y movilidad en la zona.
Soto afirma que otra muestra de la corrupción en el sector de la construcción es el dinero no recaudado por la Seduvi por concepto de contraprestación por la explotación del suelo por parte de las inmobiliarias.
La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) reveló en el Segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 2018, que la Seduvi no acreditó recibir 656 millones de pesos que le tenían que dar los desarrolladores inmobiliarios.
Por otra parte, refiere que la Ley Orgánica del Instituto de Planeación debe considerar una mayor participación ciudadana para que haya una verdadera democracia en la proyección y toma de decisiones de la capital para los próximos 20 años.
El Instituto de Planeación de la CDMX será el ente encargado de definir y supervisar los proyectos de la capital durante los próximos 20 años en materia de construcción, movilidad y conservación ecológica, entre otros
“El Instituto debe tener autonomía frente a las decisiones del Gobierno, tiene que ciudadanizarse, tener un cuerpo de ciudadanos muy transparente que le haga frente a la jefa de Gobierno, porque aunque cambien las autoridades, nosotros como sociedad vamos a seguir aquí”, explica.
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Gentrificación, el gran reto
La zona centro de la capital del país en los últimos años ha sido víctima de los efectos de la gentrificación provocada por las malas prácticas inmobiliarias.
Es la reestructuración de clase y de relaciones sociales en un espacio urbano determinado. Se caracteriza, principalmente, por el desplazamiento de una población de menores recursos por otra con mayores ingresos, explica la UNAM.
Evitar que continúe la expulsión de la población con menor poder adquisitivo, es uno de los principales retos de las autoridades para la creación de los nuevos instrumentos de planeación y ordenamiento territorial.
Dicho fenómeno lo han sufrido especialmente las colonias Roma, Condesa, Juárez y el Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc
Enrique Soto asegura que la gentrificación es un movimiento natural en la ciudades que ocurre en todo el mundo; sin embargo, los gobiernos y empresarios se han coludido para acelerarlo.
“El problema es que los gobernantes y los empresarios, cometiendo actos de corrupción, se han unido para obligar a las personas a dejar sus propiedades para que se conviertan en negocios de alto impacto”, señala.
La Plataforma Vecinal 06600 de la colonia Juárez, ha documentado los modus operandi usados en la zona.
Uno de los más populares es cuando las empresas inmobiliarias interponen juicios contra los habitantes de edificios reclamando su propiedad.
Al obtener un fallo a su favor, solicitan el uso de la fuerza pública sin notificar a los inquilinos de los inmuebles y sin darles la posibilidad de defenderse jurídicamente. También acuden con órdenes falsas.
De acuerdo con la solicitud de información 0109000065419 que se puede consultar en el Sistema Infomex Df, los desalojos donde ha participado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han ido en aumento.
En 2015 los efectivos de la SSC ayudaron en 3 mil 033 desalojos, en 2016 fueron 3 mil 200; al año siguiente 3 mil 141 y para el 2018 la cifra fue de 3 mil 729. Durante el primer semestre de 2019 se contabilizaron 409.
María Teresa Ruiz, miembro de la asociación Suma Urbana, explica que la gentrificación tiene su origen en el desarrollo inmobiliario sin control durante el Gobierno de la administración anterior.
La activista detalla que la construcción desmedida de centros comerciales y unidades habitacionales de lujo provocaron una elevación del precio del suelo que llamó la atención de negocios de alto impacto como restaurantes, tiendas de autoservicio y bares que desplazaron al comercio de bajo impacto como las tiendas de abarrotes.
De acuerdo con la plataforma web especializada en temas de compra y arrendamiento inmobiliario en Latinoamérica, Preoperati, el costo del suelo en la CDMX aumentó 29 por ciento de 2015 a 2018.
Por lo tanto, surge la pregunta de si el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, con el que se pretenden construir hasta 10 mil viviendas en los próximos cinco años, fomentará o no la expulsión de los ciudadanos de las colonias donde se llevará a cabo.
La planeación de la CDMX no debe priorizar los grandes edificios y complejos comerciales, sino las obras que ayuden a solventar necesidades como la falta de agua o una mejor movilidad sin desplazar a los habitantes de bajos recursos
El programa se implementará en los corredores del Centro Histórico; Eje Central; Pino Suárez-Tlalpan; Hidalgo-México Tacuba; Ferrocarriles Nacionales-Xochimanca; Reforma Norte; Chapultepec; Insurgentes Norte; Atlampa; Vallejo I; Tacubaya y Zona Rosa.
Lugares que de acuerdo con María Teresa Ruiz ya padecen los estragos de la corrupción en el ramo empresarial y muy difícilmente se podrá evitar que la problemática se acentúe.
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Ven panorama gris para el Instituto de Planeación
Mónica Tapia, directora de la asociación Ruta Cívica, dice que el Congreso de la capital aprobó con ocho meses de retraso la Ley de Planeación Democrática.
Tapia señala que para finales de este año, podrían estar listas tanto la Ley Orgánica del Instituto de Planeación como la de Ordenamiento Territorial.
El Instituto de Planeación y el Programa General de Desarrollo Urbano no se concretarán hasta que el Congreso local termine de elaborar la Ley Orgánica y la de Ordenamiento Territorial
Sin embargo, el Instituto de Planeación y el Programa General de Desarrollo Urbano, se concretarían hasta 2021 si el órgano legislativo local no se apresura y termina antes de diciembre de 2020 de elaborar las leyes mencionadas.
“En el Congreso de la ciudad están marcando tiempos bastantes lentos”, acusa la activista.
Como otro aspecto negativo, Tapia menciona que la centralización del instituto lo alejará de la ciudadanía.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el mandatario o mandataria en turno tendrá la capacidad de crear un comité de selección que defina a los 27 integrantes del Instituto, sin que el órgano legislativo local intervenga.
“Uno de los problemas que vemos es que el Instituto de Planeación no va a ser muy representativo, no se van a hacer convocatorias abiertas para la ciudadanía”, señala.
Por lo cual, recrimina que será un “dedazo” de la titular del Ejecutivo de la capital lo que definirá quién estará a cargo de la planeación.
Una planeación alejada de la opinión de la ciudadanía provocará que sigan los desacuerdos entre las autoridades y la población en proyectos de infraestructura
“Para la mayoría de estos órganos se crean convocatorias, pero en este caso la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) va a decidir, esto va a hacer que quien lo encabece sea gente incondicional”, apunta.
Menciona que una planeación alejada de la opinión de la ciudadanía provocará que sigan los desacuerdos entre las autoridades y la población en proyectos que son realmente benéficos como la ampliación de la Línea 3 del Metrobús.
El 12 de diciembre pasado, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno defendió la facultad que se le otorgó para definir el comité de selección del director y los integrantes del Instituto de Planeación.
“La ciudadanía eligió un proyecto, entonces tú no puedes tener una ciudadanía que elige un proyecto de ciudad y un Instituto de Planeación que está alejado de lo que eligió la ciudadanía… No puede haber un divorcio entre lo que eligió la población y lo que será el Instituto de Planeación”, dijo.
La asociación civil Ruta Cívica acusa que no se han respetado los tiempos en la creación del Instituto de Planeación de la CDMX y de la leyes que lo regirán, además no ve con buenos ojos que se deje de lado a la ciudadanía a la hora de nombrar a los integrantes del organismo
